El Govern de las Illes Balears y la Guardia Civil han puesto en marcha una nueva edición del dispositivo conjunto de inspección y vigilancia contra el alquiler irregular de embarcaciones. La campaña, que alcanza ya su octava edición consecutiva, tiene como objetivo detectar actividades de chárter náutico que operan sin las autorizaciones correspondientes y garantizar el cumplimiento de la normativa en el litoral balear.
La presentación del operativo ha tenido lugar este lunes a bordo de una embarcación del servicio de vigilancia de PortsIB y ha contado con la participación del director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant; el jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el capitán Francisco Córdoba; y el gerente de PortsIB, Kico Villalonga.
Mercant ha destacado que “las actividades irregulares vinculadas al chárter náutico no solo generan competencia desleal, sino que también pueden comportar riesgos en materia de seguridad marítima y de protección ambiental«.
En lo que va de 2026 ya se han iniciado “35 expedientes sancionadores por alquiler irregular de embarcaciones”, con propuestas de sanción que superan “los 92.000 euros”. Además, existen más de “70 denuncias y actas pendientes de tramitación” remitidas por distintos organismos de control y vigilancia.
Más controles en el litoral
El operativo contempla inspecciones sobre la documentación de las embarcaciones, autorizaciones administrativas, titulaciones profesionales y condiciones de prestación del servicio. También incluye actuaciones contra el transporte irregular de pasajeros, la recogida de personas en puntos no autorizados y los fondeos ilegales.
Para ello, el servicio de vigilancia de PortsIB dispone este año de 22 embarcaciones operativas distribuidas entre las distintas islas. Según explicó Mercant, diez de estas unidades estarán dedicadas específicamente “a tareas de inspección y control en el litoral”, reforzando la capacidad de vigilancia respecto a temporadas anteriores.
Un fenómeno en crecimiento
Los datos reflejan un incremento notable de la actividad inspectora durante los últimos años. Desde 2019, el número de expedientes sancionadores incoados por actividades irregulares relacionadas con el chárter náutico ha aumentado un 853%.
De hecho, durante el pasado año se tramitaron 162 expedientes por infracciones vinculadas al transporte marítimo y al alquiler de embarcaciones. De ellos, 100 correspondieron a infracciones leves, 58 a graves y cuatro a muy graves, con sanciones propuestas que alcanzaron los 471.600 euros.
El capitán Francisco Córdoba ha señalado que el crecimiento de la navegación en el archipiélago también ha provocado “un aumento de los casos de chárter ilegal”. Según ha explicado, uno de los principales problemas es que muchos clientes “tienden a proteger a quienes prestan estos servicios de forma irregular durante las inspecciones”.
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