El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ahonda en el funcionamiento del grupo Hirurok (Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández Guerrero) para lograr enriquecerse con presuntas mordidas en operaciones industriales o de obras gracias a su influencia política desde la órbita del PSOE centra el análisis en la firma zaragozana Mediaciones Martínez. La gestoría afincada en la capital aragonesa sirvió para «canalizar» casi un millón de euros de estos supuestos cobros ilícitos. Y el mismo estudio de la Benemérita ha sido capaz de encontrar cómo se repartieron los miembros de la trama algo más de 900.000 euros.
«El principal vehículo utilizado por el grupo para canalizar estos fondos habría sido la sociedad Mediaciones Martínez», aseveran los agentes de la UCO en su escrito, en el que también señalan que otras firmas como «Servinabar 2000 o Next Generation Caliope Innova» habrían sido utilizadas por Díez, Alonso y Fernández Guerrero para llevar hasta sus bolsillos el dinero conseguido con estas operaciones bajo investigación. En total, la Guardia Civil identifica «seis destinatarios principales» de este reparto dirigido desde Mediaciones Martínez. Habrían sido Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández Guerrero (grupo Hirurok), además de Carmelo Aznárez, aragonés al frente de Mediaciones Martínez, y las empresas Marbella Real Estate 190 y La Dehesa de las Rozas SAU.
Hasta 266.769,18 euros habrían llegado hasta los bolsillos de Antxon Alonso desde Mediaciones Martínez. La Guardia Civil identifica tres vías, como fueron «el pago de la reforma de una vivienda (163.350 euros), una serie de abonos canalizados a través de Servinabar (96.448,23 euros) y una serie de pagos con tarjeta que se le atribuyen (6.970,95 euros)». La UCO refiere en su análisis la factura de la reforma de la vivienda o los movimientos bancarios de las cuentas de Servinabar y del propio Antxon Alonso para mostrar cómo funcionó la operativa.
Cuadro que refleja las cantidades y el modo en que recibieron los cobros los miembros de la trama Leire Díez. / El Periódico
En el caso de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), los pagos llegarían hasta los 49.350 euros. Según la UCO; se dividirían en «la materialización de transferencias conceptuadas como nóminas o adelanto de estas (37.650 euros) y la atribución en su beneficio de una serie reintegros efectuados desde cajero (11.700 euros)». Aunque, como destaca la Benemérita, en un documento de actuaciones de Mediaciones Martínez entre 2021 y 2023, la cifra asciende hasta los 52.000 euros. La UCO notifica que, en lo que sería «un error de Carmelo», se anotó la compra del vehículo que, realmente, fue a parar a dominios de la exmilitante socialista.
La Guardia Civil destaca que Leire Díez «se podría haber beneficiado de la actividad de la mercantil Mediaciones Martínez, la cual le habría adquirido un vehículo que hasta ese momento era propiedad de su pareja sentimental, pero que tras la compra habría seguido utilizando». Según los datos analizados por la UCO, el montante del coche habría alcanzado los 21.500 euros. La precisión de la investigación revela que el vehículo era «un Skoda modelo Octavia». Sin embargo, el coche sigue estando «en la actualidad» a nombre de Mediaciones Martínez.
En el caso de Carmelo Aznárez, administrador de la empresa zaragozana, la Guardia Civil detecta que habría trabajado «recibiendo las instrucciones de forma preponderante de parte de Antxon Alonso». Los ingresos obtenidos por el aragonés se limitarían a 16.452 euros.
Dos empresas en el reparto
Marbella Real Estate y La Dehesa de las Rozas son las dos empresas identificadas por la UCO como beneficiarias del reparto dirigido desde Mediaciones Martínez. Sobre la primera, los agentes de la Guardia Civil destacan que era el destino «más relevante atendiendo a la cuantía que le fue destinada», ya que «al menos 455.000 euros» fueron hasta las arcas de esta sociedad. Una firma que fue constituida cuando Mediaciones Martínez ya estaría realizando las tareas por las que se le investiga y de cuya creación formaron parte el propio Antxon Alonso, Mediaciones Martínez y la firma Caparra Properties.
«El propósito de la constitución de esta sociedad habría sido la adquisición de una serie de parcelas situadas en la localidad de Marbella», aseguran los agentes de la UCO, que destacan que esos espacios pertenecían a Acciona, una de las empresas que también ha sido señalada por el caso Koldo. La Guardia Civil detecta que Mediaciones Martínez efectuó una aportación de 455.000 euros en diciembre de 2022 para iniciar la compra de unas parcelas que habrían llegado a costar casi 3,3 millones de euros, IVA incluido. El resto, según la documentación, habría sido aportado por Caparra Properties. Los agentes reconocen que «se desconoce si Mediaciones Martínez le reembolsó posteriormente parte de dicha cantidad, teniendo en cuenta que ambas sociedades eran socias al 50%».
Sobre La Dehesa de las Rozas, la UCO asevera que «Antxon Alonso intentó adquirir una parcela en Jaca» cuya titularidad correspondía a la propia empresa. «A tal efecto, a través de la mercantil Mediaciones Martínez, suscribió un contrato de arras, mediante el cual abonó una cantidad de 96.800 euros», asegura la Guardia Civil, que señala que «la operación de compraventa no llegó a materializarse, toda vez que la citada parcela se encontraba, para la fecha de la firma (mayo de 2024), aún gravada con determinadas cargas registrales que impedían su transmisión».
La UCO remata la vinculación con Aragón al destacar que «los fondos empleados para el pago del contrato de arras procedían de otra sociedad» de la titularidad de Alonso: Next Generation. Una firma que como recuerdan los agentes de la Guardia Civil era «una estructura vinculada con Fernando Samper», fundador de Forestalia.
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