Castilla y León presume de ratio de alumnos mientras los profesores denuncian aulas masificadas

Castilla y León presenta una ratio de 8,9 alumnos por profesor en el curso 2024-2025, la segunda más baja de toda España, empatada con el País Vasco. Este dato llega en un momento en que el Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley para reducir las ratios a nivel nacional en un plazo de seis años. Sin embargo, la comunidad ya se había adelantado con su propio plan de reducción del número de alumnos por aula desde el curso 2022-2023, aplicando descensos progresivos en todas las etapas educativas.

A pesar de la buena cifra oficial, los sindicatos advierten de que el dato es engañoso. En una entrevista en COPE, Isabel Madruga, presidenta del sector de educación de CSIF en Castilla y León, ha asegurado que el dato global de la ratio de la comunidad está «distorsionado» por la realidad demográfica de la región, marcada por la gran cantidad de centros rurales con muy pocos alumnos.

Centros urbanos masificados

Según Madruga, esta cifra general «sirve a los políticos como excusa», pero esconde la realidad de muchos centros en las zonas urbanas que están masificados. La líder sindical explica que la alta dispersión de población rural y el mantenimiento de aulas con tres alumnos en el campo bajan la media, mientras que en las ciudades la carga de trabajo para los docentes es cada vez más compleja: «hay que evaluar a más alumnado, preparar más clases, tener más coordinaciones con familia».

Por ello, desde CSIF insisten en que no se puede «sacar pecho de esa cifra», sino que se debe abordar la situación por zonas y centros. Para Madruga, «la reducción de ratios es una cuestión fundamental«, sobre todo ante los nuevos retos en las aulas, como los mayores problemas de salud mental y los problemas de conflictividad. Considera que es una medida necesaria para «dignificar de verdad la labor del del docente» y adaptarse a las nuevas necesidades del entorno escolar.

El reto de la educación especial

Otro de los grandes desafíos del sistema es la atención a la diversidad. El alumnado con necesidades educativas especiales ha aumentado un 29,4% entre los cursos 2022 y 2026, pasando de 800 a más de 1.000 estudiantes. Sin embargo, la plantilla de profesorado especialista solo ha crecido un 21,2% en el mismo periodo, con Valladolid como la provincia con el mayor incremento de alumnos.

Es un problema de concepto, no entienden lo que hacen estos especialistas»

Isabel Madruga

Presidenta del sector de educación de CSIF en Castilla y León,

Madruga denuncia la falta de una normativa estatal que establezca una ratio máxima de alumnos por docente especialista en áreas como audición, lenguaje y en pedagogía terapéutica, una demanda que ya han trasladado al Congreso. Critica que la administración no comprende la complejidad de la atención a la diversidad: «Es un problema incluso de concepto de que no entienden lo que hacen estos especialistas«, afirma, señalando además que los datos de la aplicación ATDI no reflejan el número real de alumnos que reciben apoyo.

Negociaciones pendientes

Con la formación del nuevo gobierno autonómico en pausa, hay varias negociaciones urgentes sobre la mesa. Un acuerdo firmado en septiembre de 2025 recogía compromisos como la dotación de docentes de atención a la diversidad (con una última oferta de 50 plazas), la reducción de jornada de mayores de 55 años sin pérdida retributiva y el reconocimiento de la tutoría, cuestiones que el sindicato considera prioritarias.

A estas demandas se suman otras históricas como la necesaria equiparación salarial con las comunidades con retribuciones más altas, que puede suponer una «diferencia que puede estar entre 500 y 850 euros al mes«, y la atracción del talento. Finalmente, Madruga alerta sobre la interinidad, que en Castilla y León sigue en porcentajes de un 30% cuando se ordena desde Europa que sea un 8% para 2025, y pide una «negociación seria, responsable y urgente».

¿cuáles son los ratios del anteproyecto ley?

El Gobierno de España aprobó un anteproyecto de ley, en el Consejo de Ministros en el mes de abril, que obliga a todas las Comunidades a reducir la proporción de alumnos desde ahora y con un plazo de seis años y establecer una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario. El objetivo es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada.

En relación con las ratios, se reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) computará como dos plazas.

El documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.

El Gobierno hizo una recomendación a las comunidades autónomas en 2019 respecto a las ratios, pero no todas lo adoptaron, por eso ahora con este proyecto de Ley se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar homogeneidad en todo el territorio nacional.