El juez de Tarragona Rubén Rus, que instruye el caso Montoro contra el exministro del PP que le da nombre y otros ex altos cargos de Hacienda por un supuesto tráfico de influencias para conseguir normas tributarias beneficiosas a cambio de contratar el bufete que él fundó, ha librado los distintos mandamientos a las entidades bancarias para poder analizar las cuentas bancarias, entre 2006 y la actualidad, en las que el exdirigente del PP, su hermano y otros investigados constan «como titular o autorizado», pero los expertos de la Agencia Tributaria no tuvieron acceso.
En un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el magistrado procede a concretar las entidades y cuentas concretas cuyo contenido debe ser conocido por los investigados para completar el extensísimo informe que le presentaron el pasado 16 de febrero, en el que se cifra en 35,5 millones los ingresos de Equipo Económico, el despacho desde el cual se habrían cometido los presuntos delitos.
En el informe se da cuenta de la «llamativa amortización de una hipoteca» por parte del que fuera responsable de Hacienda durante el Gobierno de José María Aznar y Mariano Rajoy en relación con los ingresos conocidos, dato, en el que los investigadores reconocen que no pudieron acceder a todas las cuentas, razón por la que el jefe de la Unidad de Apoyo de Hacienda en la Fiscalía Anticorrupción sometió a consideración del juez «la conveniencia» de obtener el acceso a todas sus cuentas y productos bancarios, algo que desde el órgano judicial no se tardó en conceder.
El magistrado acuerda libra mandamiento al Banco Santander, de las cuentas que pudiera haber en el Banco Popular, al Banco Sabadell, Caixabank, BBVA, Openbank, Unicaja, Banco Inversis, Bnext Electronic Issuer, Revolut Bank, Banco Banifa, Caja Rural de Jaén, Caja Rural del Sur, Renta 4 Banco, Ibercaja, Deustsche Bank y Bankinter para obtener la información bancaria que en ellos pudieran tener el exministro, Equipo Económico y el resto de investigados.
Hechos investigados
La resolución señala que «tal y como se recoge en los distintos informes de la Unidad de Apoyo, así como en los aportados por la UCO y por Mossos d’Esquadra, existe un entramado de empresas a través de las cuales los socios de Equipo Económico reciben ingresos de éstas sin que aparentemente estés justificados numerosos ingresos realizados a tales empresas, se desprende por tanto la interposición de personas físicas y jurídicas què pudieran haber sido utilizadas por EE/GA con el objeto de blanquear los beneficios obtenidos de las actividades presuntamente ilícitas que se están investigando».
Añade que «en relación a los pagos realizados por las gasistas, se observa una fragmentación de los pagos y un diferimiento de los mismos, observándose ingresos en al menos dos cuentas bancarias diferentes, llamando la atención la existencia de pagos ex socios y familiares, fuera del período en el que ostentaron la condición de socios, llamando la atención además que, no todos los ex socios reciban pagos y que los pagos que reciban sean diferentes, resultando incoherentes con los previos porcentajes de participación, así como que determinados socios perciben ingresos por debajo de su porcentaje de participación e incluso por debajo de otros socios con menor participación. De lo expuesto y del contenido del àencionado informe se desprende la necesidad de acordar las diligencias solicitadas, con objeto de ahondar en la investigación deterñiinando el destino de los ingresos, en cuanto los hechos descritos pudieran constituir un delito de blanqueo, objeto de la presente investigación».
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