El estremecedor ataque con cuchillo de Hadi Alodid, un solicitante de asilo sudanés, contra un hombre el pasado lunes en Belfast ha vuelto a abrir el debate sobre la entrada de inmigrantes en el Reino Unido. Representantes unionistas han reclamado al Gobierno británico que refuerce los controles en la frontera con Irlanda, donde existe libertad de circulación a través del Área Común de Viaje (CTA, en sus siglas en inglés), para evitar la entrada al país de personas en situación irregular. Una posibilidad que podría afectar a uno de los principales pilares de los acuerdos del Viernes Santo.
El Ministerio del Interior ha reconocido que la frontera con Irlanda es un «talón de Aquiles» para el Reino Unido en materia migratoria, ya que muchas personas utilizan esta ruta para llegar al país y reclamar asilo. Este fue el caso de Alodid, quien llegó a Belfast procedente de Dublín en 2023 y recibió un permiso de residencia en el Reino Unido poco después. La Fuerza Fronteriza británica (Border Force) ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que esta vía se utilice cada vez más como una alternativa a las rutas por el Canal de la Mancha, más controladas y peligrosas.
Control fronterizo
El Gobierno laborista ha reconocido estar estudiando medidas para reforzar los controles en la frontera, en colaboración con las autoridades irlandesas, pero ha descartado tomar decisiones que puedan comprometer la CTA. «Estamos colaborando con las autoridades irlandesas para intentar hacer frente al uso indebido de la CTA, ya que se trata de un problema aquí en Irlanda del Norte. Pero es importante comprender que la CTA es una realidad. La gente cruza la frontera para ir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio, relacionarse o practicar su culto», ha asegurado el ministro para Irlanda del Norte, Hilary Benn, este jueves a la BBC.
Benn ha apuntado a una mayor colaboración de los servicios de inteligencia de los dos países para lograr «más detenciones» y «más arrestos», pero ha señalado al mismo tiempo que si alguien pide asilo en el Reino Unido deberá estudiarse su solicitud de forma individual, garantizando sus derechos según los convenios internacionales.
Acuerdo de deportación
El Gobierno británico firmó un acuerdo de deportación de solicitantes de asilo con Irlanda tras el Brexit. Sin embargo, desde su firma en 2020 tan sólo ha expulsado a una persona al país vecino, ya que el acuerdo no es legalmente vinculante y fue paralizado en 2024 después de que el Gobierno irlandés anunciara que tramitaría una ley de emergencia para amortiguar la posible llegada de inmigrantes procedentes del Reino Unido tras la aprobación del plan de deportaciones a Ruanda, un proyecto que finalmente no salió adelante.
A pesar de ello, el Ejecutivo laborista asegura que las deportaciones de inmigrantes han aumentado desde su llegada al poder en 2024. Cerca de 70.000 personas han sido expulsadas del país, de las cuales más de 1.000 se encontraban en Irlanda del Norte. Las autoridades también están acelerando la tramitación de las solicitudes de asilo para reducir el elevado gasto en hoteles, el cual ha sido uno de los principales motivos de las protestas contra la inmigración.
Los esfuerzos del Ejecutivo, sin embargo, no están logrando contener los disturbios. Cerca de 200 personas se enfrentaron a la policía por segunda noche consecutiva en los alrededores de Belfast, en un intento de llegar a un hotel que alojaba supuestamente a solicitantes de asilo, dejando al menos 12 agentes heridos y 16 detenidos. Unos actos violentos que se han repetido en varias ocasiones en los últimos años —como en las semanas posteriores a los ataques de Southport en 2024 o tras una supuesta agresión sexual en Epping el año pasado— y que algunos han calificado como «pogromos» de la era moderna.
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