Para el PSOE de Orihuela el bipartito de PP y Vox intenta «tapar su negligencia y falta de gestión con acciones que llegan tarde», una «grave dejación de funciones del Ayuntamiento ante una situación de extrema peligrosidad e insalubridad que afecta a vecinos de nuestro casco histórico y que, lamentablemente, solo ha provocado reacción municipal tras producirse un siniestro con daños personales».
La edil socialista Milagros Lacárcel se ha referido así a la decisión de llevar a Fiscalía los presuntos delitos que estarían cometiendo The Marcos Brothers con el alquiler de habitaciones a personas en situación de vulnerabilidad y un posible fraude en el empadronamiento, exigiendo a los inquilinos hasta 500 euros por realizar una gestión que es gratuita.
Un asunto, ha recalcado, del que el PSOE viene realizando un seguimiento continuo desde marzo, cuando ya denunció públicamente las reformas realizadas sin licencia y las posibles infracciones urbanísticas en inmuebles, alertando del peligro que se estaba generando.
En este sentido, ha explicado que el pasado día 8 ella misma registró una pregunta dirigida a la Alcaldía, a la Concejalía de Urbanismo y al jefe de la Policía Local, tras tener conocimiento de que la Policía Autonómica había realizado una inspección, que «alertaba de múltiples deficiencias», en el inmueble situado en la calle Pintor Agrasot número 63, donde la mercantil Marcos Real Estate desarrolla una actividad de alquiler de habitaciones.
La Policía inspecciona la vivienda de la mercantil en la calle Pintor Agrasot / Información
Tras conocer el informe policial, y ante la gravedad de los hechos, solicitó nuevamente -como ya hizo en julio- la convocatoria urgente de una Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Orihuela que permitiera «un seguimiento ordenado, continuo y transparente de situaciones que afectan directamente a la seguridad urbana, la habitabilidad y la convivencia en nuestro municipio».
Tres meses después
El informe policial está fechado el 29 de septiembre, pero el Consistorio no actúa hasta tres meses después, ha criticado la concejala, remitiendo el propio alcalde, Pepe Vegara, un escrito a la Fiscalía para que investigue los hechos, «únicamente después de que el 12 de diciembre se produjera el derrumbe del techo de una de las viviendas, con resultado de daños personales», con un herido de 50 años.
En este punto hay que aclarar que el escrito a Fiscalía, al que este periódico tuvo acceso, se envió antes de que tuviera lugar el siniestro, ese mismo día por la tarde, según el atestado policial, al que INFORMACIÓN también ha accedido.
Más control
Tampoco basta con dirigir el caso a la Fiscalía, ha añadido Lacárcel: «El Ayuntamiento debe actuar de forma inmediata y contundente». En este sentido, ha hecho hincapié en que la Concejalía de Urbanismo debe realizar inspecciones municipales y evitar obras sin licencia que pongan en riesgo la vida de las personas, mientras que el área de Estadística debe controlar el número de personas empadronadas en una misma vivienda, y la Policía Local, con toda esta información, debe intervenir cuando se desarrolla una actividad ilegal y peligrosa.
«No se puede permitir que empresas o particulares cobren alquileres de 350 euros por habitaciones en condiciones totalmente inhabitables, insalubres y peligrosas», ha indicado la edil, al mismo tiempo que ha afirmado que «esto es una estafa y un atentado contra los derechos de los inquilinos».
A su juicio, «esta situación es una muestra más de la pasividad e inactividad del equipo de gobierno, que ni protege a los ciudadanos, ni cuida el casco histórico, ni afronta el grave problema de la vivienda en Orihuela». Mientras tanto, ha añadido, «se permiten actividades totalmente ilegales que ponen en peligro la vida de las personas, y cuando desde la oposición advertimos y denunciamos, se nos tacha de alarmistas, afirmando que ya se está actuando, algo que, a la vista de los hechos, es rotundamente falso».
Acción coordinada
Por su parte, el equipo de gobierno siempre ha sostenido que ha hecho un seguimiento exhaustivo. Primero, abriendo ocho expedientes de disciplina urbanística, y después coordinando acciones de control entre las concejalías de Urbanismo, Bienestar Social y Estadística.
El escrito enviado a la Fiscalía también recoge un informe de la Policía Local, con fecha de noviembre, en el que se constata que en el inmueble de la calle Pintor Agrasot malviven 30 personas de origen extranjero en pésimas condiciones.
Advertencias
Para Cambiemos, el Ayuntamiento también ha reaccionado tarde. «Desgraciadamente, ha pasado lo inevitable», ha apuntado el concejal Enrique Montero tras conocerse el desplome de un falso techo en uno de los inmuebles, de los que ya advirtieron que contaban con más de 100 años de antigüedad, albergando a muchas personas sin que se realizará una intervención estructural en las viviendas.
Cambiemos presentó en abril ante la Concejalía de Urbanismo una denuncia formal por múltiples infracciones urbanísticas y de habitabilidad que afectarían al menos a 18 inmuebles del casco histórico.
Según el grupo municipal, estas viviendas habrían sido, presuntamente, reformadas sin licencia, con el objetivo de multiplicar el número de habitaciones disponibles para destinarlas a alquiler de habitaciones, llegando a alojar a hasta 30 personas en superficies de poco más de 100 metros cuadrados.
Además, la formación alertó de que varios de estos inmuebles podrían encontrarse en situación de ruina, sin haber pasado las inspecciones técnicas obligatorias, lo que supone «un grave riesgo para la integridad de sus residentes, las fincas colindantes y el conjunto del entorno urbano«.
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