El presidente Pedro Sánchez admitió el pasado sábado ante el Comité Federal del PSOE un único caso de corrupción que, señaló, «afecta a la Secretaría de Organización» del partido, protagonizado por «personas concretas que se aprovecharon de sus posiciones«.
Tras la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, el PSOE ya tiene 16 causas judiciales abiertas con 123 investigados. Incluyendo a 42 socialistas que ocupan o han ocupado cargos en las instituciones.
Porque no son «casos aislados». La carcoma de la corrupción se ha extendido a las principales instituciones. Desde la Dirección de la Guardia Civil a la Fiscalía General del Estado. Del Ministerio de Transportes al de Transición Ecológica. De la Sepi a entes públicos como Adif, Puertos del Estado, Enusa, Mercasa o Red.es. De la Moncloa a la Diputación de Badajoz.
Guardia Civil
1. Mercedes González. Directora de la Guardia Civil.
2. Manuel Llamas. DAO de la Guardia Civil
Ambos están citados a declarar el próximo día 16 ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, investigados por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia.
El juez quiere que aclaren el motivo por el que abrieron expedientes disciplinarios (investigaciones reservadas) a varios agentes de la UCO que investigaban los casos de corrupción del PSOE y de familiares del presidente Pedro Sánchez.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Mercedes González mintió al asegurar a los mandos de la UCO que no conocía a la fontanera Leire Díez, pese a que en ese momento ya se había reunido al menos dos veces con ellas.
También el ministro Fernando Grande-Marlaska mintió al negar esas reuniones, que finalmente Mercedes González se vio obligada a reconocer al saber que la UCO las había monitorizado y geolocalizado.
Fiscalía General del Estado
3. Álvaro García Ortiz. Exfiscal general del Estado. Ha sido condenado a dos años de inhabilitación como autor de un delito de revelación de secretos, por filtrar datos confidenciales sobre la pareja de Ayuso.
El juez Pedraz ha citado ahora como testigos a dos miembros de la Secretaría Técnica de García Ortiz, el teniente fiscal Diego Villafañe y la fiscal Beatriz López Pesquera, para que aclaren por qué se reunieron en la sede de la institución con la fontanera Leire Díez y el abogado de las cloacas del PSOE Jacobo Teijelo.
No quedó constancia de estas visitas en el registro de la Fiscalía General del Estado, pero la UCO las geolocalizó.
Moncloa
4. Cristina Álvarez. Aunque su cargo oficial es «directora de Programas» en el Gabinete de Presidencia, en realidad actúa como asistente de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
El juez Juan Carlos Peinado la acusa de prevaricación porque, cobrando un sueldo público, trabajaba en realidad para los asuntos y negocios privados de la mujer del presidente.
La investigación judicial sacó a la luz varios correos electrónicos en los que Cristina Álvarez, utilizando el membrete de Presidencia del Gobierno, pedía a distintas empresas que financiaran la Cátedra de Begoña Gómez en la Complutense.
Red.es
5. Luis Prieto Cuerdo. Director de Economía Digital de Red.es
Los correos electrónicos intervenidos por la UCO sitúan a Luis Prieto tras el amaño de concursos públicos, que suman más de 10 millones de euros, para favorecer a las sociedades de Juan Carlos Barrabés, el empresario que ayudó a Begoña Gómez a montar su cátedra en la Universidad Complutense.
El juez Peinado investiga estos hechos en una pieza separada del caso Begoña, después de que la Fiscalía Europea le comunicara que ha hallado indicios de un delito de prevaricación y otro de fraude a los intereses de la UE.
Luis Prieto estaba a las órdenes del director general de Red.es, David Cierco, que fue alto cargo del Ministerio de Industria en el Gobierno de Zapatero y candidato del PSOE a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
El expresidente Zapatero
6. José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su declaración como imputado ante el juez Calama, Zapatero se negó a contestar las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y pidió más tiempo para aclarar la procedencia de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, que la UDEF halló en su caja fuerte de la calle Ferraz.
La estrategia de su abogado, el experto en Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, pasa por lograr la nulidad de la principal prueba que originó la investigación: el volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes (principal accionista de Plus Ultra), realizado en 2021 por la agencia estadounidense HSI (Homeland Security Investigations), que envió su contenido a la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo.
Durante los últimos años, Zapatero ha actuado como el asesor más influyente del presidente Pedro Sánchez y ha participado personalmente en las negociaciones con Carles Puigdemont en Suiza, para intentar mantener el apoyo de Junts al Gobierno.
La Sepi
El juez Santiago Pedraz ya ha imputado a siete directivos y exdirectivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en la trama de la fontanera Leire Díez, quien (junto a Vicente Fernández y el constructor Antxón Alonso) amañó presuntamente contratos públicos e influyó en rescates como el concedido a Tubos Reunidos por importe de 112 millones de euros.
7. Belén Gualda. Actual presidenta de la Sepi.
8. Vicente Fernández. Expresidente de la Sepi.
9. Bartolomé Lora. Vicepresidente de la Sepi. En su caso, está citado a declarar como investigado ante el juez José María Escribano, por el rescate de 475 millones de euros a Air Europa.
10. Julián Mateos Aparicio Prieto. Director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la Sepi.
11. Miguel Ángel Figueroa Teva. Exdirector de Participadas de Sepi. También ha sido interventor general de la Junta de Andalucía.
12. Ángel Santiago Mesa. Director corporativo de la Sepi.
13. Rosario Martín Manzanedo. Directiva de la Sepi / Directora de Participadas (responsable del expediente de Tubos Reunidos).
14. Félix Azcona Lacarra. Directivo de Sepi.
También en relación con la trama Sepi, el juez Pedraz mantiene imputados a los siguientes altos cargos:
15. José Ramon Sempere. Expresidente de la empresa pública Mercasa.
16. María Teresa Castillo Pasalodos. Directora de desarrollo corporativo y estrategia de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), empresa pública de consultoría e ingeniería que depende del Ministerio de Defensa.
17. Juan Antonio Carrillo Donaire. Abogado del bufete sevillano SdP Estudio Legal SLP, hasta el pasado mes de diciembre fue consejero electivo del Consejo Consultivo Andaluz.
18. Roberto Pérez Águeda. Abogado ligado a la empresa Forestalia. Fue consejero general de Caja Segovia, por designación del PSOE.
19. María de la Concepción Ortiz Fuerte. Presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que depende del Ministerio de Hacienda.
20. Fernando Albert Aragón. Presidía la mesa de contratación de SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES).
Enusa
21. La fontanera Leire Díez fue directora de comunicación de Enusa, la empresa pública que suministra uranio a las centrales nucleares, y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos. Ambas empresas dependen de la Sepi
Desde ambos cargos, Leire Díez tejió junto a Vicente Fernández la red de influencias que le llevaría a participar en el amaño de contratos públicos y de los rescates concedidor por la Sepi.
22. José Vicente Berlanga. Fue presidente de Enusa entre 2018 y 2021.
23. Rosario Arévalo Sánchez. Fue directora corporativa de Enusa.
Ministerio de Transportes
24. José Luis Ábalos. Ex ministro de Transportes. Ya ha sido condenado por el Supremo a 24 años de cárcel por el caso mascarillas. Y probablemente tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo por el amaño de obras públicas junto a varios exaltos cargos de su Ministerio y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
25. Koldo García. Asesor de Ábalos en el Ministerio. Ya ha sido condenado a 19 años y medio de cárcel por el caso mascarillas.
26. Isabel Pardo de Vera. Expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes. Imputada por malversacion, prevaricación y tráfico de influencias.
27. Javier Herrero. Exdirector de Carreteras.
28. Jesús Manuel Gómez. Exsubsecretario de Transportes.
29. Álvaro Sánchez Manzanares. Exsecretario general de Puertos del Estado.
30. Michaux Miranda. Exjefe de personal de Adif.
Ministerio de Transición Ecológica
31. Eugenio Domínguez. Fue subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica. Está imputado en el caso Forestalia.
Diputación de Badajoz
32. David Sánchez. Hermano del presidente del Gobierno. Dirigía la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Está a la espera de sentencia, tras ser juzgado en la Diputación Provincial de Badajoz por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
33. Miguel Ángel Gallardo. Expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura.
34. Luis Carrero. Exasesor de Moncloa, que luego obtuvo una plaza en la Diputación junto a David Sánchez.
Junto a ellos, se sentaron en el banquillo otros ocho cargos de la Diputación de Badajoz, que participaron en el proceso de asignación del cargo al hermano del presidente Pedro Sánchez.
Se trata de la exdirectora del área de Cultura Elisa Moriano (35); la delegada de Cultura, Cristina Núñez (36); el jefe de servicio de Actividades Culturales, Manuel Candalija (37); el diputado provincial del PSOE Ricardo Cabezas (38); la directora del área de Cultura, Emilia Parejo (39); el exdiputado delegado de Cultura Francisco Martos (40), la responsable de Recursos Humanos Juana Cinta Calderón (41) y el exjefe del servicio de gestión de Recursos Humanos Félix González Márquez (42).
