«La gestión de la recaudación de la piscina municipal se ha realizado al margen de la legalidad, sin integrar los fondos en Tesorería ni comunicarlos a Intervención». Así de contundente se ha mostrado el secretario-interventor del Ayuntamiento de l’Alqueria d’Asnar en un informe elaborado tras la polémica por el dinero que manejaba el alcalde, el tránsfuga César Palmer.
Un primer edil que se ha quedado solo en el equipo de gobierno al marcharse los dos ediles del PP y su otra compañera, que al igual que él se presentó por Compromís y hace un año ambos dejaron el partido mientras se tramitaba un expediente por pactar con los populares en esta pequeña localidad de El Comtat.
Palmer ingresó la recaudación de la piscina de agosto de 2024 más de un año después de recibir el dinero, tras denunciar irregularidades el PSOE y preguntar por estos fondos en el pleno de septiembre. Y después el primer edil denunció el robo por parte de dos encapuchados en su propio despacho, donde fue supuestamente agredido, de otros 6.000 euros correspondientes a la recaudación de los últimos meses.
El funcionario advierte de que «la custodia de fondos públicos en un despacho político, sin estar habilitado como caja, y sin someterse a los sistemas de Tesorería y control interno, configura una custodia irregular que queda fuera del marco jurídico».
Estos hechos han motivado que sea ahora mismo el único concejal en el ejecutivo, con seis regidores en la oposición -tres del PSOE, dos del PP y la otra edil tránsfuga- y una moción de censura que puede presentarse en cualquier momento.
Y ante el revuelo que ha generado y el anuncio del PSOE de que prepara una denuncia ante la Fiscalía por la gestión de este dinero, el secretario-interventor, que ocupa ambos cargos en régimen de acumulación, ha redactado un informe que pone negro sobre blanco las supuestas graves irregularidades en el Ayuntamiento, y declinando el funcionario cualquier responsabilidad. Por su parte este medio ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con el primer edil.
L’Alqueria d’Asnar, en una imagen de archivo / Juani Ruz
Precisamente Palmer, que en las últimas ocasiones se ha negado a realizar declaraciones a este medio, dio una entrevista el martes en Radio Alcoy-Cadena Ser en la que responsabiliza al secretario-interventor por no reflejar debidamente el apunte contable de la recaudación. Y ese mismo martes está fechado el contundente informe del funcionario público.
El secretario justifica el documento, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, «en el marco de sus competencias y funciones de fiscalización, contabilidad pública y control financiero, ante la existencia de hechos de singular gravedad relacionados con la gestión y destino de la recaudación en efectivo de la piscina municipal», destacando que «este informe no prejuzga responsabilidades, sino que cumple la función legal de advertencia prevista en el control interno«, conforme a la Ley.
Antecedentes
Así, señala en el apartado de antecedentes y hechos constatados que «la recaudación diaria del servicio de piscina era realizada por el conserje, quien entregaba periódicamente el efectivo al alcalde atendiendo a sus instrucciones como superior jerárquico, sin formular liquidación, sin justificar los importes y sin ponerlos a disposición de Tesorería ni de Intervención«.
Ante esto señala que «para un secretario-interventor en régimen de acumulación, cuya presencia física en las dependencias municipales está limitada por definición, la ausencia de comunicación formal supone una imposibilidad absoluta de ejercer presencialmente funciones de control, arqueo, supervisión o contabilización del efectivo».
El informe también señala la existencia de tres pagos por un total de 450 euros «fuera de la legalidad»
Y apunta que «se ha constatado que el alcalde mantuvo en su poder durante más de un año la cantidad de 1.625 euros, procedente de la recaudación municipal, sin ingreso en la caja ni en la cuenta bancaria, hasta el momento en que reconoció haberlo hecho, y sin comunicación alguna a este órgano. La disponibilidad y custodia de fondos públicos al margen de la Tesorería constituye una infracción directa del régimen legal de la caja única«.
Además detalla la realización de tres pagos «sin expediente, sin factura y sin procedimiento» con fondos de la recaudación retenida, en concreto 200 euros por «clases de monitor», acreditado únicamente mediante mensajes de WhatsApp; 200 euros adicionales por idéntico concepto, sin documentación válida; 50 euros en concepto de “publicidad”, reflejado en un archivo Excel elaborado unilateralmente. Unas operaciones que alerta «se sitúan de plano fuera de la legalidad«.
Los 6.300 euros en el despacho del alcalde
En cuanto a la «custodia de 6.300 euros en el despacho del alcalde y su posterior sustracción», refleja que «el alcalde, al parecer y según sus propias manifestaciones, denunció ante la Guardia Civil la sustracción de 6.300 euros, indicando expresamente que el dinero se hallaba en ‘dependencias municipales’, concretamente en su despacho».
Y señala que «en estos momentos se desconoce el estado de tramitación de la denuncia y/o su resolución, ya que dicho documento no figura expedientado y a disposición de esta Intervención, permaneciendo en consecuencia a la espera de conocer los antecedentes y resolución a los efectos de proceder a la práctica de las operaciones contables que, en su caso, procedan».
«Este órgano nunca fue informado de la existencia de dicho efectivo ni de su custodia extraordinaria. Tampoco se efectuó comunicación oficial del robo en momento alguno», destacando que «la custodia de fondos públicos en un despacho político, sin estar habilitado como caja, y sin someterse a los sistemas de Tesorería y control interno, configura una custodia irregular que queda fuera del marco jurídico».
El interventor asegura que «ninguna norma permite la existencia de cajas paralelas, ‘fondos en despacho’ ni custodias políticas de efectivo. La retención de 1.625 euros durante más de un año y la custodia de 6.300 euros en un despacho son radicalmente incompatibles con dicho régimen jurídico»
Y ya en el apartado de fundamentación jurídica explica que «ninguna norma permite la existencia de cajas paralelas, ‘fondos en despacho’ ni custodias políticas de efectivo. La retención de 1.625 euros durante más de un año y la custodia de 6.300 euros en un despacho son radicalmente incompatibles con dicho régimen jurídico, además de haber sido realizadas por un órgano que, pese a ser el superior jerárquico en el Ayuntamiento, resulta manifiestamente incompetente para la realización de esas funciones».
Sorbe la función supervisora de la Intervención municipal, el secretario señala que «la falta total de comunicación, especialmente estando este órgano en régimen de acumulación, comporta una imposibilidad jurídica y material de ejercer fiscalización, arqueo o control de los fondos. No puede exigirse control sobre operaciones no notificadas, no documentadas y desarrolladas al margen del circuito económico-contable«, algo que ocurría «no por omisión del control interno, sino por ocultación estructural de los hechos a este órgano».
L’Alqueria d’Asnar, en una imagen de archivo / JUANI RUZ
Y en cuanto a posibles responsabilidades apunta que «la custodia irregular de fondos públicos, la retención de caudales, la realización de pagos sin documentación y la sustracción derivada de custodia no autorizada son actos imputables exclusivamente a quien asumió, por propia decisión, la administración material del efectivo fuera del sistema legal de Tesorería».
Conclusiones
Así, el secretario-interventor constata que «la gestión de la recaudación de la piscina municipal se ha realizado al margen de la legalidad, sin integrar los fondos en Tesorería ni comunicarlos a Intervención; la retención de efectivo y los pagos no documentados son prácticas incompatibles con el ordenamiento jurídico; la custodia y posterior sustracción de 6.300 euros deriva exclusivamente de una gestión irregular de fondos públicos realizada fuera del sistema económico municipal».
Y también añade que «el secretario-interventor, en régimen de acumulación, no tuvo conocimiento ni posibilidad de control sobre ninguno de los hechos descritos; no existe, por tanto, ningún tipo de responsabilidad atribuible a este órgano, recayendo íntegramente en quien asumió la posesión, gestión y destino de los fondos».
El informe termina señalan que «sin carácter exhaustivo, los hechos descritos podrían ser susceptibles de valoración» po responsabilidad contable por alcance, responsabilidad disciplinaria y política, responsabilidad patrimonial y responsabilidad penal por «apropiación indebida por distracción» y «malversación imprudente».
