Impotencia entre las víctimas, indignación en el PP, ante la salida de prisión de la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre Anboto, tras cumplir sólo 6 de los 717 años de condena que le impuso la Audiencia Nacional, por su participación en 14 asesinatos.
A partir de este lunes, gozará del régimen de semilibertad (podrá salir a la calle de lunes a viernes), por decisión del departamento de Justicia del Gobierno vasco, que dirige la socialista María Jesús San José.
«Esta es la más inmoral de las corrupciones sanchistas: presos a cambio de poder«, afirma la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a EL ESPAÑOL
«Este acuerdo encapuchado del PSOE con Bildu», añade, «nos ha llevado a que las víctimas tengan que ver cómo los asesinos obtienen beneficios penitenciarios sin colaborar con la Justicia ni arrepentirse».
Las asociaciones de víctimas del terrorismo se sienten impotentes y desprotegidas, ya que el Gobierno vasco ha recurrido a una fórmula, la aplicación del artículo 100.2 del código penitenciario, que les impide recurrir contra la decisión.
Tal y como denuncian desde la Asociación Dignidad y Justicia, es «un tercer grado encubierto» porque las víctimas no pueden apelar al “no depender ni del fiscal, ni del juez, sino directamente de la administración penitenciaria”.
«Con el 100.2 ni nos avisan ni podemos recurrir nada. Muchas veces nos enteramos por la prensa», coincide Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Por ello, la indignación crece: «Nos hemos puesto en contacto con el Gobierno Vasco y nos han dicho que, efectivamente, no podemos hacer absolutamente nada más que aguantarnos».
En los años más terribles del terrorismo, el histórico dirigente del PP vasco Carlos Iturgaiz vio caer a compañeros de partido como Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, asesinados por ETA.
Y hoy lamenta que muchos socialistas parecen haber olvidado que, no hace tanto tiempo, «sus compañeros estaban en el mismo corredor de la muerte que los del PP en el País Vasco» debido a la amenaza de ETA.
Desde que asumió las competencias en materia penitenciaria, el Gobierno vasco ha concedido 114 terceros grados a presos etarras, según los datos del Observatorio Penitenciario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
«Hoy es Anboto, ayer fue Txeroki…», enumera Iturgaiz, «es una gota malaya, el Gobierno está humillando a las víctimas, que están sufriendo constantemente» ante esta situación.
Los terroristas salen a la calle, en virtud de los pactos suscritos entre el PSOE y Bildu, pero «ni se arrepienten, ni colaboran con la Justicia» para esclarecer los más de 350 asesinatos cuya autoría todavía no se ha determinado. Algo que «ayudaría a las víctimas a descansar», afirma el expresidente del PP vasco.
Y lo más terrible es que, debido a estas políticas, las víctimas se pueden encontrar ahora por la calle a los asesinos de sus familiares, o a los chivatos que los señalaron ante la banda. O descubrir que ahora son sus vecinos, como ocurre en muchos casos, recuerda.
En conversación con EL ESPAÑOL, Carlos Iturgaiz se muestra rotundo: «El mundo de Bildu está controlado por ETA, que ya no mata, pero hace política, hace cultura, dicta la memoria histórica de nuestro país».
«Basta ver la pirámide de Sortu, que es la que manda en Bildu», ilustra, «ahí están David Pla, Elena Beloki y el propio Otegi. Eran los jefes de ETA» y hoy dirigen su aparato político, que tiene un papel decisivo para sostener al Gobierno de Pedro Sánchez.
«Por seguir un día más, Sánchez está dispuesto a pactar con el diablo», indica Iturgaiz.
Soledad Iparraguirre Anboto, que a partir de ahora podrá salir de prisión de lunes a viernes, tiene un largo historial criminal.
Mediante un acuerdo con la Fiscalía, aceptó en 2021 una pena de 15 años de cárcel por ordenar el intento fallido de asesinato del rey Juan Carlos I en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao, el 18 de octubre de 1997.
También fue procesada por la Audiencia Nacional, junto a otros tres miembros de la cúpula de la banda, por ordenar el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997. Sin embargo, la Audiencia se vio obligada a archivar finalmente la causa, porque el crimen había prescrito.
Fue, además, una de las cajeras de ETA, como responsable del aparato de cobro y gestión del impuesto revolucionario, que la banda terrorista exigía a numerosas empresas para financiar su actividad criminal .
Estos terroristas que ahora salen a la calle, afirma Iturgaiz, son auténticos «carniceros, fanáticos fundamentalistas, como los que vemos ahora en el yihadismo. Verdaderos talibanes del terrorismo«.
El precio para las víctimas
María Jiménez es historiadora y doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra, especializada en el terrorismo de ETA. En su libro El tiempo del testimonio. Las víctimas y el relato de ETA (2023), refleja su preocupación constante por la memoria de las víctimas.
La historiadora constata, en declaraciones a EL ESPAÑOL, la «paradoja» que se produce tanto en los tiempos de violencia como en el momento actual de «postviolencia»: «Las exigencias públicas a las víctimas han aumentado y las exigencias públicas a los perpetradores han disminuido».
«Nos encontramos a unos perpetradores o unos terroristas», relata, «a los que se favorece para que salgan en libertad, sin haber hecho un camino de reflexión ética» y sin que se les exija «criticar de manera abierta su pasado».
El reverso de la moneda son las víctimas del terrorismo, convertidas en una figura «incómoda» para la sociedad.
«Lo eran mientras la violencia actuaba», señala María Jiménez, «porque reivindicaban sus derechos y ponían frente al espejo a los responsables institucionales y políticos y les interpelaban para preguntarles qué hacían» frente a los crímenes cometidos.
Y lo son ahora, porque se impone en la sociedad la idea de que «la convivencia tiene un precio y ese precio son las víctimas«, afirma la doctora en Comunicación e investigadora del fenómeno del terrorismo de ETA.
