En el mes de marzo de 1926, el general presidente de los Estados Unidos Mejicanos, Plutarco Elías Calles ordenaba la expulsión masiva de sacerdotes extranjeros y el cierre de conventos en el país. Esta acción fue parte de su política abiertamente anticatólica que derivó en la denominada «Ley-Calles» (la cual desarrollaba y ponía en práctica algunos de los artículos anticlericales de la Constitución mejicana de 1917, instituida bajo la presidencia de Venustiano Carranza), promulgada el 14 de junio de 1926. Un mandato que, de facto, prohibía el culto católico en toda la nación y cuya transgresión pasaba a ser considerada como uno de los más grandes delitos, castigado con grandes penas, decretadas ad hoc en el Código Penal.
En palabras del historiador mejicano Antonio Rius Facius, con esta ley el presidente de Méjico «se aplicó a la destrucción de la Iglesia en su patria, usando y abusando de la violencia groseramente disimulada tras de leyes persecutorias que, por razón natural, no podían ser acatadas por quienes resultaban perjudicados en sus más irrenunciables derechos».
Fue así como, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley, el 31 de julio de 1926, los obispos mejicanos emitieron el manifiesto Non possumus (No podemos), en el que exponían que no podían aceptar la ley porque atentaba contra el derecho fundamental de libertad religiosa. Y a renglón seguido, la «Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa», convocó un boicot contra el Gobierno, con el objetivo de presionarlo para que retirase la ley
Pero la respuesta de Elías Calles fue endurecer aún más sus leyes anticatólicas, de manera que, entre otras muchas decisiones coercitivas, en algunos estados se llegó incluso a decretar el destierro y aun la muerte no solo al sacerdote a quien se descubriera celebrando la misa y oyendo confesiones, sino también a las personas que la oían o se confesaban.
Tras numerosos levantamientos populares y choques armados con el ejército, en enero de 1927 estalló en Méjico la Revolución Cristera (así llamada porque sus partidarios luchaban bajo el lema de «Viva Cristo Rey», con el que se reivindicaba la realeza de Cristo, en sintonía con la encíclica del papa Pío XI Quas primas, promulgada el 11 de noviembre de 1925, que instituía la festividad de Cristo Rey).
Aquella sangrienta guerra habría de prolongarse por espacio de dos años y medio, hasta el 21 de julio de 1929, fecha en la que, bajo la presidencia de Emilio Portes Gil, se firmó un engañoso armisticio (conocido como Los arreglos), taimadamente auspiciado, en favor del Gobierno de Méjico y de los intereses en la región de los Estados Unidos, por el embajador norteamericano (y agente de la banca J.P. Morgan) Dwight Morrow.
Y es que, a pesar de Los arreglos, y según algunas fuentes, a finales de 1929, el Gobierno mejicano había ejecutado ya a todos los líderes cristeros de los estados de Guanajuato y Zacatecas. Y entre 1929 y 1935, ascendieron a, al menos, 5.000 los cristeros asesinados por las fuerzas militares en el país.
En cuanto al número total de víctimas de la guerra, en el año 1986 el entonces presidente de Méjico, Miguel de la Madrid, declaró en una visita oficial a Francia que la cifra total de los caídos de ambos bandos, incluyendo la población civil, era de 250.000 muertos.
Entre lo peor de aquel conflicto figura la brutal e inhumana manera de actuar de las tropas gubernamentales contra la población civil indefensa. Así, el historiador francés Jean Meyer, en su obra La Cristiada, relata cómo las columnas federales crearon numerosos campos de concentración. El principio era simple: se fijaba un plazo de algunos días a las poblaciones civiles para que evacuaran determinado perímetro hasta una serie de fincas previstas. Pasado el plazo, toda persona a la que se encontraba en la zona roja era ejecutada sin juicio previo. Las columnas se apoderaban de las cosechas y los rebaños, incendiaban los pastizales y los bosques y sacrificaban con ametralladora el rebaño que no podía ser llevado en tren. Cientos de miles de personas fueron víctimas de este sanguinario plan gubernamental de exterminio que provocó la muerte de miles de desplazados forzosos por mor de las malas condiciones higiénicas que había en los campos de concentración, las epidemias de viruela que en ellos se originaron y la malnutrición.
Otro historiador, el sacerdote argentino Javier Oliveras Ravasi, relata cómo para el Gobierno mejicano la muerte en la horca revestía en todas partes el carácter de ejemplaridad, siendo costumbre ahorcar a los detenidos al lado de carreteras y vías férreas para que todo el mundo los viera y les infundiera terror. Así mismo, la violencia sexual contra las mujeres y la tortura se practicaron sistemáticamente por las tropas gubernamentales como arma de guerra. Fue así como, en palabras del historiador Jean Meyer, el modus vivendi de la población civil se convirtió en un modus moriendi.
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