La sentencia de la Audiencia de Valencia que condena a siete años de cárcel a Sergio Blasco -exgerente del Hospital General de Valencia- contiene la historia de una saga familiar y de un entramado de corrupción.
La resolución es de importancia en sí misma porque no sólo impone penas de cárcel a seis acusados por amaño de contratos y cobro de ‘mordidas’, sino que cuantifica de manera definitiva los fondos públicos desviados de la sanidad pública valenciana en el conocido como caso Osvaldos.
El tribunal concluye que las cantidades que se han podido acreditar son, de un lado, más de un millón de euros (1.022.628,46) en ‘mordidas’; y, de otro, más de medio millón (529.218,90) en gastos personales: viajes, coches, cursos de formación para él y su mujer, abonos de Valencia Basket o gastos de su hijo.
Pero esta causa, que ahora se cierra en parte con una resolución que todavía puede ser recurrida, es la última de las condenas judiciales que afectan a la familia Blasco. Primero fueron las del matrimonio formado por el exconseller Rafael Blasco y Consuelo Císcar. Años después ha llegado la del sobrino del primero a raíz de una denuncia en 2014 de Esquerra Unida.
Este clan acumuló un gran poder político en Valencia a lo largo de décadas. Rafael Blasco ha sido el cargo que más carteras ha ostentado en el Gobierno valenciano. Fueron un total de siete con dos partidos diferentes, primero el PSOE y luego el PP. Y, por tanto, con hasta cuatro presidentes de la Generalitat (Joan Lerma, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps).
En junio de 2015, el Tribunal Supremo le sentenció a 6 años y 6 meses de prisión por la primera de las piezas del sonrojante caso Cooperación -centrado en el desvío de fondos de las ayudas públicas al Tercer Mundo- y cumplió condena.
En abril de 2020 fue nuevamente condenado por otras dos piezas de la misma causa. Tras una sentencia de casación, el Tribunal Supremo fijó la pena en un año de cárcel, pero en febrero de 2024 la Audiencia de Valencia la amplió a año y medio. Así que entonces ingresó de nuevo en la prisión de Picassent, aunque le fue concedido directamente el tercer grado.
Consuelo Císcar, por su parte, evitó la cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en el que admitía que usó fondos públicos del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) para promocionar la carrera de su hijo Rafael Blasco Císcar.
Ahora llega una nueva condena familiar. Esta vez para el sobrino de Blasco, Sergio. Él y Francisco José son hijos de Francisco Blasco, hermano del exconseller y un histórico del PSOE valenciano que ocupó la Alcaldía de Alzira y la presidencia de la Diputación de Valencia.
La única parte positiva de la sentencia es que Francisco José ha sido uno de los cinco absueltos en la sentencia por falta de pruebas.
Quince mercantiles
Sergio Blasco fue director director económico del Hospital General entre 1996 y 1999 y gerente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) hasta 2014. El tribunal considera acreditado que, con la ayuda al menos de un jefe de área del Consorcio y de otros acusados, tejió un entramado societario de una quincena de mercantiles para favorecer a algunas empresas con la adjudicación irregular de contratos sanitarios, cobrar comisiones y desviar fondos de unas mercantiles a otras en beneficio propio y de su entorno familiar.
Todo ello ocurrió entre 2005 y 2014, de acuerdo con la sentencia, de casi 500 páginas, y tras un juicio celebrado entre septiembre y diciembre de 2025. La resolución señala que Blasco generó la circulación de dinero mediante facturas falsas que no obedecían a operaciones reales, a fin de ocultar su procedencia ilícita, y pagó con esos fondos a empleados.
De acuerdo con la Audiencia, influyó en tres empresas que tenían una actividad previa para que resultaran adjudicatarias de diversos contratos a cambio de comisiones que se canalizaban a través de otras sociedades sin actividad real mediante un sistema de facturación ficticio.
Esas tres firmas adjudicatarias estaban administradas por José María Brotón, Francisco José Escandell y Miguel Sanfélix, a los que la Sala ha impuesto sendas condenas de tres años y dos meses de cárcel, inhabilitación y multas como autores de delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y cohecho y falsedad de documento mercantil.
Cantidades de una empresa a otra
De acuerdo con los magistrados, el que fuera gerente del Hospital General también intervino directamente en la constitución de empresas inactivas, también administradas por algunos acusados, con la intención de que las citadas empresas activas salieran beneficiadas en dichos concursos.
El objetivo era de nuevo utilizar distintas sociedades para el cobro de comisiones de sociedades adjudicatarias de contratación pública que no formaban parte del entramado societario y para el desvío de cantidades de las empresas activas adjudicatarias a otras, y de esta forma enriquecerse y sufragar gastos particulares del mismo y de su entorno.
El cobro de algunas de las comisiones, según señala el tribunal, «se enmascaraba con la suscripción de contratos y facturación ficticia o con la programación de cursos de formación en el Hospital General» que no llegaban a impartirse, después de que Sergio Blasco solicitara contribuciones a empresas farmacéuticas con las que suscribía contratos de patrocinio.
En cuanto a los gastos personales, aparecen un contrato de renting de un vehículo Mercedes Clase M; abonos VIP del Valencia Basket para las temporadas 2008 a 2011; viajes a China -durante los juegos olímpicos de Pekín-, Costa Rica, Perú, Las Vegas, Túnez, Andorra, Estambul, Panamá, Londres o República Dominicana; o cursos de formación.
