PP y Vox rubricaron por fin ayer su acuerdo para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura y repartirse un Gobierno en el que la ultraderecha tendrá dos asientos y un buen número de políticas propia en el plan de trabajo. Aragón y Extremadura no son lo mismo, como se afanan en explicar políticos de ambas comunidades, pero seguro el acuerdo alcanzado para mantener en la presidencia a Guardiola sirve para intuir por dónde puede ir el acuerdo que tiene el mismo fin, pero con el aragonés Jorge Azcón. Inmigración ilegal, «la prioridad nacional» en muchas políticas y la rebaja de impuestos son algunos de los puntales de un pacto en el que Vox ha conseguido impregnar su sello.
Vox se queda con una consejería de Desregularización, Familia y Servicios Sociales, que tendrá rango de vicepresidencia, y otra cartera de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. El reparto de responsabilidades, según fuentes de Génova, no tiene que ser el mismo en Aragón. Jorge Azcón tiene autonomía para decidir quién y qué partido asume cada una de las tareas, siempre que llegue a acuerdo con Vox.
«No más menores extranjeros no acompañados», afirma el documento, que reclama «el rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central» de forma «expresa» y «se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad». Extremadura no participará en «reformas normativas ni acuerdos presupuestarios» para que los menores extranjeros lleguen o se queden en la comunidad.
La autonomía adaptará el nuevo Reglamento Europeo de Retornos, al «instar» al Gobierno de España a que aplique esta normativa. La Junta de Extremadura «trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen», en virtud de que «los menores deben estar con sus padres». No se crearán plazas y se reducirá al mínimo legal el gasto en estas políticas, a aplicar «desde el primer día de Gobierno».
En materia de inmigración, la Junta verificará las edades de los inmigrantes ilegales, una petición que Vox ha repetido por activa y por pasiva en el último año y medio de legislatura. Extremadura impulsará una auditoría anual de «todos los gastos vinculados a la inmigración masiva» y suprimirá las ayudas a «ONGs que favorezcan la inmigración ilegal». La ultraderecha solicitó ambas cosas al PP desde la oposición en Aragón. Otros dos acuerdos firmados son «la prohibición del uso del burka y el nikab en espacios públicos» y «la supresión de la aplicación del programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí».
Prioridad nacional y rebaja de impuestos
Bonificar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, reducir el IRPF autonómico, reducción «general» de los tributos de la comunidad y el de Actos Jurídicos Documentados también forman parte del acuerdo. El PP exigió a Vox aprobar el Presupuesto de 2025 y 2026 para llevar a cabo estas acciones, pero no se concretó.
La «joya» del acuerdo es «la prioridad nacional» en reparto de subvenciones y en el acceso a la vivienda. «Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional», afirma el pacto entre las dos derechas, que exigirá «arraigo real y prolongado» y valoración «positiva» para «los perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda». También habrá «impulso del alquiler estable y asequible mediante incentivos fiscales». En Aragón, el PP en su plan Aragón Más Vivienda ha apostado por la construcción de vivienda pública y también ha centrado sus líneas de intervención en la gente joven.
En ayudas públicas, Extremadura reducirá al 50% las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, una medida solicitada por Vox en Aragón que el PP de Azcón no quiso ni plantearse y que no pasó en ninguno de los presupuestos por la cabeza de los populares. El acuerdo también pide acreditar «la utilidad efectiva» de las ayudas públicas y reducir al mínimo legal las subvenciones a la cooperación internacional al desarollo. El único Presupuesto firmado por las dos derechas en Aragón, el de 2024, ya ejerció un importante recorte en esta materia.
