Un total de 150 juristas, entre los que figuran catedráticos, pero también magistrados jubilados, varios de ellos cuyo último destino fue el propio Tribunal Supremo, han firmado un manifiesto contra la sentencia que supuso la condena del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Argumentan que el fallo «ha dado un golpe muy serio a la confianza en el Alto Tribunal», porque «no descansa en pruebas directas, sino únicamente en indicios, es decir, en conjeturas basadas en hechos indirectos».
El manifiesto, suscrito entre otros por los magistrados eméritos de la Sala Segunda del Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, Joaquín Giménez y Alberto Jorge Barreiro, explica que «el propio tribunal admite que no está acreditado que el fiscal filtrara el correo electrónico remitido a la Cadena SER, limitándose a sostener que pudo haberlo hecho el acusado ‘o alguien de su entorno con su conocimiento’, una afirmación totalmente inaceptable para fundamentar una condena penal».
Además, señala que «la construcción de la prueba indiciaria elaborada por el Tribunal Supremo es deficiente, al no aceptar la clara alternativa existente favorable al fiscal general», extremo del que discrepan, al considerar que «en un proceso penal no bastan las sospechas, ni las imaginaciones: es preciso acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, exigencia que, en este caso, no se cumple».
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