Más de 17.500 firmas de ciudadanos de la Región de Murcia apoyan el ‘blindaje’ de las pensiones públicas en la Constitución española para «mantener el poder adquisitivo real». Representantes del movimiento social ‘Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones’ entregaron este jueves al delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, los documentos que acreditan el apoyo de estos miles de murcianos a que el Ejecutivo central ponga en marcha una reforma que incluya «la prohibición expresa de que cualquier gobierno pueda recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones».
Tras la concentración a las puertas de la Delegación en la avenida Teniente Flomesta, entraron a las dependencias estatales para ser recibidas por Lucas. La de Murcia fue una de las más de cien concentraciones que estaban previstas en distintas ciudades del país bajo el lema ‘Somos 49 millones para Blindar las Pensiones en la Constitución’. De hecho, este jueves también se celebraron otras concentraciones en la Plaza del Ayuntamiento de Cartagena y junto al Centro de mayores en Caravaca.
Un momento del encuentro con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas. / Israel Sánchez
Los convocantes rechazan que la aprobación de la revalorización anual de las pensiones dependa de «los intereses coyunturales de los grupos parlamentarios» en el Congreso de los Diputados, como ocurrió el pasado 27 de enero cuando se rechazaron al vetar el real decreto-ley ómnibus donde se incluyeron inicialmente.
En este sentido, en el manifiesto leído este jueves por la mañana en Madrid, la Mesa Estatal también exigió un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas, aumentando su protección y rango como derecho constitucional.
