Las claves
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La Asociación de Fiscales ha revalidado hoy su mayoría en el Consejo Fiscal, el único órgano de la estructura del Ministerio Público que, en parte, es elegido democráticamente por la carrera. Una de sus principales competencias es informar, de forma no vinculante, sobre los nombramientos discrecionales.
Las elecciones, que son el termómetro del apoyo o desafección de la carrera a la jerarquía del Ministerio Público, han tenido una alta participación del 74,94% de la carrera, integrada por 2.800 fiscales.
La AF, que preside Cristina Dexeus, ha vuelto a obtener seis de los nueve puestos electos del Consejo. Los otros tres integrantes son natos: la fiscal general, Teresa Peramato, la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz.
De acuerdo con la vigente normativa, el máximo de candidatos que cada lista puede presentar son seis. Fue una medida introducida precisamente para limitar la todavía mayor representatividad que obtenía la AF.
De este modo, la Asociación de Fiscales ha logrado que sus seis candidatos accedan al Consejo y sean, además, los más votados: Ana López Riera (1.355 votos), Esther Moreno (1.253), José Francisco Ortiz (1.253), Macarena Ortiz (1.242), Alberto Rodríguez Fernández (1.142) y Javier Ródenas (1.085).
La siguiente más votada es María Teresa Gálvez, 516 papeletas. Es la única candidata elegida por la lista de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ya formaba parte del Consejo saliente.
Los dos restantes consejeros electos pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales, que presentaba seis candidatos. Fernando Germán Benítez ha obtenido 413 votos y Víctor Castells, 428 votos.
La distribución de fuerzas en el Consejo Fiscal es, de este modo, la misma que surgió de las anteriores elecciones, celebradas el 4 de mayo de 2022. En aquel momento, la AF ya amplió su presencia en este órgano, pasando de cinco a seis vocales. La UPF bajó de cuatro a dos y entró por primera vez, con un asiento, la APIF.
Peramato, que fue presidenta de la UPF, tendrá que enfrentarse, pues, a un Consejo que no le será afín.
El resultado se interpreta en la carrera como un rechazo a la política de nombramientos discrecionales que tanto ella como sus dos antecesores, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, vienen realizando, con una sistemática preferencia de los candidatos de la minoritaria UPF.
