El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, responsable del caso de corrupción Plus Ultra, investiga si el jefe superior de Policía Nacional de Canarias, Jesús María Gómez Martín, limpió los antecedentes policiales de Francisco Alfonso Diazgranados Salvatierra, conocido como Kiko, hijo menor del empresario millonario venezolano y bróker del chavismo Danilo Diazgranados Manglano.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y Anticorrupción pusieron el foco en la figura de Gómez Martín y en sus presuntos vínculos con los involucrados en la organización criminal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras hallar conversaciones entre Diazgranados y su abogado, Miguel Palomero de Juan. La relación del comisario Gómez Martín y la trama se remonta al periodo de junio de 2019 y marzo de 2020, cuando era jefe de Barajas.
Según la documentación del sumario del caso, al que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, los mensajes revelan los contactos que Palomero mantenía con el mando policial para que prestara favor o servicio a Danilo Diazgranados.
UDEF y Anticorrupción resaltan directamente dos conversaciones, que pueden ser constitutivas de los delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con funcionarios policiales e incluso con autoridades judiciales.
Una de ellas hace referencia a los «trámites para impedir la continuidad en un procedimiento penal por falsedad documental» contra Francisco Diazgranados, Kiko. El delito, dicen los investigadores, tendría que haber seguido en alguno de los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de Madrid.
El incidente del hijo pequeño de Diazgranados al que hacen referencia ocurrió el 27 de mayo de 2019, cuando Kiko fue detenido en el control de fronteras de un vuelo Madrid-Miami con documentación falsa. Anticorrupción subraya en su informe las acciones llevadas a cabo por la organización para paralizar el procedimiento penal «tocando» a autoridades situadas en «muy altos niveles» del ámbito administrativo y del judicial. Y añade: «Así como las acciones de esta misma organización dirigidas al borrado de información negativa de Kiko al nivel de las autoridades de la Embajada de Estados Unidos, que le pudieran impedir viajar de nuevo a ese país».
Si la ficha policial del arrestado saliese a la luz, EEUU no le aprobaría los trámites necesarios para poder entrar en el país, como la autorización ESTA. La organización lo impidió. En esa fecha, Gómez Martín era el comisario del puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, y por eso se le investiga.
Recreación de la conversación. / La Provincia
Un año y medio después de la detención, Diazgranados habla con su abogado. A las 18.06 horas del 4 de noviembre de 2020, Palomero escribe a su cliente, el bróker chavista:
-La reunión de hoy con el comisario ha sido muy fructífera. Acabo de hablar con Kiko, dile que te cuente.
-Qué bien -contesta Diazgranados- ya le pregunto.
-Parece que ayer se aclaró todo y se ha limpiado el expediente de Kiko.
Diazgranados se alegra de la noticia que beneficia a su hijo. «Qué vaina más buena», le responde a su abogado. Y la afirmación de este introduce de nuevo en la conversación al ahora jefe superior de Canarias:
-La verdad es que se está portando Jesús maravillosamente.
-Bueno, nosotros nos portamos también con él.
-La verdad es que sí nos portamos súper bien.
Tras hallar estos mensajes en un ordenador en el despacho de Palomero, el 24 de octubre de 2024, Anticorrupción deja clara su postura: «Son conversaciones o contactos a nivel operativo judicial que deberían ser oportunamente valorados».
Y así hará el juez de la Audiencia Nacional Calama, quien la semana pasada ordenó la apertura de dos piezas separadas para la investigación de estos atestados de la UDEF y de Anticorrupción que señalan al jefe superior de Canarias y que obraban en poder de la titular del Juzgado de Instrucción 15 del Tribunal de Instancia de Madrid, Esperanza Collazos Chamorro, primera jueza del caso Plus Ultra, y que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional.
Alcance por determinar
Los presuntos favores del comisario jefe a los miembros de la trama no se limitaron al expediente del hijo de Diazgranados. Los investigadores apuntan a conversaciones compatibles con favorecer las actividades cometidas en el aeródromo de Cuatro Vientos, en Madrid, «cuya naturaleza ilícita y alcance están por determinar», y la llegada de personas próximas a Diazgranados sin que pasasen por los controles de aduanas.
A cambio de esos favores, registrados en el chat Danilo España, el comisario jefe obtuvo presuntas gratificaciones. «Son frecuentes los regalos, particularmente de botellas de vino de alta gama, cuya gestión Diazgranados encarga a Palomero», dice la UDEF. En esos obsequios que hacía el empresario venezolano, Anticorrupción pone al mismo nivel al expresidente Zapatero, Julio Martínez Martínez (su presunto testaferro) y el comisario Gómez Martín. «Los agasaja de forma recurrente», recalca.
Fiscalía y UDEF recogen otra conversación sobre el jefe superior que se produjo ocho meses antes del incidente con el hijo de Diazgranados. En ella, Palomero dice que va a sacar «7.000 euros para el amigo».
-¿Qué amigo?, pregunta el empresario.
-Para Jesús, el comisario. Estoy comiendo con Leo y Jesús, el comisario.
-Sí, dale lo de Jesús.
Anticorrupción remarca en su escrito el pago que pudo recibir el jefe superior y define la relación «tan próxima como extrañamente justificable».
Tras recibir estos informes, la primera jueza del caso Plus Ultra encargó un análisis de las atribuciones que el comisario tenía como responsable del puesto fronterizo del aeropuerto de Madrid; sus competencias relacionadas con el control de pasaportes, áreas restringidas, y control de llegadas y salidas de vuelos; y el nivel de vida, con los bienes a su nombre o a terceros próximos.
El mismo año en que tuvieron lugar estas conversaciones, Gómez Martín recibió en la pista del aeropuerto de Barajas a la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez cuando no podía pisar territorio Schengen. Dos años después de estos hechos, en 2022, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ascendió a Gómez Martín y lo nombró jefe superior de Canarias.
Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, pidió su cese tras conocer su presencia en el sumario. «Una persona cuyo nombre aparece relacionado con un procedimiento judicial de semejante relevancia y gravedad no puede continuar al frente de una jefatura superior de Policía, una de las máximas responsabilidades dentro de la Policía Nacional, ya que perjudica gravemente la imagen del Cuerpo», dice el sindicato. El jefe superior continúa por ahora en su cargo.
