El Gobierno ha logrado una victoria holgada en el real decreto con medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. El Ejecutivo ha cosechado el respaldo de la mayoría de sus socios, 173 votos favor, y la abstención del PP y de Podemos. Tan solo los 33 diputados de Vox se han opuesto, rechazando las medidas. No obstante, las cifras de la votación no son un reflejo fiel del debate que se ha vivido en el Congreso, con todos los aliados criticando al Ejecutivo al considerar que el ‘escudo social’ es «insuficiente».
«Estamos ante un paquete de medidas completo, ambicioso y que se puede resumir en dos palabras: proteger y preparar. En primer lugar, responder a la urgencia de las consecuencias inmediatas para hogares y empresas y, en segundo lugar, prepararnos ante futuros shock redoblando nuestra apuesta por la soberanía energética», ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desde la tribuna del Congreso antes de pedir el apoyo a todas las formaciones de la Cámara. Lo cierto es que ya tenía asegurado el respaldo de sus aliados.
A lo largo de la semana, los socios del Gobierno han ido confirmando su apoyo, en la mayoría de casos de manera crítica, y este mismo jueves el PP eliminaba cualquier presión anunciando su abstención. Aun así, los partidos han criticado al Ejecutivo. Los de izquierdas –ERC, EH Bildu y Podemos– por ser «insuficiente», estar centrado en una rebaja de impuestos que permitirá a las grandes empresas incrementar sus beneficios y no topar los precios. Los de derechas –PP, Junts y PNV– han sacado pecho de ser los ideólogos de muchas de las medidas, pero también poco creen que sea «suficiente».
Las medidas
El decreto, según explicó el propio Sánchez, moviliza 5.000 millones de euros para amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán sobre hogares y empresas. Entre sus medidas principales está la rebaja temporal de la fiscalidad energética y de los carburantes —con el IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets, la leña y los carburantes al 10%, la bajada del impuesto especial de la electricidad al 0,5% y recortes en hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la UE—, además de la congelación del precio máximo del butano y el propano.
A esto se suma rebajas de 20 céntimos por litro de carburante para los profesionales de sectores especialmente afectados, como el transporte, agricultura, ganadería y pesca. También la prórroga durante 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, el refuerzo del bono social térmico, la prohibición de cortar suministros esenciales a los hogares vulnerables. En otro orden de cosas, la norma también prohíbe que las empresas que se beneficien de ayudas puedan despedir a sus trabajadores.
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