El abogado del comisionista Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, ha basado su defensa en el hecho de que el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García «ya estaban corrompidos» cuando les contactó en el Ministerio de Transportes, puesto que el contrato con Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas por sí solo no «dimensiona» realmente la organización criminal de la que se acusa en este procedimiento, cuyo origen esta parte sitúa en 2015, por la relación de Koldo García con Santos Cerdán en Navarra.
Durante la exposición de sus conclusiones provisionales, el letrado recordó que la propia UCO habla en sus informes de «organización criminal ya asentada» y que todas las manifestaciones de su cliente han permitido abrir diferentes líneas de investigación, como la que ha dado lugar a la apertura en la Audiencia Nacional de una investigación sobre los pagos del PSOE.
También ha dicho que por esta razón «tienen una lectura» las demandas presentadas por el propio presidente del Gobierno y Santos Cerdán y después por el ministro Félix Bolaños contra su cliente. «La organización no se puede trocear», defendió, para subrayar la importancia de las relaciones de Ábalos con personalidades como otros ministros, presidentes de comunidades autónomas o altos cargos ministeriales.
Ha citado igualmente la «oportunidad de negocio» en suelo de la SEPI que desveló el último audio aportado por Aldama una vez iniciado el juicio para argumentar que su cliente «es más que un instrumento», puesto que «se le capta» para otros intereses, como son las relaciones con Venezuela (a través de la carta dirigida al jefe opositor Juan Guaidó). También le ha descrito como «un recaudador de fondos» para sí «y también para el partido» del que formaban parte Ábalos y Koldo.
Así, el abogado ha destacado que su cliente decidió colaborar con la justicia y ello supuso «una entrega a los brazos de la acusación» que requiere un premio. Ha negado que haya existido un pacto de conformidad con la Fiscalía aunque sea habitual hacerlo y hubiera asegurado una pena menor para su cliente en función de una colaboración «que está prevista en la ley».
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