La Comunidad de Titulares de Amarres del Puerto Luis Campomanes, que agrupa a 432 propietarios, ha decidido dar un paso al frente e iniciar una ofensiva jurídica, institucional y pública contra la empresa concesionaria Marina Greenwich S.A., ante lo que consideran una situación de “extrema gravedad” en la gestión del puerto.
La decisión fue adoptada por unanimidad en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 31 de marzo de 2026, en la que los afectados aprobaron una primera ronda de financiación destinada a impulsar tanto acciones legales inmediatas como una estrategia de difusión del denominado “Caso Campomanes”.
Condiciones económicas “desorbitadas”
Los titulares sostienen que la actual situación responde a una alteración de derechos adquiridos durante décadas, a través de lo que califican como una reinterpretación interesada de la concesión administrativa. En este sentido, denuncian la imposición de nuevas condiciones económicas que consideran “desorbitadas” y alejadas del marco original en el que adquirieron sus derechos de uso.
Según explican, el conflicto radica en el intento de convertir una prórroga administrativa en un mecanismo que, en la práctica, permitiría vaciar de contenido esos derechos consolidados, desplazando a los actuales titulares y abriendo la puerta a una operación con un potencial beneficio millonario. A su juicio, este escenario resulta incompatible con el interés público que debe regir una concesión sobre dominio público.
Actuaciones “irregulares”
Los afectados también advierten de la existencia de actuaciones que consideran irregulares e incluso potencialmente ilegales, así como de presiones sobre titulares y negocios vinculados al puerto. En su valoración, se estaría imponiendo un modelo orientado a maximizar la rentabilidad económica de la concesión en detrimento de los derechos preexistentes.
Ante esta situación, la comunidad ha anunciado que llevará el caso “hasta sus últimas consecuencias”, con el objetivo de exigir responsabilidades en todas las instancias necesarias y defender lo que consideran sus derechos legítimos frente a la actual gestión del enclave portuario.
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