El Gobierno promete aumentar la financiación a las comunidades autónomas después de pactar con Cataluña un incremento de sus recursos de 4.700 millones de euros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el líder de ERC, Oriol Junqueras, con quién cerró el acuerdo que garantiza a la Generalitat un incremento del 12% de su capacidad presupuestaria.
Y tras el pacto con los catalanes el siguiente paso del Ministerio de Hacienda es presentar este viernes un nuevo sistema de financiación autonómica que definirá el reparto de fondos entre el resto de comunidades. Moncloa promete que todos los territorios percibirán más recursos que con el actual sistema que lleva más de una década caducado. La cuestión es cómo se repartirán esos fondos y si existe una fórmula mágica para que todo el mundo quede satisfecho.
La falta de actualización del sistema de financiación autonómica ha supuesto para Galicia un déficit de casi 14.000 millones de euros en doce años, según un informe del Consello de Contas. Sin embargo, las exigencias de Cataluña podrían perjudicar a la comunidad gallega en el nuevo reparto.
El Gobierno ha pactado con ERC garantizar el principio de ordinalidad, un mecanismo que establece que las comunidades se ordenen en el ranking de aportadoras y receptoras, según los recursos que entregan y reciben del Estado. Esto se hace así porque los catalanes se quejan de que aportan mucho más de lo que obtienen del sistema de financiación autonómica. Según los últimos datos de Fedea correspondientes a la liquidación del año 2023, Cataluña es la segunda comunidad que más ingresa, pero recibe del Estado 2.266 millones menos de lo que recauda.
Sin embargo, este principio de ordinalidad choca con los intereses de Galicia. Según este informe de Fedea presentado el pasado mes de agosto, la comunidad gallega percibe del Estado un saldo positivo de 2.817 millones de euros, pues ingresa 7.327 millones y percibe 10.144 millones del modelo de financiación. Esto implica que es la tercera autonomía más beneficiada por el actual sistema, pero si se atiende al ranking por ingresos sería la quinta.
Cuota de solidaridad
En todo caso, a esta regla de ordinalidad se sumará una cuota de solidaridad que Cataluña deberá abonar. Con el nuevo diseño del sistema de financiación autonómica la Generalitat recabará los ingresos, entregará al Estado un porcentaje de estos para pagar los gastos de los servicios que presta a la comunidad, y el resto lo administrará según sus competencias. Una vez ejecutado este reparto, la Generalitat hará una nueva aportación al Estado —la cuota de solidaridad— y el Gobierno realizará otra inyección de recursos para cubrir las competencias singulares, no homogéneas, que tiene la autonomía catalana. Cabe aún conocer la cuantía de esa cuota y cómo reequilibra a las comunidades en el modelo de financiación.
Frente a las suspicacias que el acuerdo con Cataluña está suscitando ya en el resto de autonomías, desde Moncloa apuntan que «la propuesta del Ministerio de Hacienda reforzará el Estado de Bienestar y permitirá destinar más recursos a sanidad, educación y servicios sociales». Al mismo tiempo insisten en que no solo saldrá beneficiada Cataluña, sino «todas las comunidades autónomas».
Fuentes de Moncloa señalan que la propuesta «soluciona las carencias del sistema actual» y cumple con lo prometido por Pedro Sánchez en la última Conferencia de Presidentes: «Garantizar más recursos para todas las comunidades». «Todos los territorios recibirán más transferencias para reforzar el Estado de bienestar», insisten. La mejora de la financiación de las comunidades autónomas se arroja frente al PP desde la premisa de que «es incompatible creer en el Estado del Bienestar y en el Estado de las Autonomías y no apoyar la necesaria reforma del modelo».
Propuesta de 2021
El actual sistema de financiación autonómica data del año 2009. En diciembre de 2021 el Ministerio de Hacienda había presentado ya una propuesta que, por falta de acuerdo, terminó guardada en el cajón, en la que daba más peso al gasto sanitario, el envejecimiento y la educación en el reparto de recursos.
Desde la Xunta reclaman precisamente que se tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento en el coste real de la prestación de servicios. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, calcula que necesitan al menos 500 millones más al año. Sin embargo, esta primera propuesta presentada por Hacienda en diciembre de 2021 no convenció al Gobierno gallego, que ve insuficiente la ponderación de estos dos criterios. Y las negociaciones bilaterales con Cataluña, así como la condonación de la deuda, terminaron por enfadar aún más a la Xunta, que desconfía de que el reparto de fondos articulado por el Gobierno sea justo.
Hacienda desvelará hoy su nueva propuesta y posteriormente la trasladará al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la discutirá con todas las comunidades. El acuerdo parece complicado. Uno de los grandes escollos de todo el proceso es que el nuevo sistema tendrá que pasar por el Congreso, donde no tiene los apoyos asegurados. Dando por descontado los votos en contra del PP y Vox, hay partidos de la mayoría de la investidura como Junts que también han mostrado su rechazo. Y sin el aval de los posconvergentes, no habrá nueva financiación.
Desde Hacienda, recuerdan igualmente que el modelo de financiación se votará en el Congreso de los Diputados y ponen el foco en el PP, a quien acusan de no tener un modelo alternativo de financiación y de la incapacidad de Alberto Núñez Feijóo para «poner de acuerdo a sus comunidades».
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