El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citó en su última sesión de control del Congreso la llamada ley de lobbies como la deseada herramienta para «regular toda la actividad del lobby» a cuenta del caso Zapatero, en el que el expresidente está imputado por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Sin embargo, la norma lleva más de un año bloqueada en el Congreso. Los socialistas acusan a los populares de ser los culpables de este bloqueo por no apoyarla. Y el PP, por su parte, exige cambios porque considera «inadecuados» algunos aspectos importantes del proyecto.
El proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de la Actividad de los Grupos de Presión fue aprobado en Consejo de Ministros y enviado al Congreso en enero de 2025. Desde entonces, pasó el trámite del Pleno -Vox la rechazaba totalmente y presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada- y se ha creado una ponencia para su tramitación parlamentaria. El PSOE, a pesar de que ha aceptado o transaccionado «gran parte» de las enmiendas presentadas por los grupos, según fuentes parlamentarias, no ha conseguido aun los apoyos necesarios para su aprobación.
La norma impondrá límites a la actividad de los altos cargos como lobistas tras dejar sus puestos. En primer lugar, no podrán actuar como mediadores entre las empresas y la Administración hasta dos años después de dejar sus puestos, siempre que la actividad esté relacionada con el cargo que ocuparon. Además, la ley creará un registro público y obligatorio de lobbies y de lobistas. Y estos tendrán después que informar públicamente de todas sus reuniones con la Administración General del Estado, detallando incluso el asunto de la reunión.
Choque entre PSOE Y PP
Tanto el PP como el PSOE coinciden en la importancia de la norma y que permitiría controlar y dibujar una trazabilidad en la mediación entre los altos cargos y el Ejecutivo, lo que supuestamente no ha ocurrido en el caso Zapatero, aunque él niega la intermediación a la que apunta el auto. Pero los dos partidos chocan sobre todo en la figura de la autoridad que deberá velar por el cumplimiento de la norma.
El proyecto de ley elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital dota de esta autoridad a la Oficina del Conflicto de Interés, que depende de la Secretaría de Estado de Función Pública. El PP lo rechaza. Fuentes populares explican a este diario que «tener dentro del Gobierno al organismo que se va a encargar de la actividad del propio Ejecutivo no da las garantías suficientes». La falta de acuerdo entre los dos grandes partidos ha empujado al PSOE a buscar el apoyo del resto de los socios de la investidura, ya que Vox se opone de plano a la normativa. Sin embargo, fuentes parlamentarias admiten que, de momento, no ha sido posible cerrar el acuerdo con todos, en especial con Junts per Catalunya, dadas las malas relaciones actuales del Gobierno con la derecha independentista catalana.
La vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) lleva 18 años reclamando una regulación estatal de los lobbies que «dote de plena transparencia y normas claras al diálogo entre los grupos de interés y las administraciones públicas», según explica a EL PERIÓDICO su vicepresidenta, Irene Matías. La APRI coincide con el PP y propone que el órgano de control de los lobbies sea el Consejo de Transparencia, que ya existe, ya que es «totalmente independiente» del Ejecutivo.
Toda la actividad, en un registro público
Como explica Matías, «en el caso que ha sido noticia por la investigación al expresidente Zapatero, de haber estado en vigor esta ley, toda su actividad habría tenido que estar detallada en un registro público, incluyendo clientes, interés general perseguido, así como sus reuniones con altos cargos y los temas». Además, añade, Zapatero no habría podido empezar a desarrollar este trabajo hasta dos años después de dejar la Presidencia del Gobierno.
«Ninguna regulación impide que alguien actúe de forma opaca o ilícita, como el Código Penal no impide los delitos», continúa la vicepresidenta de APRI, «pero una regulación como la que reclamamos eleva mucho el coste de la opacidad y facilita distinguir entre una actividad legítima de representación de intereses y una intermediación irregular». «No es que sea una línea fina [como dijo Gabriel Rufián en el Congreso el miércoles], existe un abismo entre el lobby y el tráfico de influencias», añaden desde APRI.
En caso de incumplimiento, la norma aun durmiente prevé sanciones económicas o, incluso, la expulsión del registro de lobistas de aquellos que no registren su actividad o no lo hagan de forma completa o detallada.
Aunque no existe una ley estatal, sí existen ya normas autonómicas que regulan la actividad de los lobbies en Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Y se están tramitando leyes en este sentido también en el País Vasco, Navarra y Canarias. El PP también propone que haya una interoperabilidad de los registros, de forma que un lobby registrado en el registro estatal pueda operar en todas las comunidades autónomas.
Si el PSOE no consigue los apoyos necesarios para aprobar la norma y no cede ante las propuestas del PP, la ley de lobbies puede volver a decaer con la legislatura, advierten fuentes parlamentarias, como ya pasó en 2023, cuando fue por primera vez presentada por el primer Gobierno de Pedro Sánchez.
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