El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos que permitirán la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales y que supondrá una ampliación «récord» de la planta judicial del 8,5 %.
Lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Justicia, Félix Bolaños, que ha calificado la medida de «hito histórico» y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como ésta.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha detallado que se trata de un real decreto con el que el Gobierno crea 500 plazas de jueces, que implica una ampliación de la planta judicial del 8,5 % y un segundo real decreto por el que se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla del Ministerio Fiscal en un 7,13 %.
De las 500 nuevas plazas de jueces, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4).
Otras 34 plazas son de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia.
Por territorios, las comunidades más beneficiadas son las que presentan mayores necesidades de refuerzos: Andalucía (95), Cataluña (91), Madrid (69) y Comunidad Valenciana (58). Porcentualmente, destacan Murcia y Canarias, con una ampliación del 11 %. Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.
El ministro ha detallado que los primeros jueces comenzarán a trabajar el 31 de diciembre de este año en los órganos judiciales; la segunda tanda lo hará el 1 junio de 2027 en los tribunales de instancia y el tercer bloque el 1 de noviembre de 2027, tal y como ha pedido el Consejo General del Poder Judicial.
Bolaños ha recordado que esta ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico.
El nuevo modelo permite crear una plaza judicial por alrededor de 100.000 euros, frente a los 500.000 que costaba crear un juzgado tradicional. Así, crear 500 plazas supone una inversión de alrededor de 55 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.
Las 200 nuevas plazas de fiscales se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos.
Es el caso de las Fiscalías de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.
Por territorios, los más beneficiados son Andalucía, con 38 nuevas plazas (7,4 %), Cataluña con 35 (8 %) y Madrid con 32 (9,3 %). Porcentualmente, la comunidad que más verá crecer su plantilla es Murcia, con 7 nuevos fiscales (9,7 %).
La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de Justicia.
Fuente: El Periódico
