El fiscal Anticorrupción César de Rivas ha expuesto este martes sus conclusiones finales tras la práctica de todas las pruebas en el caso Kitchen y, a su juicio «ha quedado acreditada la finalidad bastarda y delictiva» del operativo parapolicial organizado en 2013 para espiar y robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas.
«No tenía nada que ver con investigar el caso Gürtel, sino obtener documentación para boicotear el caso Gürtel», ha manifestado, y por ello ya en la sesión del lunes el Ministerio Público elevó a definitiva su petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex ‘número dos’, Francisco Martínez.
De Rivas ha destacado la importancia de las anotaciones vertidas por el también procesado excomisario José Manuel Villarejo en sus agendas para acreditar los objetivos de este operativo ilegal, ya que en ellas se acredita «no solo el origen, sino el objetivo» buscado, que no era otro que el de hacerse con grabaciones que Bárcenas sugería que guardaba de dirigentes del PP.
A ello se sumó que en esas mismas fechas se hicieron públicos los denominados ‘papeles de Bárcenas’ con la «contabilidad extracontable» del partido según aseguraba el propio tesorero, y en el mes de julio los mensajes SMS que el presidente Mariano Rajoy le envió con el contenido «Luis, sé fuerte».
Todo ello no hizo más que «incrementar la preocupación y el interés de los encausados por tratar de hacerse con ese material», y si bien a Villarejo le gustaba «fanfarronear» sobre sus actividades, cuando anotó todos estos asuntos en su agenda «no se engaña a sí mismo».
Villarejo vuelve a declarar en Kitchen tras conocerse sus encuentros con Leire Díez / EP
Entre las anotaciones, todas ellas referidas al número dos de Interior –‘Chisco’ en las agendas– el fiscal De Rivas destacó durante su alegato final una de 5 de febrero de 2013 sobre el posible destino del material en la casa de la madre de Bárcenas en Riaza (Segovia), y otras posteriores sobre la necesidad de un mayor control en torno al tesorero o la solicitud por parte de Martínez de un «plan específico» sobre este asunto.
Por otra parte, la Fiscalía da por buenos los mensajes entre el ministro y su número dos, por los que Martínez ni siquiera fue preguntado por su defensa cuando declaró en esta vista oral.
Igualmente, la Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de 15 años de prisión el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, así como los 19 años que solicitaba para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Por otra parte, se ratificó en los 12 años y cinco meses de prisión que reclama para Sergio Ríos, quien fuera chófer de la familia Bárcenas y acusado por haber sido captado como confidente de la presunta trama, y también en los dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.
Además, al confirmar su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal De Rivas se ha mantenido en su posición de no acusar a Fuentes Gago, Díez Sevillano y Olivera, como había hecho en las conclusiones provisionales.
Por otro lado, la abogada de la familia Bárcenas ha rebajado sustancialmente las penas que había reclamado para todos los acusados al inicio del juicio. En concreto, la letrada ha pasado de pedir 41 años de cárcel para todos los acusados y 33 años para el chófer, a 17 años y medios para todos y 11 y medio para Sergio Ríos.
Quedaron fuera los inspectores jefe de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, después de que la única parte que los acusaba, ejercida en nombre de la familia Bárcenas, retiraran la acusación contra ambos, mientras que las defensas han solicitado la libre absolución de todos los procesados.
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