Los ministros de las seis mayores economías de la UE, Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos y Polonia, han reclamado este viernes avanzar en la integración y supervisión de los mercados de capitales europeos para reforzar la competitividad, la autonomía estratégica y la capacidad de financiación de la Unión Europea. En una declaración conjunta dirigida a la presidencia del Consejo de la UE, que actualmente ostenta Chipre, los ministros económicos y financieros de estos seis países defienden que unos mercados de capitales “más profundos e integrados” son esenciales para liberar el potencial de crecimiento europeo y garantizar la capacidad de actuación de la UE en un contexto global cada vez más complejo.
La posición conjunta, firmada por el ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de los otros cinco países, se enmarca en las negociaciones del Consejo sobre el paquete de integración y supervisión de los mercados, conocido como MISP por sus siglas en inglés.
Los seis Estados consideran que esta propuesta de la Comisión Europea constituye una pieza clave para construir una auténtica Unión del Ahorro y la Inversión, uno de los grandes proyectos comunitarios para canalizar mejor el ahorro privado hacia la financiación de empresas, innovación, infraestructuras y prioridades comunes.
En su declaración, los ministros identifican seis ámbitos prioritarios para impulsar las negociaciones: reforzar la distribución transfronteriza de fondos, aumentar la transparencia de los mercados de renta variable, fortalecer las infraestructuras de mercado europeas, garantizar un mercado de criptoactivos sólido, facilitar el desarrollo de tecnologías financieras innovadoras y adaptar la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) a sus nuevas funciones.
Mayores facilidades para los fondos
El primer bloque de medidas busca facilitar que los fondos de inversión puedan distribuirse con menos obstáculos entre los distintos Estados miembros. Los firmantes sostienen que una mayor armonización reduciría costes administrativos, favorecería la participación de ciudadanos e inversores institucionales en los mercados de capitales y abarataría la financiación de las empresas europeas.
Al mismo tiempo, abogan por mantener salvaguardas adecuadas para la protección de los inversores y por eliminar las barreras nacionales o prácticas divergentes que aún dificultan la comercialización transfronteriza de fondos. En materia de gestión de activos, los países proponen crear colegios de coordinación entre supervisores nacionales y ESMA, en lugar de introducir sistemas de revisión periódica que consideran potencialmente complejos y costosos.
La declaración también pide aumentar la transparencia en los mercados de renta variable y garantizar una competencia equilibrada entre bancos y centros de negociación. Para ello, plantea exigir a los internalizadores sistemáticos una mejora de precio significativa en determinadas órdenes minoristas, reforzar la transparencia posterior a la negociación y revisar tanto el régimen de exenciones como los mecanismos de negociación que no contribuyen directamente a la formación de precios.
Otro de los puntos centrales es el refuerzo de las infraestructuras de mercado europeas. Los seis gobiernos respaldan que la supervisión de determinadas cámaras de compensación, depositarios centrales de valores y plataformas de negociación paneuropeas pase progresivamente a ESMA, siempre mediante un enfoque gradual.
La declaración subraya, no obstante, que la responsabilidad supervisora y la rendición de cuentas fiscal deben ir de la mano. Por ello, pide a la Comisión Europea que revise durante el periodo transitorio el marco regulatorio aplicable a las entidades supervisadas por ESMA y que garantice un sistema europeo eficaz de gestión de crisis.
Regulación de las criptodivisas
En el ámbito de los criptoactivos, los seis países defienden una arquitectura supervisora diferenciada. Según su planteamiento, los proveedores de servicios de criptoactivos considerados significativos quedarían bajo supervisión directa de ESMA, mientras que los de menor tamaño seguirían bajo control de las autoridades nacionales. Además, ESMA debería emitir una opinión formal durante los procesos de autorización, que impediría conceder licencias si detecta riesgos relevantes no resueltos para la integridad del mercado o la protección del inversor.
La declaración también plantea ampliar las competencias de la Autoridad Bancaria Europea sobre determinados modelos de emisión de ‘stablecoins’, especialmente en estructuras de emisión múltiple con terceros países.
En cuanto a la innovación financiera, España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Países Bajos respaldan hacer permanente, más amplio y más favorable a la innovación el régimen piloto europeo basado en tecnología de registros distribuidos, aunque con salvaguardas que eviten la creación de un régimen paralelo más laxo para actividades de relevancia sistémica.
Los ministros también apoyan que las operaciones tokenizadas puedan liquidarse en dinero de banco central cuando sea viable y disponible, y que se permita el uso de tokens de dinero electrónico compatibles con MiCA cuando no existan restricciones justificadas por razones de estabilidad financiera.
Por último, la declaración reclama adaptar la gobernanza de ESMA a sus nuevas responsabilidades. Los seis países piden definir con claridad la cooperación entre ESMA y los supervisores nacionales, evitar duplicidades, controlar los costes y garantizar seguridad jurídica a las entidades supervisadas.
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