La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este martes al juez del ‘caso Montoro’ que solicite una serie de documentación de Equipo Económico, el despacho epicentro de la presunta trama de favores fiscales a empresas, sobre todo gasísticas, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, a fin de avanzar en la causa judicial.
En un escrito, el Ministerio Público ha instado al titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, Rubén Rus, a requerir a la Policía Judicial «hojas registrales completas, memorias» y las cuentas anuales entre 2008 y 2025 del citado despacho y de otras sociedades, entre ellas Montoro y Asociados.
Además, la fiscal quiere que se pidan los registros mercantiles y las hojas registrales completas de hasta 13 empresas distintas. También, que se recopilen las escrituras de constitución y titularidad real de una serie de sociedades, así como las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales y el nombramiento del órgano de administración de cada una.
Igualmente, la Fiscalía requiere las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de una serie de investigados, entre los que se incluyen el propio exministro Montoro. De igual forma, pide las hojas registrales de las ocho empresas gasísticas investigadas en la causa.
Pendiente de las declaraciones de los cargos investigados
Bajo la misma dirección, la fiscal se ha mostrado favorable a que el juez prorrogue la investigación seis meses más, ante «la necesidad de la práctica de diligencias que requiere llevar a buen fin la investigación», como la declaración de los investigados. «La propia investigación demanda nuevas diligencias, entre estas las que se deriven de la propia personación de aquellos investigados, declaración de testigos, diligencias recomendadas por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria», ha indicado.
En este sentido, la representante de Anticorrupción ha explicado que la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Especial analiza las cuentas bancarias de los investigados. Todo ello, recalca, hace necesario que la investigación continúe al menos medio año más.
En esta causa, que permaneció bajo secreto durante siete años, el instructor investiga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El magistrado, bajo este telón de fondo, considera que es una investigación «sumamente compleja» que permaneció bajo secreto durante siete años, y sobre la cual ha «puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico», consultora cofundada por el propio Montoro, «que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes».
De la misma manera, sobre la figura del extitular de Hacienda en el Gobierno central entre 2011 a 2018, el juez sostiene que actuó desde su cargo con un “presunto abuso del ejercicio de la función pública” para favorecer a clientes de Equipo Económico, despacho del que fue socio fundador y socio hasta abril de 2008. Así lo ha venido desprendiendo en varios de sus autos, en los que el magistrado subraya que, presuntamente, Montoro “hizo uso de las potestades legislativas de su cargo para asegurar beneficios al despacho Equipo Económico, mediante la aprobación de normativas favorables a sus clientes”, en una trama de influencias elaborada desde el Ejecutivo, entonces presidido por el popular Mariano Rajoy.
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