Estrenaron piso, de los más nuevos de la zona, para empezar una nueva vida con ilusión, pero se toparon con que lo que a simple vista parecen viviendas con todas las comodidades carecen de un detalle muy valorado en pleno siglo XXI: buena cobertura y conexión rápida a internet en pleno núcleo urbano. Que se lo digan a las más de 40 familias de una urbanización del entorno de Puertas Coloradas en Elche que llevan casi dos años inmersos en una batalla administrativa para conseguir acceso a la fibra óptica.
Los residentes comenzaron a llegar a las viviendas entre diciembre de 2024 y enero de 2025, después de que la promotora acumulara ciertos retrasos en la entrega de los inmuebles, narran. Aunque los pisos disponen de toda la instalación interior preparada para la fibra óptica, el problema se encuentra en el exterior, ya que nunca se ejecutó la canalización desde la calle hasta el edificio para conectar la red.
Si bien, ese vacío técnico ha derivado en un conflicto de responsabilidades donde ninguna de las partes quiere asumir el coste de la obra. Según explican los vecinos, la constructora sostiene que la acometida exterior no es de su competencia, mientras que las compañías de telecomunicaciones también les exponen que no les corresponde ejecutar una infraestructura que luego podrían aprovechar el resto de operadoras.
Clases online
Mientras tanto, el día a día de muchos vecinos se ha convertido en un rompecabezas tecnológico. Uno de los residentes, profesor que imparte clases online desde casa, asegura que depende constantemente de compartir datos móviles para poder continuar su trabajo cuando falla el router contratado provisionalmente. “Hay días en los que es imposible mantener una videollamada estable. Si hace viento, la conexión se vuelve una odisea. No podemos trabajar con normalidad, ni siquiera cargar a veces un vídeo de YouTube”, lamenta.
Manifiestan que el problema adquiere todavía mayor gravedad porque es creciente el número de personas que teletrabajan. Desde la comunidad de propietarios reconocen esta situación, que ha llevado a los propietarios a recurrir a tarifas móviles ante la imposibilidad de tener conexión fija estable.
Escritos y reuniones
Los afectados han presentado ya varias reclamaciones ante la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC), y que incluso dieron traslado del problema personalmente tanto al concejal responsable como al alcalde. Narran que fruto de esas gestiones, un técnico del área de telecomunicaciones del Ayuntamiento visitó la urbanización entre octubre y noviembre para comprobar sobre el terreno la situación.
Mediación
Aunque los residentes valoran que la Administración local les haya escuchado, siguen sin una respuesta definitiva sobre plazos o soluciones. A nivel municipal aseguran que están intentando mediar entre las partes implicadas, aunque recuerdan que legalmente la responsabilidad de la conexión no corresponde al Consistorio. “Eso es responsabilidad de la compañía si la constructora no ha hecho la conexión. El Ayuntamiento sólo puede actuar de mediador”, señalan fuentes municipales.
La presidencia de la comunidad admite que, según les han trasladado, la normativa actual podría no obligar expresamente a la constructora a ejecutar esa acometida exterior. No obstante, recuerdan que tradicionalmente este tipo de infraestructuras sí se incluían dentro de las promociones urbanísticas o eran asumidas por las operadoras como inversión inicial.
Es más, el decreto 346/2011 que regula las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) en edificios de nueva construcción por propiedad horizontal establece que las promociones residenciales deben disponer de una infraestructura completa y preparada para facilitar el acceso para que una vez finalizada la obra los operadores puedan llevar su fibra hasta el edificio.
Los residentes están tratando de agotar todas las vías posibles antes de barajar la posibilidad de que sean los propios vecinos quienes asuman económicamente la obra civil para completar la conexión y soterrar los cables. Una opción a la que no quieren llegar debido al elevado coste que implicaría, además de la necesidad de alcanzar acuerdos entre propietarios, aunque trasladan que por ahora hay cierta unanimidad.
Por ello reclaman una solución coordinada entre promotora, operadoras y administración para evitar que una urbanización completamente nueva quede condenada por esta falta de servicios.
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