El Gobierno central aleja las posiciones de máximos del ejecutivo vasco en su pretensión de asumir la gestión de los aeropuertos vascos. Un traspaso sobre el que Pedro Sánchez se comprometió a avanzar durante su última reunión en Moncloa con el lehendakari Imanol Pradales, fijándose Semana Santa como plazo límite para llegar a un acuerdo político. Las principales pegas ahora vienen del ministerio de Transportes, que se adhiere básicamente los argumentos de Aena, claramente contraria a la operación. La línea roja, según trasladan fuentes del departamento que dirige Óscar Puente, es la creación de una suerte filial del gestor aeroportuario como plantearon en un principio los nacionalistas vascos, y rechazan incluso hablar de “cogestión”, como habían concedido en un principio desde Política Territorial.
En cualquier caso, apuntan las mismas fuentes, se trataría de encajar “algún tipo de cierta participación” del gobierno vasco para que pueda influir en la toma de decisiones respecto a los tres aeropuertos en su territorio (Bilbao, Vitoria y Hondarribia). Una fórmula que está todavía negociándose, pero que agua las expectativas del Ejecutivo vasco. La última reunión celebrada el pasado lunes en el ministerio de Política Territorial, pero presidida por Transportes, se saldó así sin avances.
Fuentes del gobierno vasco evitan apuntar que el encuentro fuese mal, si bien dicen centrarse en avanzar ‘partido a partido’ en la que sería una de las cesiones más complejas. La Constitución incluye los aeropuertos de interés general como competencia exclusiva del Estado, mientras que el Estatuto de Gernika recoge la posibilidad de asumir la competencia de estos aeropuertos “cuando el Estado no se reserve su gestión directa”.
Tras el encuentro, la consejera de Gobernanza, Maria Ubarretxena, remarcó su voluntad de “garantizar el nivel de gestión que corresponde a Euskadi sobre estas infraestructuras que recoge el Estatuto de Gernika”. Desde la regulación aeroportuaria, el volumen y orientación de las inversiones o las tasas aeroportuarias, hasta la conectividad. En Transportes, por su parte, señalan las dificultades e insisten en que Aena es una empresa cotizada en Bolsa con importantes inversores que no permitirían una cesión.
La empresa semipública está participada por el Estado en un 51% y el restante 49% está en manos de accionistas privados. El presidente del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, volvía a enfriar esta semana el traspaso, alertando además que un cambio del modelo de gestión impediría desplegar las inversiones previstas para mejorar las infraestructuras. Una La presión de los accionistas por mantener el control se suma a la que ejerce en el sentido contrario el PNV, socio prioritario del Gobierno en un momento de creciente debilidad parlamentaria.
El objetivo de la Comisión Bilateral de Cooperación prevista para finales de marzo, pero todavía sin agendar, se fijó para abordar “el traspaso de nuevas competencias pendientes, incluyendo, entre otras, la relativa a aeropuertos”, según destacó Pradales tras su última reunión con Sánchez. La respuesta prototipo de Moncloa es que la fórmula que surja para avanzar en este compromiso se ajustará al marco constitucional.
La mitad de las competencias transferidas
El Ejecutivo busca mantener el apoyo de los nacionalistas vascos y culminar las transferencias del estatuto de Gernika, como se pactó en el acuerdo de investidura, es prioritario en Sabin Etxea. En lo que va de legislatura, Euskadi acapara la mitad de las 24 competencias transferidas a comunidades autónomas. Se trata también las de más entidad, tanto en términos de autogobierno como de coste efectivo y personal.
Las últimas cinco, selladas en un mismo paquete en la Comisión Mixta de Transferencias celebrada el pasado 16 de enero, incluyen cesiones como las prestaciones de la Seguridad Social, convirtiendo a Euskadi en la primera comunidad en gestionarlas. Solo esta competencia conlleva un volumen anual de recursos cercano a los 822 millones de euros. Antes de este último paquete se había cedido la gestión de ferrocarriles, litoral, meteorológica homologación de títulos universitarios o permisos de trabajo para no comunitarios.
Los jeltzales tampoco dejan de poner el foco en arrancar más “herramientas” en gestión migratoria, mirando de reojo la ventana que se abre para recuperar la delegación de competencias en esta materia a Catalunya. En esta línea, reivindican que se facilite la cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Ertzaintza en materia de extranjería para los procedimientos de expulsión.
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