Como escribió Benjamin Franklin, «mejor bien hecho que bien dicho». Y, en la lucha contra la corrupción, al Gobierno de Sánchez le han sobrado palabras y le han faltado hechos.
A mediados de 2024, cuando arreciaba la presión a raíz del caso Ábalos, Sánchez presentó las líneas generales del Plan de Regeneración Democrática.
Era el 17 de julio. Dos meses después, el Consejo de Ministros aprobó la iniciativa, que incluía una treintena de medidas. Pues bien, hoy, la mitad de esas propuestas sigue atascada en el Congreso y la otra mitad ni siquiera ha llegado a la Cámara Baja.
Lo mismo sucede con el proyecto de ley de Integridad Pública, anunciado hace un año por Sánchez para amortiguar, en este caso, el impacto del encarcelamiento de Santos Cerdán. El Gobierno prevé ahora aprobarlo en julio, empujado por la presión de los socios ante la falta de explicaciones y la ausencia de acciones concretas tras intensificarse los casos de presunta corrupción que se han instalado en el corazón del Gobierno y del PSOE.
Entre las medidas estrella figura la creación de una agencia independiente centrada en la prevención de la corrupción, que, de salir adelante, llegará tarde para poner coto a las prácticas que ahora se investigan.
Esta radiografía de la inacción gubernamental ante las prácticas ilícitas refleja con crudeza el abismo que hay entre las declaraciones públicas sobre la necesidad de limpieza en la actividad pública y las decisiones concretas que se adoptan para prevenir las irregularidades y depurar responsabilidades.
Sánchez prometió levantar un muro contra la corrupción, pero lo construido se asemeja más a una coartada política. Cuando las medidas no solo llegan después del escándalo, sino que además su aprobación se dilata en el tiempo, la impresión es que lo prioritario no es regenerar, sino fabricar un relato en defensa propia.
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