Belén Gualda (Granada, 1974), que no ha dado una sola entrevista como presidenta de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), ha llegado a los titulares de la peor forma posible: su imputación en el llamado caso Leire, una pieza judicial que ha colocado bajo sospecha a 25 personas, entre ellas la máxima responsable del holding empresarial del Estado que depende directamente del Ministerio de Hacienda y al que llegó en 2021 a petición de la entonces ministra María Jesús Montero.
A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, declarará el juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional el caso de la llamada fontanera del PSOE, le ha citado en calidad de investigada. El juez también imputó este lunes a Miguel Ángel Figueroa, hasta mayo interventor general de la Junta de Andalucía en la última legislatura del PP y mano derecha de Vicente Fernández, durante su tiempo como director de la SEPI hasta su imputación por la reapertura de la mina de Aznalcóllar.
Por ahora, hay cierre de filas con Gualda desde el Gobierno: «En las diligencias no aparece ningún elemento que comprometa a la presidenta de SEPI. Por lo tanto, mantenemos toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos», defienden fuentes del Ejecutivo.
Pero en su círculo la noticia ha caído a plomo y quienes han hablado con ella trasladan que «está destrozada». No la reconocen en el retrato de una dirigente corrompida, ni una militante arribista que ha hecho carrera entre congresos y agrupaciones. «No tiene ni carnet del partido», explica una fuente de su entorno. La describen como una ingeniera de caminos trabajadora, tenaz, concienzuda. Una mujer capaz de sacar adelante mucho trabajo, ordenada y poco dada a los atajos. Laboral fija de la antigua GIASA, hoy integrada en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, fue ascendiendo por distintos puestos de responsabilidad hasta convertirse en uno de esos perfiles que los políticos valoran porque conocen la casa y no necesitan aprender el funcionamiento de la elefantiásica maquinaria de la administración.
Fue directora general de Transportes, después directora general de Infraestructuras y Explotación del Agua, secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, y más tarde directora gerente de la Agencia de Obra Pública.
Quienes han seguido su carrera sitúan ahí, en una de las reuniones en las que los consejeros se hacen acompañar de sus perfiles más sólidos para defender ante la Consejería de Hacienda las necesidades presupuestarias de cara al diseño de las cuentas, cuando María Jesús Montero la colocó en su radar. Gualda encajaba en su molde: una técnica solvente, de confianza administrativa, sin perfil orgánico. La secretaria general del PSOE-A ha tendido a rodearse de ese tipo de cuadros, tanto en Andalucía como después en Madrid. Perfiles capaces de sostener áreas complejas, manejar expedientes y traducir decisiones políticas en gestión.
La entonces consejera de Hacienda María Jesús Montero la colocó en su radar cuando la conoció como alto cargo de Medio Ambiente. Gualda encajaba en su molde: una técnica solvente, de confianza administrativa, sin perfil orgánico
Cuando el PSOE perdió el Gobierno andaluz tras las elecciones de diciembre de 2018, Gualda quedó en una especie de tierra de nadie. Pidió el reingreso en su plaza. Y tiempo después Montero la rescató para la gestión nacional: primero Navantia, que presidió apenas unos meses, entre octubre de 2020 y marzo de 2021. Es entonces cuando llega a la SEPI, casi dos años después de la salida de Fernández por su imputación en el caso de la mina de Aznalcóllar, cuando se reabrió el caso Emérita, del que quedó absuelto en diciembre de 2025, sin cargos, tras la sentencia de la Audiencia de Sevilla.
Es decir, hubo presidencia vacante durante demasiado tiempo y es en ese interregno donde parece haber puesto el foco la investigación judicial. De hecho, a su llegada, cuentan fuentes a este medio, se comprobó que los estilos de Fernández y Gualda eran radicalmente distintos: más rígida en los procesos y menos inclinada a aprobar operaciones «creativas». Internamente, se decía que «lo que Vicente encontraba la forma de sacar adelante, Gualda lo paraba si no lo veía clarísimo». Figueroa duró poco bajo la presidencia de Gualda.
El juez Pedraz le imputa irregularidades en relación con actuaciones relacionadas con la empresa pública Mercasa; la compañía pública Enusa; el rescate financiero concedido por la SEPI a Tubos Reunidos; una adjudicación vinculada a la sociedad pública Parque Empresarial Principado de Asturias, participada por Sepides y diversas operaciones relacionadas con el Grupo Forestalia. La clave ahora no es solo qué Gualda explique ante el juez qué hizo como presidenta de la SEPI, sino qué ocurrió bajo su mando.
Fuente: El Correo de Andalucía
