Las secciones sindicales de RSTIC, UGT, INTERSINDICAL, USO y CO.BAS en Capgemini España han anunciado la convocatoria de jornadas de huelga para los próximos días 20, 21 y 22 de mayo tras constatar el “bloqueo” de la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la dirección de la compañía, con sede en Langreo.
Las instalaciones de Capgemini en Langreo. / M. Á. G.
Según denuncian las organizaciones sindicales, después de varias reuniones de negociación, la empresa “no ha mostrado una voluntad real de reducir o evitar los despidos”, ni tampoco de acordar medidas de voluntariedad suficientes que minimicen las salidas forzosas.
11.000 empleos
La consultora tecnológica francesa (con 11.000 empleos en España y 802 en Langreo) anunció el pasado 10 de abril el inicio de un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España como consecuencia del impacto de la Inteligencia Artificial y los nuevos retos que la innovación tecnológica ha supuesto para «un entorno operativo cada vez más incierto», aseguró la multinacional.
Capgemini planteó el pasado jueves a los sindicatos rebajar el alcance de su plan de despidos en España hasta las 717 personas (inicialmente había fijado un máximo de 748), una reducción que los representantes de los trabajadores consideran insuficiente.
Condiciones «inaceptables»
Los sindicatos consideran “inaceptables” las propuestas trasladadas hasta la fecha por la empresa, al entender que los avances en aspectos esenciales como el número de personas afectadas, las indemnizaciones o la voluntariedad han sido “mínimos insuficientes”, pese a que el grupo Capgemini obtuvo en el pasado ejercicio un beneficio neto de 1.061 millones de euros.
Las organizaciones convocantes señalan que el objetivo de las movilizaciones es exigir alternativas menos traumáticas al despido, entre ellas, fórmulas de voluntariedad real, prejubilaciones, recolocaciones efectivas y planes de formación y reciclaje profesional.
Las secciones sindicales insisten que su voluntad es seguir afrontando las próximas reuniones “con responsabilidad y voluntad de negociación”, pero reclaman a la dirección un cambio de actitud que permita avanzar hacia un acuerdo que proteja a las personas afectadas.
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