El portavoz del Partido Popular, Miguel Jorger Blanco, definió el Debate sobre el Estado de la Isla como el «día de la marmota», en el que el gobierno ensalza su gestión y la oposición reprocha sus políticas o critica su inacción en determinados asuntos. ¿Cómo valora usted su décimo debate?
Vamos a ver, hay poquito demagogia en eso. El debate nos lo impone la ley de Cabildo para analizar la situación de la isla en ese momento. Nosotros exponemos los indicadores económicos y decimos lo que hemos hecho ese año. Más o menos aburrido, a mí me parece importante que en una democracia estemos todos sentados en una mesa, que debatamos y discutamos, pero sin polarización, sin enfrentamientos, sino que pongamos en marcha distintas posiciones. Ojalá no echemos de menos esto nunca. Yo pienso que es bueno, que hablemos y expongamos nuestras posiciones. Cada uno además expresa la manera que tiene como grupo político de trasladar su aportación, su valoración, e incluso su tergiversación. Otra cosa es que cuando estás en la oposición haces una cosa y cuando estás en el gobierno haces otra. Pero eso entra dentro del juego político y me parece legítimo. La obligación que nosotros tenemos es analizar los datos, la situación real de las islas en ese momento, y dar cuenta de nuestro programa de acción del gobierno, y es lo que hemos hecho en ese año.
Precisamente la vivienda fue uno de los temas centrales del debate. Pero respecto a las competencias del Cabildo, que es el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, actualmente cuenta con una plantilla de unas quince personas y la oposición reclamó una mayor dotación económica y de recursos humanos. ¿Se plantea ese incremento de presupuesto y de personal?
Aquí estamos planteando una premisa que no da respuestas reales a la situación que vive Gran Canaria con el sistema de vivienda. El Consorcio nace de una manera de colaborar con los municipios en la rehabilitación, en el mantenimiento de vivienda. El Cabildo de Gran Canaria no tenía competencias, ahora tiene un poco más porque se ha incorporado en la legislación ciertas competencias en materia de construcción, pero no las ha tenido nunca. Quien tiene competencia es el Gobierno de Canarias. Quien tiene competencia en construir centros escolares es el Gobierno de Canarias. Quien tiene competencia en construir centros de salud y camas hospitalarias es el Gobierno de Canarias. No se puede acusar al Cabildo de que haya saturación en las urgencias, de que no haya camas para atender a los enfermos, de que los centros de salud están colapsados por falta de personal, o que los niños reciban educación en barracones. No se puede culpar al Cabildo de no cumplir con la obligación que tiene el Gobierno regional de legislar y hacer frente a los problemas. Aún así el Cabildo está arrimando el hombro y haciendo cosas porque es una necesidad de la sociedad y tenemos que aportar recursos.
No se puede culpar al Cabildo de no cumplir con la obligación que tiene el Gobierno regional de hacer frente a los problemas de vivienda
A su juicio, ¿qué políticas se deberían desarrollar frente a la crisis de la vivienda?
Estamos hablando de construir viviendas eternamente. Seguir llenando la isla de población y seguir construyendo viviendas. Como decía José Carlos Mauricio en su día: para hacer de Gran Canaria el Singapur del Atlántico. Esa es la solución que plantea el Gobierno. ¿Qué sucede con las 211.000 viviendas vacías en Gran Canaria? ¿Cuántas viviendas están en manos de fondos buitres? ¿Cuántas en manos de bancos? ¿Por qué no se le da salida a esas viviendas? 52.000 viviendas en manos de personas extranjeras. ¿Es posible compatibilizar ese uso de las viviendas? Por ejemplo, permitir una parte del año que esas viviendas las utilicen jóvenes, maestros, gente que necesita una vivienda durante una parte del año. Hay que analizar a fondo la situación, el cambio de modelo, como plantear la necesidad de regular los alquileres, que es absolutamente necesario. Nadie controla los fondos buitres que llegan hoy y compran una manzana en Guanarteme y echan a los vecinos de allí para construir vivienda vacacional. Y la solución que se pone encima de la mesa es que hay que construir vivienda porque no se pone atajo a esto otro. Y eso aquí no me corresponde. Para legislar está el Parlamento. Esto es un problema de calado enorme que no se está afrontando, sino a través de la demagogia: construir vivienda, construir vivienda, construir vivienda. ¿Construir vivienda para que a los cinco años venga un fondo buitre y se las quede?
Los servicios sociales también centraron gran parte del debate. Usted defendió que Gran Canaria es la única isla que está creando nuevas plazas e infraestructuras sociosanitarias. ¿Son suficientes las actuaciones previstas?
Yo creo que nunca es suficiente, sobre todo en una población que envejece. Y habrá que seguir aumentando continuamente el número de camas sociosanitarias. Hemos pedido al Gobierno de Canaria un tercer plan sociosanitario, que no hay todavía. Dicho esto, el Cabildo es el único gobierno de una isla que ha ejecutado un plan sociosanitario y que ha construido, exceptuando el Cabildo de La Gomera. No hay ningún Cabildo que haya puesto en marcha un plan sociosanitario, ni un centro sociosanitario en su isla. El Cabildo va por seis, inauguramos Taliarte durante en el curso, y hemos llegado a acuerdos con el tercer sector para generar nuevas plazas también, unas 2.000. Ahora, ¿todas las personas mayores deben ir a un centro sociosanitario? No, hay personas que no quieren ir a un centro sociosanitario, y no podemos obligarlas personas a ir a un centro sociosanitario, sino que hay que generar estructuras con los municipios para que puedan ser atendidas estas personas. Y ahí hemos hecho un esfuerzo enorme que no se ha hecho en otros territorios. Habrá que ir generando más, por supuesto, hay que seguir ampliando y hay que seguir atendiendo al envejecimiento poblacional.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. / Andrés Cruz
La movilidad también fue un asunto ampliamente tratado durante las dos sesiones del debate. El transporte interurbano está marcado por una alta demanda, el envejecimiento de parte de la flota y el fin de la concesión a Global en 2027. ¿Cuándo comenzará a debatirse o tramitarse el nuevo contrato?
Se está trabajando en eso desde hace ya mucho tiempo, recabando todos los informes, los pros y los contras y, sobre todo, la legalidad. Europa tiene diseñado cuál es el camino a seguir para una concesión de este tipo. Nosotros no vemos mal la creación de una empresa pública, pero tenemos que ver los todos los escenarios. Y en eso estamos, en encargar los informes jurídicos necesarios que nos permitan tomar una decisión.
En el ámbito turístico, apoyó las reivindicaciones de ‘Canarias tiene un límite’, un año después del debate en el que se aprobó instar al Gobierno de Canarias la implantación de una tasa turística. ¿Qué ha fallado para que no se haya materializado?
Yo entiendo que el Gobierno de Canarias atiende las presiones de los sectores que no están a favor de la tasa turística. A pesar de que la iniciativa funciona en la mayoría de los destinos del mundo y contribuiría en manera notable a mejorar la infraestructura, los equipamientos, los servicios que se prestan y al sector, pero también para mejorar los servicios afectados por el crecimiento poblacional y la infraestructura sanitaria, por ejemplo. Por lo tanto, sin duda, sería un instrumento importante para compensar la huella que deja el sector turístico en la isla.
Nosotros no vemos mal la creación de una empresa pública cuando caduque la concesión a Global, pero tenemos que ver todos los escenarios
¿Cómo valora que haya sido solamente el Ayuntamiento de Mogán quien lo haya llevado a cabo?
A mí me parece positivo que el Ayuntamiento lo haga, me parece que es legítimo y eso le genera recursos. Pero lo ideal sería que hubiese una medida conjunta para no entrar después en una competencia entre islas que al final genera ciertas disfunciones. Lo que hay que hacer es coordinarnos y trabajar juntos.
¿Defiende una moratoria turística?
Nosotros defendemos que no se puede utilizar suelo, solo el que ya está urbanizado. Es una manera de establecer una moratoria turística. Se han perdido camas turísticas en Gran Canaria, porque en muchas zonas del sur han pasado a ser residenciales.
En el debate, por unanimidad, se acordó el abaratamiento de las tarifas actuales para personal sanitario y familiares de pacientes en el Hospital Insular: ¿Cuándo podrá llevarse a cabo?
Eso no es exactamente lo que se acordó, sino estudiar si se pueden aplicar medidas correctoras y reducir el precio. Nosotros cuando llegamos al Cabildo nos encontramos con una concesión hecha a una empresa, que a mí me parece leonina. Fue una decisión de los gobiernos de aquella época: sacar una concesión que permitiera que se pudieran poner esos precios. Hemos encargado un informe jurídico para ver qué se puede hacer para negociar con la empresa o trasladar alternativas distintas para ver si es posible abaratar esto. Me parece difícil porque ya lo hemos intentado en otra ocasión. Pero ante la demagogia de decir que se tiene que abaratar, la realidad es que hay un contrato hecho y no podemos decirle a la empresa que cobre menos. De hecho, ya el Cabildo ha establecido bonificaciones directas para usuarios de ese aparcamiento.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. / Andrés Cruz
Desde la oposición, el PP ha reiterado sus críticas por la gran cantidad de subvenciones que se tramitan de forma nominativa o directa. ¿Por qué ocurre esto?
Son las mismas que ellos tramitaban. Exactamente igual. El mecanismo que han utilizado todos los gobiernos. ¿Qué sucede? Hay ayudas que están arregladas, que se sacan cada año y a la que optan organizaciones o ayuntamientos. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, si viene un médico del Hospital Negrín y nos dice: oye, nos han concedido un congreso internacional de este tipo, de esta especialidad. ¿Le decimos que espere a la convocatoria del año siguiente? O si vienen de Cruz Roja a decirnos que necesita ayuda para organizar una gala o afrontar una dificultad concreta, no podemos responderle que espere a la convocatoria del próximo año porque la necesidad es inmediata. Puede venir una productora y plantear el rodaje de una serie en Gran Canaria, utilizando nuestros paisajes. No podemos decirle que no porque no exista una convocatoria abierta en ese momento. La legislación permite este tipo de ayudas. No puedes cerrarte a la posibilidad de atender cuestiones que surgen de manera imprevista.
Una de las críticas principales de Coalición Canaria ha sido sobre la gestión del gobierno de Gran Canaria en juventud, en concreto, le afean destinar solo 6 millones a esta área. ¿Le parece un presupuesto suficiente?
No. Seguro que si ponemos más recursos, llegaremos a más gente, a más posibilidades, pero igual que si metemos más para deportes o cultura. Siempre caben más presupuestos para todo. Pero dicho esto, tenemos más presupuesto para juventud que el Gobierno de Canarias en la Dirección General de Juventud. Para toda Gran Canaria.
Confío en que impere la justicia serena, documentada y capaz de analizar en profundidad el Plan Insular de Ordenación
Por otro lado, Vox propuso eliminar los recargos insulares sobre el combustible para aliviar a las familias. ¿Se plantea su gobierno rebajar la presión fiscal?
No, en absoluto. Porque estamos hablando de céntimos, que están contribuyendo a la prevención de la lucha contra los incendios, a la mejora del paisaje agrario y, sobre todo, a generar estructuras para combatir el calentamiento global. Lo que sí hay que hacer es regular, para evitar el uso torticero. Lo que no puede ser es que suban los precios de la gasolina y en 24 horas estamos todos pagando muchísimo más. Pero si bajan, tardan 15 días o un mes en aplicarse. Y eso está pasando. No digo que lo haga todo el mundo, pero lo hacen muchos. Y por lo tanto lo que hay que hacer es perseguir el fraude, la picaresca y sancionar, porque ahí sí que se va mucho dinero de las familias.
Sobre las cinco sentencias que han anulado el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, aprobado en 2022. ¿No se podían haber evitado los 19 recursos presentados contra el documento que han propiciado los fallos del TSJC?
Y vendrán treinta sentencias más, porque lo que está haciendo la Sala es decir a todo el mundo lo mismo: nulidad, con el mismo argumento. Por eso da lo mismo que sea una o que sean cincuenta. El problema es que hay un argumento de fondo que no es real, que nos parece que no se han leído y no han trabajado suficientemente bien el documento. El Cabildo lo que ha hecho es transponer al PIO lo que dice la ley, a lo que dice el Gobierno de Canarias. Los recursos, en su mayoría, responden a intereses empresariales concretos que defienden proyectos muy determinados y que, en muchos casos, no atienden al interés general sino al propio. Nosotros tenemos la obligación de defender un proyecto de isla, no de particulares. Más allá de eso, insistimos en el mensaje de que es una sentencia errónea, injusta y desproporcionada que hemos recurrido en casación al Supremo.
¿Qué ocurrirá si se anula definitivamente el PIO?
Pues no pasa nada, porque el Cabildo de Gran Canaria es el único con un plan adaptado a las nuevas legislaciones. El resto de los cabildos tienen los planes de siempre y nosotros seguiríamos con el plan de ordenación de 2004 y volveríamos a intentarlo. Pero este plan tardamos diez años en hacerlo. Con lo cual, confío en que impere la justicia serena, documentada y capaz de analizar en profundidad un documento en el que han intervenido todas las administraciones públicas. Gobierno central, ejecutivo autonómico, municipios, con todo favorable, por unanimidad. Qué raro que se hayan equivocado cien profesionales distintos de todas las administraciones que hayan visto el documento, que lo hayan trabajado y, sin embargo, cuatro magistrados han descubierto la pólvora.
El presidente del Cabildo de Gran Canario, Antonio Morales. / Andrés Cruz
¿Entiende las críticas que continúa suscitando Salto de Chira, cuando está ya al 65% de su ejecución?
Sigo insistiendo, lo he repetido siempre, que en contra de esta obra solo hay una minoría minoritaria de la sociedad Gran Canaria. Salto de Chira defiende un modelo de desarrollo sostenible, de ruptura contra la dependencia de los combustibles fósiles y, por lo tanto, de mejora el clima, la calidad del aire y la sostenibilidad ambiental. Que genera garantías y flexibilidad en el sistema de almacenamiento, además de seguridad energética. Yo siempre lo he defendido, tengo clarísimo el respeto que me merece el medioambiente, la defensa que he hecho toda mi vida del medioambiente. Y cuando nos pusimos en marcha con ese proyecto teníamos claro la ventaja y los beneficios, frente a las afecciones que podía suponer. Legítimamente, tienen derecho a defender lo que quieran. Pero las mayorías son las que deciden. Y se ha cumplido con la legalidad, con la protección del medio. Han acudido no sé cuántas veces a los tribunales y la realidad es la que es.
¿En qué fase se encuentra la ampliación de Salto de Chira a la presa de Las Niñas?
En estos momentos estamos en la adecuación del sistema. De tal manera que cuando se llene la presa, tengamos prevista la posible conexión a las líneas. Ya le hemos hecho llegar al Estado la intención y la voluntad de seguir avanzando. Estamos esperando la respuesta y trabajaremos en el proyecto en función de la respuesta. Pero la intención es dejar la infraestructura, que no se ve, preparada para cuando se pueda hacer la conexión.
Hay temas del estadio que a lo mejor no se tendrían que hacer en su totalidad y podrían suponer ahorros
¿Cómo garantizará que el Estadio de Gran Canaria, de más de 175 millones de euros, no repita los retrasos y sobrecostes de la construcción original?
Eso siempre es impredecible en una obra pública, porque las circunstancias sobrevenidas pueden ser de distintas índoles. Primero la ley, que establece el mecanismo para garantizar la seguridad jurídica. Luego hay temas del estadio que a lo mejor no se tendrían que hacer en su totalidad y que podrían suponer ahorros, porque no son requerimientos de la FIFA para ser sede en el Mundial. Pero bueno, son circunstancias que se pueden dar a las que tenemos que estar atentos. Afortunadamente, ya no estamos hablando sólo de una administración pública, sino que ya hay capital privado que interviene también en la financiación.
Aún no se ha ejecutado y la reforma debe estar lista antes de 2030. ¿No cree que la obra va un poco a contrarreloj?
Ya la obra está licitada, ya se han presentado las empresas, la próxima semana ya la adjudicamos, o sea que ya las obras empezarán en este año y son tres años de construcción: 2027, 2028 y 2029.
¿Cómo se plantea lograr los 2.000 millones de euros que hacen falta para el tren?
Recabando financiación de Europa y del estado español, como se hace con todos los trenes de la Península. Yo estoy convencido de que si el Gobierno de España no tuviese dificultades para aprobar los presupuestos, eso hubiese sido incluido ya en partidas. Pero no se han aprobado, ha habido dificultades y yo creo que eso está frenando la inversión.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. / Andrés Cruz
¿Y ha tenido manifestaciones positivas en este sentido del Ministerio?
Claro, siempre ha habido.
Otro proyecto que se ha alargado mucho en el tiempo y ha sido polémico es el Siam Park. ¿En qué fase se encuentra?
No tengo ni idea. El Cabildo cumplió con lo que tenía que cumplir, con los informes que tuvo que hacer en su momento y los aspectos administrativos de su competencia. Que sean otros los que consideren ahora si es o no necesario.
El proyecto de Dreamland Studios, la ciudad del cine, parece atascada eternamente. ¿Aún es partidario de llevarla a cabo?
Yo creo que eso tiene menos afección que otros temas de los que hemos estado hablando. Al final es una zona antropizada y deteriorada que cumpliría un fin, de un parque temático en torno al audiovisual y que también, si sale, deberá cumplir con los objetivos medioambientales de todo tipo.
A mí me gustaría tener gente como Juan Roig que construye su pabellón, mantiene un club como el Valencia y que lo lleva a ser campeón de Liga
¿Tuvo influencia la paralización administrativa del proyecto con la financiación del Club Baloncesto Gran Canaria?
Yo creo que tuvo que ver fundamentalmente con la empresa y con la situación de la empresa. Pero bueno, al final está pagando y está todo absolutamente al día.
¿Se plantea reducir la dependencia de fondos públicos del club?
Yo lo que no termino de entender nunca es por qué una administración pública está llevando un club. Y echo de menos una mayor implicación del empresariado local. A mí me gustaría tener gente como Juan Roig (presidente de la cadena de supermercados Mercadona) que construye su pabellón, que mantiene un club como el Valencia y que lo lleve a ser campeón de Liga. No termino de entender por qué la administración pública, como pasó en su día con la UD Las Palmas, tiene que salir al rescate de un club y, en este caso, además quedarse con él eternamente. Yo lo que entiendo es que la sociedad civil debería hacerse cargo de un equipo si quiere tener un equipo de baloncesto. Pero bueno, la realidad es que hoy la propiedad tiene el Cabildo y hacemos un ofrecimiento continuo para vender. Escuchamos ofertas y propuestas, pero hasta ahora no hemos visto ninguna propuesta capaz de afrontar el reto.
¿No ha sonado Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas?
No, eso no es cierto. Eso son bulos de las redes. Ni nosotros hemos hablado con Miguel Ángel Ramírez ni Miguel Ángel Ramírez ha hablado con nosotros sobre ese tema nunca. Eso es incierto. No me parece que en este momento sea nada adecuado, pero en absoluto se ha planteado.
¿Cuándo podrá comenzar la construcción del nuevo pabellón de Infecar?
Desde que se resuelva el recurso que está en el tribunal administrativo del propio Cabildo, que tiene que informar si tiene razón la empresa que ha recurrido: si tiene razón, le tocará al siguiente y si no, seguirá con la misma empresa. Pero bueno, es un tema que tiene que resolverse aquí mismo y será en pocas semanas
La apertura del Museo de Bellas Artes de Gran Canaria está prevista para finales de año. ¿Qué impacto espera que tenga en la isla?
El gran museo de bellas artes que no tiene Canarias estará en pleno corazón de Vegueta, junto a espacios extraordinarios como la Casa de Colón o el CAAM. Disponer además de un museo donde hagamos un recorrido por nuestra historia a través del arte, sin duda, es bueno para la cultura, para Vegueta y para la proyección de la isla como capital cultural europea, si finalmente Las Palmas de Gran Canaria es elegida.
Suscríbete para seguir leyendo
