Los vecinos de Rabasa elevan la presión sobre la Conselleria de Vivienda para que aclare cómo se adjudicarán las viviendas protegidas del Plan Vive previstas en el barrio. La Asociación de Vecinos Sagrada Familia presentó el pasado 4 de febrero un escrito ante la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) para reclamar garantías de transparencia y control en el proceso, pero sostiene que tres meses después sigue sin recibir una respuesta formal. Si la contestación no llega antes del 4 de mayo, la entidad anuncia que acudirá al Síndic de Greuges al día siguiente y estudia convocar una manifestación.
Los residentes quieren que el proceso quede blindado para evitar cualquier sombra de discrecionalidad en un contexto marcado por el escándalo de Les Naus. “Queremos que nos digan si lo van a sortear o cómo lo van a hacer. Si el constructor se las va a dar a quien quiere, se pierde el control de la adjudicación”, advierte Antonio Balibrea, vocal de la asociación vecinal de Rabasa.
La entidad reclama que se publiquen los criterios de acceso a las viviendas y que, si hay más solicitantes que pisos disponibles, la adjudicación se realice mediante sorteo público ante notario. En el escrito registrado en febrero, la asociación también pedía que se hiciera pública la lista de solicitantes, siempre con respeto a la normativa de protección de datos.
La reivindicación afecta a las promociones donde la EVHA cuenta con parcelas para viviendas protegidas tanto en régimen de alquiler como de venta. Los vecinos recuerdan que en ese ámbito hay varias promociones anunciadas y que una de ellas contempla un bloque de 34 viviendas, aunque el desarrollo global incluye más actuaciones.
El temor de la asociación es que la administración pública no ejerza suficiente control sobre el proceso si la adjudicación queda en manos de las empresas promotoras. Balibrea sostiene que la EVHA les ha trasladado que “ha vendido el suelo” y que una empresa adjudicataria se encargará de la comercialización de las viviendas. Para los vecinos, esa explicación no despeja las dudas. “Si no controlan a quién se adjudica, pasará como en Les Naus. La única forma de que no haya trapicheos ni dinero negro bajo manga, si se cumple el máximo de solicitantes, es sorteo ante notario. Si la constructora es la que adjudica las viviendas, estamos perdidos”, afirma.
Si la constructora es la que adjudica las viviendas, estamos perdidos
La preocupación no surge ahora. En el escrito registrado el 4 de febrero, la asociación ya exponía que había mantenido diversos contactos con la dirección de la EVHA para impulsar la edificación de parcelas públicas en el barrio. También recordaba que el 27 de julio de 2025 solicitó una reunión para abordar el proceso de adjudicación, que fue aplazada hasta después del verano. Después, el 17 de septiembre, reiteró la petición y recibió como respuesta que la gestión de la adjudicación sería llevada a cabo por una empresa privada, por lo que no procedía celebrar el encuentro.
El caso de Rabasa se reactiva, además, en plena crisis de confianza por la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante. El escándalo de Les Naus ha abierto un debate sobre los controles públicos en promociones de vivienda protegida y sobre el papel de las administraciones en los procesos de visado, adjudicación y supervisión. Los vecinos de Rabasa vinculan su petición a ese contexto y reclaman que el Plan Vive no nazca en el barrio con dudas sobre quién accede a las viviendas y con qué criterios.
Fuentes de la Conselleria de Vivienda señalan, por su parte, que todavía no está decidido cómo serán los criterios de adjudicación de estas promociones de la EVHA. Según esas fuentes, no se ha cerrado si el sistema será mediante sorteo ante notario, por orden de registro de solicitud o a través de otra fórmula. Tampoco está definido si se aplicará un mismo criterio a todas las promociones o si el procedimiento podrá variar según cada actuación.
Desde el departamento que dirige la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, recuerdan en todo caso el compromiso de la Generalitat y de los promotores con reforzar la transparencia en la vivienda protegida. Camarero defendió recientemente la necesidad de garantizar que el acceso a estas viviendas se realice con “criterios claros, objetivos y públicos” y de reforzar la confianza ciudadana en el sistema.
Suscríbete para seguir leyendo
