Los volcanes de Canarias y sus efectos se vigilan desde el Archipiélago, pese a que la responsabilidad –y por ende la obligación y deber – recaiga únicamente en el Estado. El Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Transportes, es el órgano designado por el Gobierno de España para realizar estas labores desde 2004. Esto supone que, si el futuro Centro Nacional de Vulcanología (CNV) tiene designada la «gestión integral del fenómeno volcánico», tal y como solicita el Gobierno de Canarias al Ministerio de Ciencia, invadiría las competencias que el IGN lleva más de 20 años desarrollando desde el Archipiélago.
Canarias abrió ayer, tras la denuncia del Cabildo de La Palma por el «bloqueo» del Estado al CNV, un viejo melón que lleva años rondando la política científica española: el de si la vigilancia volcánica debería ser gestionada desde Canarias o desde el Estado. No en vano, el Archipiélago es la única región de España con posibilidad de sufrir una erupción volcánica, por lo que muchos consideran que deben ser las Islas quienes lo gestionen.
El IGN, pese a depender del Estado, realiza todas las operaciones referentes al seguimiento del fenómeno volcánico en el centro ubicado en Santa Cruz de Tenerife, en concreto, en la calle de La Marina. Allí se erige, al menos desde 1958, el Centro Geofísico de Canarias, una ramificación del IGN en las Islas que ya en aquel entonces ejercía labores asociadas al fenómeno volcánico, como la detección sísmica y que, a día de hoy, dirige la gestión de estas emergencias a nivel nacional.
Más de cien años de presencia en Canarias
La presencia del Instituto en las Islas se remonta a 1911. Ese año, con la erupción del Chinyero en Tenerife, el Ministerio de Fomento envió a un comisario a las Islas para elaborar un informe sobre lo que había pasado. Dos años después, en 1913, el Gobierno español realiza una campaña para crear un observatorio meteorológico que incluye estaciones sismológicas, debido al riesgo que existía de que el gran volcán tinerfeño despertara eventualmente. En 1924, el IGN realiza un informe para instalar nuevos sismómetros en Canarias, pero el inminente estallido de la Guerra Civil obligó a retrasarlo.
Tuvieron que pasar 30 años y una erupción, la del volcán San Juan en La Palma, para que se retomara el proyecto. Y así, en 1958, se instala el primer sismómetro oficial en Canarias. La actividad del centro, desde entonces, no dejó de aumentar. Según los registros históricos, la interpretación volcanológica en el organismo comenzó a gestarse en 1974 y en 1981 ya hay constancia de la puesta en marcha un proyecto para estudiar la sismología volcánica del Teide.
El Teide obliga a ceder competencias
Pese a la preparación, cuando el Teide se desperezó en abril de 2004, la realidad se hizo patente: nadie tenía responsabilidad implícita en el seguimiento ni vigilancia de este fenómeno. De hecho, durante los meses que se prolongó la incertidumbre sobre el futuro de Tenerife, los científicos de distintos grupos de investigación se vieron obligados a tomar datos de seguimiento prácticamente día a día.
Y es que en España existía un vacío competencial para gestionar emergencias unas emergencias volcánicas que, sin embargo, solo ocurren en uno de sus territorios. Mientras, los expertos y administraciones trataban de ponerse de acuerdo sobre si llevar a cabo medidas de emergencia o considerar que los movimientos entraban dentro de la normalidad; en junio de ese mismo año, en el Real Decreto 1476/2004 otorgó la responsabilidad de la «observación, vigilancia y comunicación de la actividad volcánica en el territorio nacional y determinación de los riesgos asociados» a la Dirección General del IGN, por su experiencia previa en vulcanismo y aprovechando su conocimiento de sismología.
Una extensa red de vigilancia
Desde entonces, el IGN se vio obligado a ampliar su cartera de servicios para poder detectar los otros dos índices de una posible erupción: la deformación del terreno y la emisión de gases. Por esta razón, de manera paulatina, en los últimos 22 años, el IGN ha ido refinando su red de detección y vigilancia de los fenómenos llegando a instalar en toda Canarias una red de más de 100 estaciones para la vigilancia sísmica y para detectar la deformación y los gases.
A día de hoy, el IGN ha repartido en Tenerife al menos 26 estaciones sísmicas, 19 antenas de GNSS (un sistema de posicionamiento desde satélite en el que se incluye el GPS), 4 cámaras visuales y térmicas, 4 estaciones de medida continua geoquímica y 7 inclinómetros, de los que tres encuentran bajo tierra para conseguir medidas más exactas ya que en superficie se ven afectados por las variaciones de temperatura. A esto se une 20 puntos de muestreo geoquímicos en las galerías subterráneas de agua a las que se acude cada dos meses.
Las otras dos islas más vigiladas son La Palma y El Hierro. No en vano, han sido las dos últimas en sufrir una erupción. En La Palma, el IGN ha desplegado 12 estaciones sísmicas y de sondeos, 6 puntos de muestreo y una estación geoquímica; 8 antenas GNSS, 3 inclinómetros y 2 cámaras visuales. En El Hierro hay 11 estaciones sísmicas, 4 puntos de muestreo y 3 estaciones geoquímica; 6 antenas GNSS y 2 inclinómetros.
Rechazo desde Canarias
Pese a que el servicio estatal siempre ha estado orientado a realizarse desde y para Canarias –ya que es la única región volcánicamente activa–, la decisión que tomó el Estado no sentó bien al Archipiélago. La medida suscitó rechazo, especialmente en Tenerife, que en esa misma época también trataba de consolidar el germen científico que, posteriormente, se convertiría en el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).
En concreto se trataba del grupo vulcanológico del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) que contaba con una dilatada experiencia y trabajos para reducir el riesgo volcánico de Canarias desde 1997. Finalmente, Involcan se constituyó el 29 de junio de 2010, como entidad asociada al ITER impulsado por el Cabildo de Tenerife.
Una segunda oportunidad
La cesión de competencias truncó los planes para crear un Centro Vulcanologico en Canarias tal y como habían solicitado de forma unánime el 2 de noviembre de 2005 en el Senado, el 11 de enero de 2006 en el Parlamento de Canarias y el 2 de diciembre de 2009 en el Congreso de los Diputados. Declaraciones, todas ellas, en las que se apuesta por crear una entidad cuya finalidad sea la de mejorar la gestión del riesgo volcánico en España.
Para algunos, este Centro Nacional de Vulcanología (CNV) venía a cumplir esta vieja reivindicación del Archipiélago, aunque la ministra de Ciencia, Diana Morant, siempre ha enfocado su creación desde una perspectiva diferente: aunar a todos los organismos y grupos de investigación que trabajan en vulcanología en Canarias. El propósito del Estado era aprovechar el conocimiento adquirido en el Archipiélago durante décadas para crear un centro de referencia en vulcanismo que tuviera proyección internacional.
La discusión –y lo que se debe resolver en los próximos meses– es si ese centro debe integrar al IGN en global. Es decir, no solo con su investigación, sino también con sus competencias.
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 es el encargado de realizar las labores de seguimiento volcánico desde 2004, unas competencias que hoy se debate si debe asumir el Centro Nacional de Vulcanología){kind=link}