Pedro Sánchez rechazó acudir al Senado a finales de enero para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El presidente, que lleva sin pisar el hemiciclo de la Cámara Alta desde marzo de 2024, obvió la petición de comparecencia aprobada por el PP y dejó en manos de Óscar Puente el rendir cuentas sobre el estado del sistema ferroviario. Ahora, los populares amenazan al jefe del Ejecutivo con activar un nuevo conflicto institucional ante el Tribunal Constitucional -el duodécimo de la legislatura- si no acude a la Cámara Ata en el plazo de un mes.
«En España la Ley es igual para todos y nadie está por encima del Parlamento ni de la Constitución», ha avisado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una nota informativa enviada por el PP. Así, recuerda que el control parlamentario «no es una cortesía, es una obligación democrática». En pocas semanas se cumplirán dos años desde que Sánchez no asiste a las sesiones de control del Senado ni comparece en el hemiciclo. En este tiempo solo ha acudido en una ocasión a la Cámara Alta, para dar explicaciones en la comisión de investigación del caso Koldo porque no tenía ninguna alternativa.
En un intento de solventar esta situación, los populares realizaron varias reformas del Reglamento del Senado para obligar al presidente del Gobierno a rendir cuentas en la Cámara. No obstante, Sánchez ha seguido sin acudir. Así, el conflicto de atribuciones registrado por el PP denuncia que al no comparecer cuando se le solicitó se «ha impedido que el Senado pueda ejercer unas de las atribuciones constitucionales que tiene encomendadas: la función de control al Gobierno«.
«Estamos ante un presidente en rebeldía parlamentaria y constitucional. En rebeldía frente al Senado, en rebeldía frente a la obligación de rendir cuentas», denuncia García. Así, los populares pondrán en marcha este nuevo choque institucional, el que dicen que será el primero que afectará directamente a Sánchez, y darán un mes de plazo al presidente del Gobierno antes de tomar la decisión de elevar el conflicto al Tribunal Constitucional.
El debate jurídico
Los populares sostienen en el escrito que han registrado que el artículo 66.2 de la Constitución establece que las Cortes Generales «controlan la acción del Gobierno» y denuncian que un parlamento que no puede llevar a cabo esta función es «un parlamento anulado». En la misma línea, citan el artículo 110.1 de la carta magna que recoge que «las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno«.
A esto, añaden que el reglamento del Senado, en su artículo 182, sostiene que el presidente del Gobierno comparecerá ante el pleno del Senado «a petición propia o por acuerdo en la Junta de Portavoces«. «La celebración o no de esta comparecencia del Presidente ante el Pleno no pueda quedar a su libre elección, porque entonces el órgano controlado estaría decidiendo cuándo el órgano controlador le controla», recalcan en el escrito.
Sin embargo, nada más se produjo la petición de comparecencia, los socialistas se escudaron en que la Carta Magna, en su artículo 108, apunta que «el Gobierno responde solidariamente en su gestión política«. Así, argumentan que no es el Senado quien elige quién debe dar explicaciones, sino que es el Gobierno quien decide a quien manda a dar respuesta a las cuestiones planteadas por la Cámara. El PP responde que el principio de solidaridad «nada tiene que ver con esto», sino que hace referencia a que ante una moción de censura o una cuestión de confianza caería todo el Gobierno y no solo el presidente.
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