Un tribunal del departamento boliviano de Tarija declaró nuevamente este lunes la rebeldía del expresidente Evo Morales por su decisión de no presentarse a la audiencia inaugural del juicio en su contra por trata agravada de personas y una presunta relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija durante su Gobierno. Además, se ordenó la captura del hombre, figura predominante de ese país andino entre 2006 y 2019, cuando fue objeto de un golpe de Estado. El exjefe de Estado nunca negó su relación con la adolescente.
Los abogados de Morales ya habían anticipado que no iba a presentarse ante el tribunal. «No puede asistir porque no conocemos de qué se trata. No se lo ha notificado, cumpliendo el procedimiento legal», dijo uno de sus abogados, Wilfredo Chávez. A su criterio, el proceso obedece a «una persecución política que surge en un momento en que existen condiciones deplorables en el país, sobre todo a nivel económico, y conflictos en las calles». Para Chávez, no quedan dudas que con este caso se trata de «desviar la atención» en medio de las protestas sindicales que han paralizado buena parte del país.
El «Evo», a secas, como le dicen sus seguidores, se encuentra guarecido en el Trópico de Cochabamba, la zona cocalera desde donde surgió a la lucha sindical y luego política.
Otro de los letrados de Morales, Nelson Cox, consideró días atrás que la negativa de su cliente a presentarse obedece a que el tribunal «lamentablemente no está respetando estándares internacionales». La causa se inició en septiembre de 2024, y, desde entonces, Morales dijo que se trataba de un intento de «persecución» llevado a cabo con la anuencia del entonces jefe de Estado y su exministro de Economía, Luis Arce. Esa política continúa bajo la actual presidencia de Rodrigo Paz.
Contra lo dicho por los abogados, el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, asegura que los investigadores lograron recolectar más de 170 pruebas en contra del exmandatario.
Bloqueos de carreteras
En este contexto se realizan al mismo tiempo más de 30 bloqueos de carreteras en siete departamentos bolivianos. Las protestas se desataron debido a la eliminación de los subsidios a los combustibles. Los cortes de ruta son llevados a cabo por sectores sociales y sindicatos.
La administración de Paz ha llamado al diálogo para «pacificar el país» y para no seguir afectando a una economía golpeada por el aumento de precios del petróleo, según las palabras del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. El Gobierno ha habilitado un puente aéreo para evacuar a los ciudadanos peruanos varados en territorio boliviano a causa de los piquetes.
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