El Gobierno lanzó en marzo una suerte de ‘amnistía’ de tres meses para que los grandes consumidores con conexión a la red eléctrica renunciasen voluntariamente a sus derechos sin penalización. El objetivo era liberar capacidad de una infraestructura que se encuentra saturada por el acaparamiento especulativo de muchas licencias. Pero una vez vencido el periodo de gracia, el pasado 22 de junio, apenas el 5% de la demanda con acceso a la red ha desistido.
En su calidad de operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica ha informado este miércoles de que un total de 16 instalaciones han renunciado a los permisos de acceso otorgados en la red de transporte, lo que ha supuesto un desistimiento total de 1.040 megavatios (MW), bien por renuncias completas de sus permisos o de solo una parte. Hasta principios de año, la red de alta tensión contaba con 19 GW de capacidad de acceso para demanda otorgados, de los cuales 11,8 GW no estaban en servicio.
Hasta 2023 las solicitudes de acceso y conexión a la red de transporte se multiplicaron por diez ante el enorme interés de grandes consumidores, como los centros de datos o la industria, por electrificarse, la gratuidad de los permisos y la facilidad para conseguirlos, pues el primero en solicitar capacidad, se la quedaba. Eso impulsó la especulación y provocó lo que el Gobierno ha denominado «congestión administrativa», que implica que aunque la red tiene capacidad suficiente para incorporar más demanda, esta está reservada por usuarios que no la utilizan.
A juicio del Ejecutivo, ese acaparamiento supone una «importante ineficiencia económica» porque «los proyectos titulares de los permisos no son necesariamente ni los más viables o maduros ni los más beneficiosos para el país, e impiden el desarrollo de otros consumos más ciertos, maduros y con mayores impacto industrial, energético o socioeconómico».
En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica decidió poner en marcha toda una serie de medidas a fin de reducir esa especulación. Las últimas de ellas, en el Real Decreto-ley 7/2026, en marzo de este año, para dar respuesta a la crisis en Oriente Medio, suponían una suerte de ‘amnistía’ durante tres meses para la renuncia voluntaria de aquellos proyectos sin futuro, además de incluir nuevas exigencias para los proyectos que solicitasen conexión al tener que demostrar avances de forma constante (prácticamente una vez al año).
Además, el departamento que dirige Sara Aagesen decidió obligar a los nuevos solicitantes a pagar por tener reservada la red en una suerte de abono anticipado de lo que realmente tendrán que satisfacer cuando se pongan en marcha. Es decir, aunque los proyectos no utilicen las redes pagarán por tenerla reservada y porque no la puedan utilizar otros proyectos, pero no es dinero a fondo perdido sino una especie de hucha para cuando el proyecto empiece a funcionar y tenga que pagar por consumir energía. Si el proyecto es especulativo esos pagos no los recuperará; pero si la iniciativa es real, sí.
Estas no son las primeras medidas del Gobierno para tratar de evitar la especulación. Desde 2023 el Gobierno ha venido adoptando otras, como la exigencia de garantías económicas, la de caducidad del permiso a los 5 años en caso de no usarse, la prohibición de cambios en la actividad asociada al punto de consumo o la regulación de concursos cuando varios proyectos compiten por un mismo acceso. Aunque estas medidas han supuesto avances, han resultado insuficientes para corregir el elevado volumen de permisos ya otorgados y cuyos efectos, en el caso de las caducidades, no se materializarán plenamente hasta 2028.
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