La Fampa Castellón Penyagolosa,entidad que agrupa a las asociaciones de familias de la educación pública, ha mostrado su respaldo a las reivindicaciones de la huelga educativa convocada para este martes, 31 de marzo.
Unas movilizaciones que, como indican desde la Fampa, «responden a la necesidad de reclamar a las administraciones medidas concretas que garanticen una mejora real de la enseñanza pública en todos sus ámbitos». «Se trata de asegurar que niñas, niños y jóvenes puedan aprender, y que toda la comunidad educativa pueda desarrollar su labor en condiciones dignas, con recursos suficientes y en espacios seguros y adecuadamente climatizados, entre otras reivindicaciones», han apuntado, añadiendo que «esta jornada valora la dignidad de la enseñanza pública como pilar fundamental de nuestra sociedad».
Asimismo, la Fampa ha manifestado su apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, de la que forma parte, y ha anunciado que se sumará a las concentraciones convocadas, «reforzando así sus valores de colaboración, participación y defensa de los derechos de las familias». En concreto, los sindicatos docentes organizan una concentración a las 10 horas frente de la Dirección Territorial de Educación de Castellón, en la avenida del Mar de la capital de la Plana, para manifestarse posteriormente, a partir de las 12 horas, desde la plaza de les Aules.
«Fuerte, justa y en valenciano»
Con todo, la federación ha animado a la comunidad educativa y a la sociedad en general «a reconocer la importancia de una enseñanza pública fuerte, justa, respetada y en valenciano«. Además, ha recordado que la paralización de la actividad docente no forma parte de sus competencias, ya que el derecho a huelga corresponde a los trabajadores y sus sindicatos.
La Fampa también ha explicado que las familias «tienen la obligación legal de asegurar la asistencia de sus hijos e hijas a los centros educativos durante las etapas obligatorias» y que una comunicación suya «no exime de responsabilidad por las faltas de asistencia si el centro se mantiene abierto».
«Cabe añadir que el alumnado sí tiene regulado el derecho a no asistir a clase como forma de protesta, normalmente a partir de 3.º de ESO, siempre mediante decisiones colectivas comunicadas a la dirección del centro, pero no es un derecho que las asociaciones de familias puedan ejercer de manera unilateral en nombre del centro o de sus hijos», han concluido.
