La cuestión de la vivienda y la dificultad de acceso a ella por alquiler o compra de la misma es, al tiempo, un problema para una parte importante de la población y un tópico conversacional.
Parte de ese tópico arranca de un paradigma muy discutible, la de que un joven tiene derecho -casi, diríamos, la obligación existencial- a vivir pronto en independencia de los padres, constituyendo lo contrario algo así como una afrenta antinatural. Ese paradigma supone implícitamente que siempre ha sido de ese modo y que son los tiempos actuales los que han venido a destruir ese derecho natural.
Pero cualquiera que mire hacia atrás sabe que no siempre ha sido de esa forma, ni mucho menos: hijos conviviendo con sus padres hasta avanzados los treinta, incluso parejas con hijos, ha sido la norma en este país durante mucho tiempo.
Dicho ello, no cabe negar que el precio de los pisos se ha disparado, así como el de los alquileres. ¿Las causas? Se construye menos -vivienda libre y vivienda protegida- y se ha disparado la población demandante (¿o acaso se piensa que los miles de emigrantes solo traen los beneficios que pregona el discurso gobernante?). Esa es la evidencia y el centro del problema. El déficit de oferta con respecto a la demanda y a la necesidad es, pues, enorme.
Ahora bien, sobre ese problema estructural, material, numérico, parte del cual es responsabilidad de la legislación y de la Administración, que dificulta y retrasa el planeamiento y la construcción, se ha levantado uno nuevo de corte administrativo-ideológico: las intervenciones políticas para limitar alquileres o para impedir que quienes no pagan el alquiler o violentan una propiedad sean desalojados con prontitud. Aceptemos que, sobre la premisa central de imponer un discurso contra la propiedad, exista en muchos de quienes impulsan esas normativas la voluntad de proteger a los que lo necesitan. Aceptémoslo. En todo caso, se ha producido el efecto contrario al que se pretendía: los propietarios no quieren alquilar, temen que les toque a ellos el «chollo» de mantener al menesteroso, real o supuesto, en vez de hacerlo el Estado, o, mejor dicho, de perder su propiedad y tener que pleitear para recuperarla, tras gastar tiempo, dinero y noradrenalina a esgaya.
De ese modo se ha producido una retracción brutal de la vivienda en alquiler. Les he contado hace poco cómo de ocho conocidos míos, ocho han sido los que, en cuanto han podido, han pasado de alquilar a vender o nunca han alquilado, y sí puesto en venta.
Fíjense. Una noticia de mayo. Se ha actuado frente a los pisos turísticos sin registrar -los pisos turísticos son uno de los últimos diaños diagnosticados como causantes de la epidemia de la carestía de pisos y alquileres-. Pues bien, a consecuencia de esa actuación, se han retirado del mercado más de 1.500 viviendas de ese tipo, pero no ha aumentado ni en una sola unidad la oferta del arrendamiento tradicional, que sigue bajando.
Es ese el clima de temor y prudencia que han creado los discursos/intervenciones políticas, con las consecuencias que hemos señalado. Pero hay más. Últimamente los distintos gobiernos han tratado de paliar el desastre ofreciendo a los alquiladores particulares garantías y no pequeñas rentas mensuales.
Lloren ustedes y ríanse, al mismo tiempo. Lloren la situación y ríanse de los discurseadores (o ideadores, si quieren). Xixón: Se pone en marcha el programa «Gijón confía alquilando», para sacar al mercado viviendas vacías con ayudas a los propietarios. Resultados: en tres meses, una vivienda. Grandes risas del PSOE, IU y Podemos. Gobiernu Asturianu: Se pone en marcha el programa «Alquilamoste». Resultados: menos de un contrato al mes, a fecha de marzo, y otros seis previstos en esa fecha. Solo 21 viviendas en toda Asturies puestas a disposición del «chollo» para los propietarios y 10.000 euros mensuales para gestionar tal volumen de trabajo. Grandes risas del PP.
Y será difícil que nos equivoquemos, pero el reciente plan del Gobierno central en el mismo sentido, de ayudas y garantías a los dueños para que alquilen, correrá una suerte semejante.
¿Para qué quieren engañarse o mentirse? No depende de quiénes discurran derramar taumatúrgicas soluciones sobre la sociedad. Han causado tal daño que el temor ha hecho presa en la mayoría de los ciudadanos que son propietarios.
Nadie se fía de ustedes, bueno, digámoslo con un eufemismo, de la Administración.
Lo cual debería incitar a alguna reflexión y, tal vez, a alguna rectificación.
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