El Gobierno valenciano ha modificado el decreto sobre el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana para introducir, de manera totalmente diluida y abstracta, la «prioridad nacional» exigida por Vox para el acceso a la vivienda.
Lo ha hecho a través de la ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de Acompañamiento y concebida como ómnibus al ser un cajón de sastre para modificar multitud de normativa autonómica.
La ley ha salido este lunes a exposición pública y llegará a Les Corts con algo de retraso, como ha informado EL ESPAÑOL. Aproximadamente a mediados de junio debido a los plazos que tiene que seguir.
Vox, que pilotó el anuncio del acuerdo de Presupuestos con el PP, presumió de haber forzado para introducir la «prioridad nacional» -que los españoles vayan primero en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas- y la bajada de impuestos.
Pero tanto el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, evitaron aludir a este concepto en la presentación de las cuentas la semana pasada.
El PP dejaba entrever, más o menos, la concreción de lo que ha pactado. Dado que la prioridad nacional es inaplicable si no se modifica la Ley de Extranjería, los populares van más por el camino del concepto de «arraigo» que han defendido hasta la fecha para tratar de salir del atolladero del relato de Vox.
A la espera de enmiendas
En la ley de Acompañamiento ni siquiera se refleja de esta manera, a la espera de los cambios que se puedan introducir en enmiendas durante la tramitación en Les Corts.
Así, dedica un apartado al citado decreto sobre el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat. En el artículo dedicado a la adjudicación de viviendas protegidas, introduce algunos matices en los procedimientos de aquellas derivadas de promociones desarrolladas en régimen de colaboración público-privada sobre suelo público.
De este modo, indica que, en particular cuando ese suelo sea de titularidad municipal, «se podrá establecer, a efectos exclusivos de baremación de las solicitudes que cumplan los requisitos de acceso, criterios relativos a la vinculación territorial continuada de las personas solicitantes con el municipio en el que se ubique la promoción».
«En caso de empate en la puntuación obtenida, este se resolverá atendiendo al orden temporal de inscripción de las solicitudes en el correspondiente registro», añade la nueva redacción de la ley.
Esa «vinculación territorial continuada» aparece, pues, como una referencia a la prioridad de manera muy abstracta. No lo menciona como requisito, ni concreta qué es, ya que no alude a empadronamiento durante un periodo concreto de años ni a nada por el estilo.
Además, la ley de Acompañamiento no indica nada novedoso respecto a la obtención de subvenciones o ayudas públicas, sea en vivienda o en cualquier otra cuestión.
Hasta la fecha, el PP ha defendido que ese «arraigo» ya se aplica por parte de los ayuntamientos cuando sacan ayudas que benefician a los que están empadronados en el municipio.
