A finales de mayo los agricultores agrupados en la Junta Central de Regantes del Vinalopó y l’ Alacantí habrán dejado de recibir más de 9,4 hectómetros cúbicos (hm3) de los 32 que les correspondía este año 2026 en función de la hoja de ruta determinada por las normas de explotación del trasvase de Júcar-Vinalopó. La propia Junta Central tuvo que prescindir de 4,6 al tener que solicitar la interrupción del suministro a principios de años al carecer de infraestructuras de almacenamiento de agua suficientes. El embalse de San Diego, ubicado en Villena y diseñado para recibir la entrega del caudal del trasvase y regular los excesos o ausencia de demanda de sus usuarios, con una capacidad de 20 hectómetros, nunca ha estado operativo desde que se terminó en 2010 porque tiene goteras: toda el agua que llegaba se filtraba al subsuelo.
Con la reducción de la demanda de agua de los cultivos este invierno por las bajas temperaturas y las lluvias más generosas de lo habitual, los embalses del postrasvase en La Cuesta, con 930.000 m³ y El Toscar, con más de 600.000 m³ estaban completamente llenos, al igual que los más grandes de las comunidades de regantes como La Mola o Los Suizos (Albatera). Y se tuvo que cerrar el grifo.
Túnel de Corbera
Ahora, Acuamed, la empresa estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que gestiona la infraestructura, ha comunicado a los regantes, según explicó su principal representante, Ángel Urbina, que tiene que llevar a cabo obras de reparación del túnel de Corbera, de 2.800 metros de longitud, que supera la sierra del mismo nombre, situado cerca del arranque del acueducto en la provincia de València. Se prolongarán durante más de un mes: desde el próximo 6 de abril al próximo 18 de mayo. Lo que provocará, según los cálculos de la Junta Central, el bloqueo de otros 4,8 hectómetros en ese periodo. En total, los dos parones suponen esos 9,4 hectómetros.
Embalse de La Cuesta, de la infraestructura del postrasvase del Júcar / Áxel Álvarez
Es eficaz cuando funciona
Los regantes señalan que se trata de una situación muy lamentable porque las reglas de explotación confirmadas desde principios de 2025 por las que se rige el trasvase han demostrado ser efectivas para cubrir los dos objetivos principales con los que se concibió inicialmente la infraestructura que costó más de 320 millones de euros: mejorar el estado ambiental de las masas de agua subterráneas sobreexplotadas y garantizar el riego agrícola con agua de calidad a un precio razonable -0,24 euros por metro cúbico- para los regantes.
Urbina recordó que durante 2025 se trasvasaron 37 hectómetros cúbicos desde el azud de La Marquesa, en el tramo final del río Júcar en Cullera hasta Villena cuando la previsión era que se impulsaran 22. Indicativo que la demanda y el trasvase funcionaron a pleno rendimiento y mayor capacidad de la esperada. Y sobre todo, volvió a reiterar, que durante todo ese año «cada metro cúbico de agua excedente del Júcar -la toma se sitúa a escasos kilómetros del mar en Cullera- se ha correspondido de forma equivalente con un metro cúbico de agua dejado de extraer de las masas de aguas subterráneas», insistió Urbina. Los informes del área del Ciclo Hídrico de la Diputación Provincial de Alicante señalan que esas reglas de explotación han permitido mantener e incluso recuperar de forma reseñable los niveles piezométricos de algunos de esos acuíferos.
Objetivo ambiental
Con lo que el objetivo ambiental se estaba cumpliendo. Además, destaca el representante de los usuarios del trasvase se trarta del único ejemplo en práctica en España de sustitución de recursos de masas subterráneas sobreexplotadas por otros alternativos y la única zona geográfica que está cumpliendo por anticipado la legislación europea en ese ámbito.
Con la característica añadida en el caso del ámbito de los valles del Vinalopó que esa mejora de los acuíferos redunda directamente también en el abastecimiento urbano. Porque ciudades medianas como Villena, Elda, Sax, Petrer o Novelda dependen de los pozos para un abastecimiento que no garantiza el agua del Júcar, que solo es apta para el riego y donde las infraestructuras de recursos hídricos desalados no pueden llegar.
Extraer más de pozos
El dilema que tienen que plantear ahora los regantes a Acuamed y la Confederación Hidrográfica del Júcar es que deberán, de nuevo, recuperar una parte de la extracción de recursos hídricos de pozos. Algo que Urbina señala recuerda que sería innecesario si el Gobierno se hubiera comprometido hace años a la reparación de un embalse de riego como el de San Diego, único en su diseño al dotarse de una capacidad para 20 hectómetros, y el que empleó en su construcción 40 millones de euros no se hubiera «desentendido de su reparación» prácticamente desde que se concluyeran sus obras. Con ese volumen de reserva se hubiera cubierto sobradamente las necesidades de riego en el postrasvase del Júcar tanto en su margen derecha como la izquierda con situaciones como las que se han dado este año.
Obras del postrasvase Júcar-Vinalopó en su margen izquierda, financiadas por la Generalitat / Alex Domínguez
Miteco
Para Urbina que el Ministerio para la Transición Ecológica, tras años de reivindicaciones de los regantes, en su útima respuesta sobre la reparación de San Diego haya avanzado que las obras se llevarán a cabo en 2028 «es una auténtica provocación». Volvió a reiterar que cuando se firmó el convenio entre Acuamed y los regantes en octubre de 2023 ese documento indicaba que todas las infraestructuras estaban entregadas y operativas, en algo que responsabilidad de la Administración. «Sería el Estado el que debe explicar en Europa cómo justifican el gasto de los 40 millones de euros que costó el embalse de San Diego».
93 kilómetros, agua subvcionada y un consumo energético que sigue sin rebajarse
El trasvase Júcar-Vinalopó salva con una conducción más de 93 kilómetros y 600 metros de desnivel entre el azud de La Marquesa en el río Júcar (Cullera) y la balsa de San Diego en Villena. Entre 2010, cuando se terminó la obra y 2023 los trasvases de agua a los regantes fueron muy puntuales porque el precio del agua era inasumible y solo se dispuso en periodos de mucha escasez. Con el convenio de 2023, firmado entre regantes y el Gobierno el Estado pasó a subvencionar el agua, lo que redujo sensiblemente su precio, al tiempo que comenzó a trabajar en la construcción de plantas solares en Moixent y Llosa de Ranes que ayudaran a rebajar el consumo energético de los bombeos: las cuatro estaciones de bombeo requieren una potencia total instalada de 57.880 kW.
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