El PP ha escogido Barcelona y la vivienda para marcar perfil al Gobierno frente a la propuesta de financiación autonómica presentada el viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Consciente del desgaste político que genera el debate territorial, pues se trata de una reforma del modelo que nace de un pacto de los socialistas con ERC, Alberto Núñez Feijóo ha lanzado este lunes su plan integral de vivienda con el que busca vincular su futura propuesta de financiación al principal problema del país.
Desde esta óptica, los populares defienden que su propuesta -que prevén dar a conocer este 2026- ligará el reparto de recursos a resultados concretos en materia de vivienda y premiará a las comunidades autónomas que impulsen la construcción, tanto pública como privada. «Vivir en una vivienda es un asunto de Estado y no va de izquierdas o de derechas, ni de un lado del muro o del otro», ha defendido Feijóo.
Estas son las cinco claves del plan con el que el PP se compromete a iniciar la construcción de un millón de hogares en la próxima legislatura, si llega al Gobierno.
Una de las principales reclamaciones del sector es reducir el entramado legal que hay que superar para lograr los permisos necesarios para construir, una dificultad que alarga los plazos de ejecución. En el PP están convencidos de que la política «intervencionista» de Sánchez es un «error» que debe «corregirse» poniendo más oferta en el mercado, no regulándolo.
Por ello, Feijóo propone acelerar las licencias en todas las instancias administrativas, empezando por los ayuntamientos. Su propuesta es imponer el «silencio positivo» en los consistorios para que las licencias de construcción se aprueben automáticamente si en 90 días no se ha recibido respuesta. Paralelamente, plantea rebajar los trámites autonómicos en materia de vivienda mediante una reducción de requisitos legales para pasar de nueve meses a tres en la tramitación, además de acortar los plazos de los «informes sectoriales» (los que dependen de más de un ministerio). Todo ello, incorporando inteligencia artificial en la administración.
Esta aceleración de trámites busca recortar el tiempo de construcción, uno de los objetivos centrales del PP. Mediante el impulso de un «plan residencial estratégico» y una reforma de la ley del suelo -presentada hace meses-, los populares aspiran a movilizar terrenos e incentivar la colaboración público-privada para aumentar la oferta y contener el precio de la vivienda. El objetivo declarado es reducir los diez años de media actuales para construir a cuatro años.
El PP rescata para este plan una propuesta que Feijóo ha repetido durante la legislatura: una exención fiscal para jóvenes menores de 35 años durante los primeros cuatro años de trabajo, de forma que ese ahorro se destine a la compra de una vivienda. La bonificación empezaría a contar en el primer ejercicio en el que se deriva pago de IRPF y seguiría esta escala: el primer año, el 100% (no se pagaría ni un euro de impuestos); el segundo, el 75%; el tercero, el 50%, y, el último, el 25%. Además, plantea crear una «hucha hogar joven» para que los menores de 35 años que ahorren para una vivienda no tributen en la renta por esas cantidades.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general del PPE, Dolos Montserrat. / JORDI OTIX
Los populares apuestan también por nuevas formas de construcción que permitan acelerar la ampliación del parque residencial. Por eso, proponen un plan de Formación Profesional específico para contar con mano de obra cualificada, además de invertir en proyectos de innovación orientados a desarrollar nuevas técnicas industriales de construcción, sin aportar de momento más detalles sobre su despliegue.
Uno de los puntos que más ha subrayado Feijóo en su presentación es la necesidad de «flexibilizar» las operaciones de «regeneración urbana». Con ello se refiere a desconcentrar la demanda de vivienda en los grandes núcleos y favorecer a los municipios del interior que sufren despoblación, una dinámica que -según el PP- el Gobierno estaría acelerando, entre otros factores, con su intención de cerrar centrales nucleares.
«Hay que disminuir la presión sobre los núcleos urbanos concentrados y desarrollar, fuera de ellos, actividad económica«, ha afirmado el líder popular, que reclama una planificación específica para esos territorios con más rutas de transporte y oportunidades que permitan a los ciudadanos que viven allí mantenerse en su municipio sin verse obligados a desplazarse.
Feijóo también vincula incentivos institucionales al avance real en vivienda, con la mirada puesta en los ayuntamientos. «Mientras se prolongue la situación de crisis de la vivienda en España, habrá más financiación y mayor capacidad de gasto para los ayuntamientos que trabajen realmente en el problema de vivienda», ha afirmado.
La principal medida en esa línea es habilitar el uso de remanentes de los consistorios para favorecer la oferta, que según el líder popular asciende a 22.000 millones de euros en el conjunto del Estado. «Si los alcaldes quieren gastarlos, que habiliten más suelo y más vivienda», ha dicho, en alusión a un superávit que, hasta ahora, los ayuntamientos tenían muy limitado para destinarlo a nuevos fines. El Gobierno anunció hace un mes que los remanentes de 2024 podrían destinarse a políticas financieramente sostenibles hasta 2027, pero Feijóo quiere convertirlo en una medida permanente y con foco prioritario en vivienda.
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