En la sesión de conclusiones que tuvo lugar en la Sala Penal del Tribunal Supremo de este miércoles, día 6 de mayo, estuvieron presentes todas las piezas que permiten entender lo que ha ocurrido desde noviembre de 2024 y, sobre todo, lo que va a acaecer con las causas pendientes en la Audiencia Nacional. Están reunidos los elementos de una parte de uno de los dramas que se escriben para lo que queda de legislatura.
La otra parte está a cargo de la sección 23 de la Audiencia de Madrid y el juzgado de instrucción 41, cuyo titular, Juan Carlos Peinado, ha reafirmado su posición favorable a enjuiciar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en un auto en el que repite su argumento para desestimar los recursos contra su resolución anterior de hacerlo por tribunal de jurado porque se investigan «hechos que provienen de palacios presidenciales, más propios de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizá hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII)».
El hecho no es que el juez Peinado se haya limitado a repetir partes de su auto anterior, el del pasado mes de abril, sino que él mismo haya escogido cuidadosamente ese párrafo. A saber: el Gobierno de Pedro Sánchez es un régimen absolutista. Como pasa con el Irán de los ayatolás. No se le llama Gobierno sino régimen.
La fiscala general del Estado, Teresa Peramato, en la dación de cuenta que le hizo el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, sobre el escrito definitivo que debía presentar en el juicio de José Luis Ábalos, Víctor Aldama y Koldo García, en aplicación del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se opuso a que se hiciera una modificación de la pena solicitada de siete años de prisión – pena que ya suponía un premio por su presunta colaboración- por considerar que los delitos que cometió -la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) lo ha definido como el nexo corruptor y el teniente coronel Antonio Balas dijo de Aldama que el que “paga manda”- son graves.
El actual fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, acató la instrucción de la fiscala General del Estado, pero no dudó en usar la prerrogativa que le confiere el artículo 25.
«El Fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia”.
Luzón, pues, sin modificar, como deseaba, las penas para que una vez condenado Aldama pueda seguir fuera de la cárcel, hizo una contundente defensa de su “modelo” para este caso -que es estúpido llamarlo de las mascarillas porque esos contratos de compraventa son solo pequeños tumores de la pretendida metástasis de la corrupción que vende Aldama– y que es la de dar un trato «a la americana», por así decir, al «nexo corrupto».
Pero es muy probable que Peramato también le hiciera notar su conducta pasiva durante la declaración de Aldama cuando éste aseguró, sin cortapisas, y como guinda del espectáculo que el presidente Pedro Sánchez era el número 1 de la organización criminal de la que Aldama formaba parte con Ábalos y Koldo, asunto que no era objeto de enjuiciamiento. O, más precisamente, habida cuenta de que Luzón, Choclán y Aldama van cogidos de la mano, el silencio del fiscal podía ser interpretado como un asentimiento. Más precisamente: estás pidiendo una atenuante muy cualificada para un acusado que ha dicho que el presidente Sánchez es el número uno de la organización criminal. Si no te desmarcas es que estás dándole un premio.
De ahí que el fiscal, aprovechara en sus conclusiones, para desmarcarse y dijera que Aldama había dicho en su “desahogo” (sic) que Sánchez era el número 1 y que eso, claro, no es cierto,
Pero he aquí lo relevante: Luzón defiende «la recompensa a quien sale del entorno criminal y lo denuncia”, es “esencial para combatir la corrupción y que no se imponga la ley de silencio». Es decir: la omertà, el código de la mafia siciliana que prohíbe cooperar con las autoridades.
Pero, veamos, ¿ha denunciado los hechos Aldama antes de que una entrada y registro en su domicilio incautara documentos y en esa operación terminara ingresando en prisión? No. ¿Ha confesado el delito antes de que comenzara el procedimiento penal? No.
Pero tanto énfasis en que se trata de aplicarle a Aldama penas individualizadas no superiores a dos años para evitar su entrada en prisión pasa por alto el hecho de que según el Código Penal (CP) todas las condenas deben ser sumadas. Y, añade; excepcionalmente podrá concederse la suspensión si ninguna de las penas por cada delito alcanza los dos años. Pero atención el punto 3 del artículo 80 del CP «siempre que no se trate de reos habituales».
¿Es el caso de Aldama? ¿No está acusado en otros procedimientos?
Pues, en realidad está acusado en un caso de evasión del IVA, el caso hidrocarburos que empezó por 183 millones de euros y según la UCO ya se eleva a 210 millones de euros. La colaboración de Aldama con el juez Santiago Pedraz brilla por su ausencia y según la UCO el “nexo corruptor” tiene un patrimonio oculto fuera de España de 73 millones de euros. Por tanto, el fiscal Luzón está forzando la norma penal en su “modelo” importado de Estados Unidos.
Ahora, fue José Antonio Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional, y abogado de Aldama quien trazó el plan de trabajo de lo que será la actividad de lo que queda de legislatura de Luzón. Habló Choclán de la financiación ilegal del PSOE, que estuvo muy presente en este llamado caso de las mascarillas, citó varias veces a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y el caso de obras presuntamente amañadas que Aldama destapó, todo ello para reivindicar para su cliente la aplicación de la atenuante muy cualificada.
Luzón entra en su último año de mandato, el quinto, que vence en septiembre de 2027. Y la instrucción de las futuras piezas van por dónde dice Choclán. Y que ya han aparecido en el juicio de las mascarillas. Ahí están las declaraciones de Aldama y de Carmen Pano, la empresaria que declaró en el juicio, asistida del letrado y exjuez Javier Gómez Bermúdez, haber llevado a la sede del PSOE en Ferraz 45.000 euros una y otra vez. Es decir: 90.000 euros. Pero sin saber a quién se lo entregó. Y en mano, vamos.
Luzón se encamina a citar al PSOE en calidad de imputado al entrar próximamente en su último año de mandato, el quinto, que vence en septiembre de 2027. Y lo dedicará a seguir las pistas de Aldama y Choclán.
A juzgar por los apoyos de Alberto Núñez Feijóo a la reducción de pena para Aldama que ha defendido Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción difícilmente tenga rivales una vez que cambie el “régimen” para ser fiscal general del Estado.
Por caída «accidental» o por elecciones.
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