A nadie se le escapa que la sentencia que dicte el Tribunal Supremo, cuando concluya el juicio que ha comenzado esta semana en relación con las prácticas presuntamente corruptas del exministro José Luis Ábalos, el que era su asesor, Koldo García, y el comisionista Víctor de Aldama, tendrá trascendencia mucho más allá de los meros contratos de mascarillas que pudieron comprar organismos dependientes de Transportes durante la pandemia. Se leerá con especial detenimiento en los procedimientos que se siguen al otro lado de la plaza Villa de París, en la Audiencia Nacional. Y eso se traslada a los interrogatorios que durante la vista están realizando tanto el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, y la acusación cuya dirección letrada desarrolla el PP, por un lado, como las defensas, especialmente la de Koldo García, que ejerce Leticia de la Hoz, por el otro.
Al ser el Supremo la cúspide de la justicia ordinaria y, por tanto, el tribunal que acabará revisando en casación las sentencias que pueda dictar la Audiencia Nacional, se antoja difícil que en el resto del caso Koldo acabe concluyendo algo distinto a lo que hayan determinado en su sentencia los siete magistrados que ya juzgan a los tres acusados. Pero, además, con independencia de eso, se nota que todas las partes pretenden aprovechar las declaraciones que se producen ante la Sala Segunda para mucho más que para buscar la propia condena o absolución de los que se sientan en el banquillo, porque en sus preguntas se detienen en todos esos extremos que pueden ser fácilmente trasladados al procedimiento seguido en la Audiencia.
Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. / FERNANDO ALVARADO / EFE
Muestras de ello ha dado Luzón cuando ha repreguntado al testigo cada vez que se daba a conocer alguna intervención de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en relación con las molestias que denunciaba sufrir Jésica Rodríguez, que fue pareja de Ábalos, aunque su propio abogado le haya preguntado si se dedica a la prostitución. El temperamento «inconformista» de la mujer ha salido a relucir de muy diversas formas y por distintos testigos, como Luis Alberto Escolano, el amigo de Aldama que le pagó el piso de la lujosa Torre de Madrid durante dos años, o el exsubdirector de Adif encargado de los proyectos para los que supuestamente trabajó para Tragsatec que describió la «altivez» y «soberbia» que percibió en ella cuando le reclamó el currículum.
Este alto cargo de la compañía, Ignacio Zaldívar, fue quien la identificó en sus notas sobre la actividad laboral que desarrollaban las 300 personas que participaban en el proyecto con el término «presidencia» para acordarse de a quién debía dirigirse si había problemas con esta persona «especial». El testigo explicó que le asignó esa categoría cuando la presidenta de Adif le pidió que trasladara a Tragsatec que el ministro había pedido que no se la molestara. «¿Quién era la presidenta de Adif en ese momento?», preguntó el fiscal como el que no quiere la cosa; «Isabel Pardo de Vera», respondió el testigo.
Desde el otro lado, la abogada de Koldo García, pero también de su exmujer Patrica Úriz y su hermano Joseba, Leticia de la Hoz, no ha dejado pasar una oportunidad para aligerar la responsabilidad penal en la que pueda incurrir este último, a través de su trabajo en Ineco, en el que supuestamente Jésica Rodríguez estaba a sus órdenes. Dada su condición de imputado, Joseba solo accedió a contestar a su defensa, pero a través de sus preguntas trató de dar cumplida explicación a los hechos que se le imputan y hasta a reconocer los pagos en efectivo de Ferraz, para justificarlos con los adelantos de gastos realizados por Koldo.
El hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre. Juicio a José Luis Ábalos y Koldo García en el Supremo. / José Luis Roca
Ensayo para ‘los mosqueteros’
Las sesiones celebradas hasta el momento también han servido para constatar que un buen número de los testigos aportarán poco o nada a los magistrados que juzgan la causa en el Tribunal Supremo. Son los que, como Koldo o la empresaria Carmen Pano, también están imputados en la parte del procedimiento que se sustancia en la Audiencia Nacional. Por ello comparecen asistidos de abogado, ya que lo hacen en su doble condición de testigos e imputados, lo que les dispensa de contestar aquello que consideren que puede perjudicar su derecho de defensa.
Entre ellos están tres socios del comisionista Víctor de Aldama que compartían con él un grupo de WhatsApp en el que se hacían llamar «los mosqueteros». Por el momento han sido llamados Ignacio Díaz Tapia y César Moreno, que no han abierto apenas la boca, pero, como las acusaciones han procedido a formular las preguntas que tenían preparadas para ellos, sí han podido observar por dónde irán previsiblemente las que les realizarán las acusaciones cuando llegue el momento de su propio juicio.
En el caso del primero, se limitó a admitir que realizó unas pruebas médicas en el Ministerio de Transportes, sin entrar al trapo de las cuestiones que le planteó el fiscal Anticorrupción sobre presuntos pagos a Koldo y sus negocios con el comisionista sentado en el banquillo. En el caso de Moreno, se le preguntó sin éxito sobre los 10.000 euros mensuales que en sus chats reconocía que se entregaban al asesor ministerial o la propia existencia del chat ‘Mosqueteros».
Aunque también está imputada -en su caso por la trama de hidrocarburos- Carmen Pano sí respondió a todo lo referido con su relación con Aldama y el encargo que por dos veces este le realizó para entregar 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz. Todo parece indicar que otros testigos citados para futuras sesiones del juicio, que se encuentran imputados, como es el tercer «mosquetero» Javier Serrano, exaltos cargos de Transportes o la propia Pardo de Vera darán también la callada por respuesta ante el Tribunal Supremo.
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