La ‘ley de nietos’ se ha convertido en el centro de las conversaciones políticas de la semana después de que Alberto Núñez Feijóo denunciara la «ingeniería electoral» del Gobierno ante las 2,5 millones de solicitudes de nacionalización que se han recibido en los últimos años. El proceso, que es fruto de una ley aprobada en el Congreso de los Diputados, abre la puerta a que hijos y nietos exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo puedan obtener la nacionalidad española de pleno derecho. Pero, ¿en qué consiste la norma? ¿A quién beneficia y cómo?
La ‘ley de nietos’ no existe como tal. Se trata de una disposición que se incluyó en la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Congreso y el Senado en octubre de 2022. En esta norma se incluyó un proceso para la «adquisición de la nacionalidad española». Varios partidos, como PP, Ciudadanos o Junts presentaron enmiendas para ampliar su alcance o hacer pequeñas modificaciones.
El texto es claro a la hora de establecer los supuestos y establece tres vías diferenciadas. La principal es a «nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española». Lo limita, por tanto, a segundo grado de parentesco, sin ser posible acudir a un bisabuelo o tatarabuelo.
La segunda afecta a los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que «perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros» antes de la entrada en vigor de la Constitución. La última hace referencia a los hijos mayores de edad de aquellos españoles que obtuvieron su nacionalidad en la ‘ley de nietos’ que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.
El proceso se abrió tras la aprobación de la norma y tenía un plazo inicial de 2 años. Sin embargo, como indicaba la ley, se podría ampliar durante un año más, algo que hizo el Gobierno. Así, las solicitudes se pudieron registrar desde octubre de 2022 y hasta octubre de 2025, momento en el cual se cerró el plazo de presentación de las mismas.
A los cinco días de la aprobación de la norma, el Ministerio de Memoria Democrática aprobó una instrucción en la que se desarrolla el procedimiento para optar a la nacionalidad. Al hacer la solicitud, la persona interesada debía entregar un documento que acredite su identidad y su certificado literal de nacimiento. Además, tenía que adjuntar el certificado de nacimiento del antepasado español y los documentos acreditativos de su condición de exiliado, salvo que la salida de España se produjera entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, años en los que se presupone la condición de exiliado.
Con este proceso, una persona se convierte en español de pleno derecho, una posibilidad que se contempla en el artículo 20 del Código Civil que recoge el derecho a optar por la nacionalidad española. Así, desde el momento de la adquisición de la misma se le confiere «la cualidad de español de origen, si bien adquirida de forma sobrevenida, es decir, con efectos desde su adquisición, sin carácter retroactivo». Es decir, tiene todos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano español.
Sí, como cualquier otro español, los nacionalizados tienen derecho a votar en las elecciones generales. Al vivir fuera de España se les incluye en el Censo de Españoles Residentes Ausentes, el conocido como voto CERA. La polémica ha surgido cuando el PP ha denunciado que estas personas pueden elegir a qué provincia va su voto, lo que consideran que puede alterar el sistema electoral.
Sin embargo, esto no es así, ya que existe una orden ministerial que establece que se les adscribe al territorio con el que tengan «arraigo» y, dado que la mayoría nació en el extranjero, esto se decide teniendo en cuenta el lugar de nacimiento del antepasado español.
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