Hay noticias que un país escucha primero con incredulidad y sólo después con cansancio. La imputación de un expresidente del Gobierno pertenece a esa categoría. No por el procedimiento judicial en sí mismo –investigar es precisamente lo que debe hacer la Justicia cuando aprecia indicios– sino por la sensación de desgaste institucional que deja detrás.
España entra así en un territorio desconocido: por primera vez, quien ocupó la presidencia del Gobierno deberá responder ante un juez por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y decisiones tomadas en las inmediaciones del poder.
La gravedad del momento exigiría prudencia. Una cierta pausa antes de que comenzara el estrépito consabido. Pero la política contemporánea ya casi nunca concede tiempo a la digestión de los hechos. Apenas conocido el auto judicial, comenzó a desplegarse el protocolo habitual: acusaciones de «lawfare», insinuaciones de persecución política y sospechas preventivas sobre el magistrado instructor. El foco cambiaba de sitio con admirable rapidez.
Hace no demasiados años, el término «lawfare» pertenecía al repertorio de ciertos populismos latinoamericanos empeñados en presentar cualquier investigación incómoda como una operación política encubierta.
Hoy la expresión ha desembarcado con naturalidad en España, convertida en una versión sofisticada de la vieja «guerra sucia judicial». La sospecha deja así de recaer sobre los hechos para desplazarse hacia quien los investiga. Hoy ya no basta con defender al investigado. Hay que desacreditar preventivamente al juez.
El ciudadano contempla ya estas escenas con el cansancio de quien reconoce una tormenta antes del primer trueno. Sabe incluso el orden de los relámpagos. Un juez dicta una resolución incómoda. El Auto apenas abandona la impresora cuando ya circulan las acusaciones de conspiración. Las redes empiezan a zumbar como un transformador averiado. Los portavoces se apresuran a señalar intenciones ocultas.
Y, lentamente, los hechos empiezan a desaparecer bajo una batalla de legitimidades donde lo importante deja de ser qué ocurrió para pasar a ser quién investiga.
En medio de esa acusación cruzada permanece siempre la Justicia, invocada como ejemplar cuando golpea al adversario y denunciada como guerra sucia cuando se aproxima al propio espacio político. La Justicia queda atrapada entre relatos incompatibles: garantía democrática cuando investiga al rival, sospecha de persecución cuando alcanza al propio entorno. Y ahí comienza el deterioro, lento y silencioso, como esas humedades que durante años parecen no comprometer la casa hasta que una mañana empieza a ceder la pared maestra.
Toda persona investigada tiene derecho a la presunción de inocencia. También a defenderse. Pero el Estado de derecho exige otra obligación igual de importante: preservar la independencia judicial incluso cuando las investigaciones resultan incómodas para el poder.
Resulta difícil reclamar prudencia frente a las acusaciones y, al mismo tiempo, desacreditar a jueces, fiscales o policías cuando las pesquisas alcanzan al propio espacio político.
La investigación sobre el rescate de Plus Ultra proyecta además una sombra que desborda el caso concreto. Para la mayoría de los españoles, la aerolínea apenas existía antes de que el rescate la colocara en el escaparate político. Lo que ahora emerge no es sólo una discusión técnica sobre ayudas públicas, sino una pregunta más incómoda: qué influencias pudieron operar alrededor de una decisión adoptada finalmente por el Consejo de Ministros.
Más que el tráfico de influencias –atributo casi inevitable de cualquier expresidente– lo que parece investigarse de fondo, y además bajo impulso internacional, es un posible circuito de blanqueo de capitales. La influencia política no es un delito en sí misma. El problema comienza cuando esa capacidad de interlocución privilegiada termina proyectándose sobre decisiones públicas o ventajas económicas inaccesibles para otros.
Porque ésa es quizá la peor noticia de todas. No la existencia de una investigación –que demuestra que el Estado conserva todavía reflejos de control– sino la creciente normalidad con la que la política responde intentando erosionar la credibilidad de quienes investigan.
Una democracia no empieza a deteriorarse cuando aparecen casos de corrupción. Empieza a deformarse cuando los ciudadanos dejan de preguntarse qué hizo el gobernante y comienzan a preguntarse de qué lado está el juez.
