El crecimiento del censo electoral en el extranjero tras la Ley de Memoria Democrática ha reabierto el debate sobre el voto exterior en España.
Si se compara nuestro país con otros europeos, España figura entre los sistemas más abiertos para sus ciudadanos residentes fuera del país. En este contexto, la legislación de otros países europeos es mucho más restrictiva.
Algunos retiran directamente el derecho al voto a quienes dejan de residir en el país y otros lo mantienen, pero solo si el ciudadano demuestra que sigue conservando un vínculo real con su Estado de origen.
España pertenece al grupo de países más permisivos.
Cualquier español inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) puede votar en elecciones generales, autonómicas y europeas, sin importar cuántos años lleve viviendo en el extranjero.
Desde la eliminación del voto rogado en 2022, además, recibe automáticamente la documentación electoral.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de mayo de 2026 hay ya 2.708.083 personas inscritas en el censo exterior. Esa cifra no deja de aumentar, sobre todo en los últimos meses.
Desde las últimas elecciones generales, en julio de 2023, el CERA ha pasado de 2.333.056 a 2.708.083 inscritos. Son 375.027 nuevos votantes en menos de tres años, lo que equivale a un incremento del 16,1%.
Ese aluvión se explica en gran parte por la Ley de Memoria Democrática de 2022. En ella se incluye la conocida como ley de nietos.
El modelo español contrasta con otros Estados que privan del voto a quienes fijan su residencia permanente fuera.
El caso más restrictivo es el de Irlanda. Los ciudadanos que viven fuera del país no pueden votar en las elecciones generales, salvo excepciones muy concretas, como diplomáticos, militares o determinados funcionarios destinados en el extranjero.
Dinamarca sigue una filosofía parecida. La ley exige mantener el domicilio permanente en el país para conservar el derecho de sufragio. Quienes trasladan de forma estable su residencia al extranjero pierden, en la práctica, la posibilidad de participar en las elecciones nacionales.
En Malta también existen importantes limitaciones. Para poder votar es necesario haber residido al menos seis meses en el país durante los dieciocho meses anteriores a la inscripción en el censo. Los emigrantes permanentes quedan, por tanto, excluidos de las elecciones generales.
Chipre aplica un sistema similar. Exige haber residido en el país durante los seis meses previos a las elecciones, lo que deja fuera del censo a buena parte de los ciudadanos establecidos desde hace años en el extranjero.
Alemania opta por una fórmula diferente. No elimina automáticamente el derecho al voto, pero exige mantener un vínculo con el país.
Para participar en las elecciones federales hay que haber residido en Alemania durante al menos tres meses dentro de los últimos 25 años o demostrar una relación directa con la vida política alemana.
Si el ciudadano no cumple ninguno de esos requisitos, pierde el derecho a votar en las elecciones al Bundestag. El objetivo del sistema alemán es garantizar que quienes participan en los comicios mantienen una conexión efectiva con el país.
Francia e Italia representan otro modelo. Ambos permiten votar desde el extranjero sin límite de tiempo, pero reservan escaños específicos para la diáspora.
De ese modo, los residentes en el exterior eligen a sus propios representantes sin alterar directamente el reparto de diputados de las circunscripciones nacionales.
El Reino Unido ha recorrido el camino contrario. Hasta 2024, los británicos que llevaban más de quince años viviendo en el extranjero perdían el derecho a voto.
Una reforma eliminó ese límite y ahora cualquier ciudadano que haya residido o estado inscrito para votar en el país puede hacerlo desde el exterior, aunque debe renovar su inscripción cada tres años.
