El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha reclamado al Ayuntamiento de Orihuela una deuda de más de medio millón de euros. En concreto, el departamento de Tesorería ha remitido un escrito al alcalde del municipio, Pepe Vegara, en el que le solicita que pague 519.849 euros que tiene pendiente de abonar, una cantidad que responde a la aportación ordinaria bimestral desde mayo a diciembre de este ejercicio.
El tesorero incide en que, según los estatutos, el pago de las aportaciones de las diferentes entidades consorciadas -en este caso el Consistorio- es obligatorio, al mismo tiempo que recalca que no pagar estas cuotas en el periodo correspondiente supone un grave perjuicio económico a la tesorería del Consorcio, dificultando la adecuada prestación del servicio público encomendado.
Por ello, insiste en que su abono redundará positivamente en la prestación de un servicio, como es el de prevención y extinción de incendios y salvamentos, que se considera básico para la ciudadanía.
Tras este reclamo fechado el pasado día 5, fuentes municipales consultadas por este periódico aseguran que el pago se realizará la semana que viene.
Retenes en fiestas
En algunas ocasiones, el impago de cuotas se traduce en que no haya retén de bomberos en las fiestas. Fue el caso de Rojales el año pasado. El Consorcio remitió un escrito al Ayuntamiento en el que le informaba de que le denegaba la petición de retenes en los actos de las fiestas patronales de junio, así como en los actos festivos de las urbanizaciones y Heredades en agosto y en la Virgen del Rosario en octubre por la deuda contraída en concepto de aportaciones estatutarias.
El documento explicaba que estos servicios no serían atendidos en virtud del acuerdo adoptado por la asamblea general celebrada el 19 de septiembre de 2012, que textualmente dice que «no se atenderán los servicios de retenes de prevención de fiestas, actividades pirotécnicas, eventos culturales, deportivos y cualesquiera otros organizados por los ayuntamientos que no estén al corriente, tanto de sus aportaciones del año en curso, como de las deudas de años anteriores, aunque estén satisfaciendo las mismas a través de planes de amortización aprobados». Con todo, finalmente el municipio solventó el problema pagando su deuda in extremis.
Ayudas
Otros ayuntamientos de la comarca, como el de Callosa de Segura, reservan parte de las ayudas que reciben de la Diputación a cubrir las aportaciones estatutarias al Consorcio. Por ejemplo, en junio el Consistorio avanzó que ese sería el destino de una subvención de 9.631 euros que obtuvo en el marco de la convocatoria de ayudas para municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
Nuevo parque
Mientras, el Ayuntamiento oriolano está pendiente de comprar un terreno para cedérselo al Consorcio con el fin de construir un nuevo parque de bomberos. Con el año ya casi concluido, la operación aún no se ha llevado a cabo, pese a que Vegara avanzó en septiembre que antes de final de año el Consistorio adquiriría por más de 300.000 euros un solar en la CV-930 para su construcción, una infraestructura «esencial para reforzar la seguridad en todo el término municipal y mejorar la capacidad de respuesta en caso de emergencia», subrayó el regidor.
El proyecto para que Orihuela tenga una nueva infraestructura resucitó tras casi una década varado, cuando el Consorcio anunció hace un año que destinaría 3 millones de euros para estas instalaciones, quedando a la espera de la cesión gratuita de los terrenos por parte del Ayuntamiento.
Fue entonces cuando el Consistorio aseguró que en 2025 iba a comprar una parcela de 20.000 metros cuadrados situada en la CV-930, cerca de la rotonda de acceso a la AP-7. El concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, junto con el alcalde y el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, mantuvo una reunión con el Ayuntamiento de Redován para compartir el proyecto, ya que parte del terreno que se pretende comprar para la posterior cesión está también en este término municipal.
Sin embargo, no mostró interés, por lo que el Consistorio oriolano decidió continuar solo, y el Consorcio confirmó que la parcela, sin la parte de Redován, es viable y se ajusta a las necesidades.
El objetivo es construir un edificio y un hangar con espacio para realizar maniobras para acabar con las deficiencias y carencias de unas instalaciones, con más de 40 años en el barrio de San Antón, obsoletas y limitadas tanto en equipamientos como en accesibilidad, ya que están enclavadas en el entorno del Palmeral con accesos cercanos a colegios, que implican autobuses, vehículos y familias, lo que a veces dificulta actuar con más rapidez en los avisos de emergencia.
Se trata del mismo terreno que apalabró el anterior equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos. Poco antes de las elecciones, en mayo de 2023, José Aix, entonces vicealcalde y concejal de Patrimonio, informó de que había alcanzado un acuerdo con los propietarios de dos parcelas, una de 25.507 metros cuadrados y otra colindante con una superficie de 11.176, en el entorno de la CV-930, para ubicar allí el futuro parque de bomberos. Un total de 36.683 metros cuadrados, con un coste de 550.245 euros, a 15 euros el metro cuadrado. Si se mantiene el precio estipulado, la operación saldría ahora por 300.000 euros, al reducirse el tamaño del terreno que se va a adquirir en más de 16.000 metros cuadrados. Con todo, no ha trascendido cuánto el va a costar a las arcas municipales.
La operación se formalizaría, dijo el edil de la formación naranja, cuando el Ayuntamiento contara con la disposición presupuestaria pertinente, ya que los presupuestos estaban prorrogados desde 2018. Después se produjo el cambio de gobierno, que ha aprobado ya dos nuevos presupuestos, pero la compra sigue sin materializarse.
En busca de los terrenos
Fue en octubre de 2017 cuando la Diputación encargó al Consistorio que empezara a buscar unos terrenos adecuados para trasladar el parque a otro punto del término municipal en aras de mejorar la accesibilidad y las prestaciones. La idea de la Administración provincial era que el proyecto estuviera redactado y licitado antes de que acabara 2018.
El gobierno del exalcalde popular Emilio Bascuñana llegó a ceder dos parcelas de 48.000 metros cuadrados en los alrededores de la urbanización de Montepinar, en el cruce de la carretera de La Matanza con la de La Murada.
En 2021, la Diputación incluso publicó el anuncio de que aceptaba la cesión gratuita. El acuerdo estaba avalado por un informe técnico que señalaba la «idoneidad urbanística» de los terrenos, sin mencionar que el Patricova (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana) los consideraba como inundables en grado 1, el de mayor riesgo por encontrarse a escasos metros de la rambla de Abanilla. A apenas 800 de donde cientos de vehículos de un concesionario terminaron flotando y arrastrados por la dana de septiembre de 2019.
La actual sede de bomberos ya sufrió el problema de no poder sacar los camiones en la dana que asoló la comarca hace seis años debido a que las inmediaciones se encontraban anegadas por las aguas y por las piedras de los arrastres de la sierra.
El terreno que el Ayuntamiento va a comprar se encuentra en una zona cuyo único dique de separación con la rambla de Abanilla es la propia CV-930.
Con todo, ya es un clásico cuando se cuestiona una infraestructura en suelo inundable recurrir a aquello de que la cartografía del Patricova prácticamente contempla todo el interior del término municipal oriolano en torno a la ciudad como inundable.
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