Las claves
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El Congreso y el Senado han abierto este martes un conflicto inédito con el Tribunal de Cuentas. Por primera vez en democracia, las Cortes se disponen a rechazar la Declaración sobre una Cuenta General del Estado, la correspondiente a 2024, por el uso de fondos europeos de recuperación para pagar pensiones.
La Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha tumbado el informe que daba por buenas las cuentas de ese ejercicio. Lo ha hecho señalando el desvío de 2.389 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a clases pasivas y complementos de pensiones mínimas, en plena prórroga presupuestaria.
Fuentes del PP explican que «el rechazo del dictamen se debe al desvío de partidas, sin Presupuestos ni control parlamentario que lo evitara, como en el caso de las pensiones».
La decisión en comisión no cierra el choque institucional, sino que lo eleva a una fase superior: el Pleno de ambas Cámaras. El dictamen aprobado este martes será votado ahora en el Senado y en el Congreso.
En la Cámara Alta, el resultado está prácticamente cantado: la mayoría absoluta del PP garantiza que el rechazo al informe del Tribunal saldrá adelante. En el Congreso, la incógnita es mayor.
El desenlace dependerá de la actitud de los socios tradicionales de Pedro Sánchez, especialmente Junts y PNV, que han pedido al presidente que disuelva las Cortes y convoque elecciones, aunque por ahora sólo de palabra.
Si esos aliados mantienen la presión y se suman al rechazo del informe, el Pleno del Congreso puede alinearse con el Senado y devolver la Cuenta General de 2024 al Tribunal de Cuentas.
Alarma en la UE
Pero el debate no es sólo de política interna española. La polémica ha llegado a las capitales europeas. En la Comisión Europea y en gobiernos tan importantes como el de Países Bajos y Alemania, el caso español se ha leído como un aviso sobre el riesgo de utilizar instrumentos excepcionales de la UE para tapar agujeros de gasto corriente.
Berlín y La Haya han expresado su inquietud por la deriva de los miles de millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El uso en España de créditos vinculados a los Fondos Next Generation para atender pensiones ha reavivado el recelo de los llamados países frugales ante la deuda común europea.
La controversia ha alimentado, además, las críticas a que la cuarta economía del euro lleva toda una legislatura en semejante debilidad presupuestaria.
España lleva desde 2022 sin aprobar nuevas cuentas públicas y encadena prórrogas, lo que alimenta la percepción de que acude a la caja europea para sostener gastos estructurales sin el respaldo de un Presupuesto propio.
El informe
Con este telón de fondo, el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2024 certificaba una situación políticamente explosiva. El órgano fiscalizador describía la utilización de créditos sobrantes vinculados al MRR para financiar obligaciones «ineludibles», como pensiones pasivas y complementos a mínimos.
El Gobierno defendió esa operación como «un ajuste de tesorería» dentro de la legalidad comunitaria. Y la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, matizó después que el informe no hablaba «ni de fraude ni de desvío irregular» de fondos europeos, pero la polémica ya se había instalado en el debate político.
La Comisión Europea ha insistido en que los pagos a España se han autorizado, aunque el único control de Bruselas es verificar los hitos y objetivos del Plan de Recuperación.
Al mismo tiempo, varios eurodiputados del eje Berlín‑La Haya han usado el caso como ejemplo de por qué quieren «reglas más estrictas» para futuros instrumentos de deuda común.
«Incumplimiento constitucional»
En la resolución aprobada por la Comisión Mixta, el PP va más allá de los fondos europeos. Censura «especialmente la falta de Presupuestos estos años y el incumplimiento y no observancia de la Constitución por parte del Gobierno».
Los populares invocan la Ley del Tribunal de Cuentas, que obliga al órgano a fiscalizar también la «observancia de la Constitución» por parte del Ejecutivo, en su artículo 13.a.
Y sostienen que el Gobierno ha vulnerado el artículo 134.3 de la Carta Magna al no presentar proyectos de Presupuestos en los últimos ejercicios.
Además, el PP denuncia el incumplimiento de otro artículo, el 135.3 de la Constitución. Ese precepto establece que Estado y Comunidades Autónomas deben estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer créditos, requisito que el partido considera ignorado «estos últimos años».
Plazo de tres meses
Por «los efectos y responsabilidades» que esos incumplimientos pueden acarrear, la resolución insta al Tribunal de Cuentas a presentar una nueva Cuenta General en un plazo «improrrogable e inexcusable» de tres meses.
Se trata de una exigencia directa al órgano fiscalizador para rehacer su análisis del ejercicio 2024. Si las Cortes Generales acuerdan finalmente la no aprobación del Informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024, el Tribunal estará obligado por el Reglamento parlamentario a elaborar un nuevo informe.
Ese escenario abriría una fase inédita de tensión entre el poder legislativo y el máximo órgano de fiscalización externa de las cuentas públicas. Y consolidaría el caso español como uno de los focos de fricción en la UE sobre cómo se usan los fondos de recuperación y quién responde cuando se cruzan la línea entre inversión extraordinaria y gasto social recurrente.
