Santiago Abascal pone este fin de semana punto final a su particular curso político, al menos en el ámbito orgánico, con la celebración de la asamblea anual de Vox. Se trata de un órgano bastante inusual en las formaciones políticas, y más equiparable al que tienen algunas empresas privadas y otro tipo de entidades, donde entre otras cosas se aprueban las cuentas de la formación, aunque el acto, que tendrá lugar en Madrid, también tiene cierto carácter político.
Los dirigentes de la extrema derecha española, por ejemplo, presentarán en sociedad, formalmente en un acto político que tendrá lugar justo después de la mentada asamblea, su llamado plan de desregulación. El término podría confundir, pero no tiene nada que ver, en esta ocasión, con la inmigración, sino con un plan para agilizar y simplificar la administración, eliminando trabas burocráticas, siempre en el lenguaje del partido, cuya idea será expuesta por uno de sus principales dirigentes, el responsable del área de Economía y secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo.
Se trata de un plan inspirado por ejemplo en lo que el magnate tecnológico Elon Musk, fundador de Tesla entre otras compañías, trató de implementar en la administración de Donald Trump antes de su ruptura con el presidente de los Estados Unidos. Y que Vox ya está planteando, por ejemplo, en la negociación en Andalucía, de incierto futuro aún, aunque la semana que viene se celebrará ya el primer debate de investidura del de momento presidente en funciones de la Junta, Juan Manuel Moreno.
Las 12.000 normas
Según fuentes de Vox, se hablará de la simplificación administrativa, algo que consideran fundamental, y para lo que darán cifras como la de que en España se generarían un total de 12.000 normas a la semana, sin contar las que se producen a nivel autonómico y municipal. Un planteamiento que conecta con la denuncia que por ejemplo con respecto a la realidad de agricultores y ganaderos vienen haciendo los de Abascal, que consideran a los trabajadores del sector primario víctimas de un ingente papeleo al que les someten las administraciones públicas.
Por lo demás, el balance de los de Abascal sobre el presente y convulso curso es positivo. No solo eso, incluso ha supuesto un cierto «paso al frente» de la formación, como explica un importante dirigente. Algo que no hay que leer solo en clave de rendimiento electoral, tras el crecimiento en las cuatro elecciones autonómicas celebradas desde el último trimestre del año pasado, sino también en términos de presencia institucional.
A la espera de lo que pueda deparar Andalucía, donde es innegable que el citado Moreno ha perdido la mayoría absoluta que alcanzó en el año 2022, la extrema derecha vuelve a tener tres vicepresidentes autonómicos: Óscar Fernández en la Junta de Extremadura, que preside la popular María Guardiola; Alejandro Nolasco, el número dos en Aragón de Jorge Azcón y Carlos Pollán, vicepresidente de la Junta de Castilla y León que preside Alfonso Fernández Mañueco. Y esa vuelta al poder, tras la ruptura unilateral de todas las coaliciones que decretó Abascal en el año 2024, aduciendo la discrepancia con el PP sobre el reparto de los menores inmigrantes llegados a Canarias, conllevará ventajas e inconvenientes para el partido, como ya asumen en su dirección. O dicho de otra manera: victorias y renuncias.
Entre las primeras cabe destacar sin duda la asunción por parte del pez grande de la coalición de la agenda dura en materia de inmigración que Vox lleva propugnando desde su nacimiento como partido político hace algo más de una década, con el colofón, en todos los acuerdos autonómicos, del sintagma «prioridad nacional» para referirse al acceso a los servicios públicos. Entre las segundas, la ausencia total en los acuerdos suscritos con el PP de referencias a las políticas de género o a las dedicadas a la defensa del colectivo LGTBI, siempre denostadas por Abascal y los suyos, que hasta han tenido que resignarse, con la consabida discrepancia, a que la presidenta extremeña Guardiola colgase de la fachada de la sede de la Junta una bandera arcoíris con motivo del Orgullo Gay.
Tan convulso y lleno de vicisitudes ha sido el curso para Vox -que también volvió a llenar la plaza de Vistalegre en Madrid en otoño haciendo una demostración de músculo político y de aliados internacionales casi sin precedentes- que el ruido generado por su grupo de críticos parece haber caído en el olvido. Aunque en estos últimos nueve meses el enfrentamiento con el ex portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, hizo correr ríos de tinta, y mucho más con el ex secretario general, Javier Ortega Smith, ya expulsado de la formación, aunque aún diputado de la misma en el Congreso y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Una ruptura que para Abascal ha sido política, pero también personal.
La peor noticia política para Vox, sin embargo, no estuvo ni intramuros de la formación ni dentro de España. La derrota sin paliativos de Viktor Orbán en las elecciones celebradas el pasado mes de abril en Hungría, donde el también conservador Péter Magyar acabó con los dieciséis años en el poder del líder de Fidesz, supuso un duro aldabonazo para un Abascal que apostó por la vía del ya ex primer ministro húngaro y de la mano del que llegó hace dos años a la presidencia de Patriotas, la formación europea que cuenta también con la francesa Marine Le Pen pero en la que no figura la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
El cambio de tornas en Budapest podría incluso afectar a las finanzas de Vox, si bien esta misma semana el partido ha comunicado a sus afiliados haber saldado ya la deuda de once millones de euros que tenía con dos entidades financieras húngaras conectadas con el Estado a través de su accionariado, con las que afrontó el coste de la campaña de las últimas generales celebradas en 2023 y el de las elecciones europeas del año siguiente.
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