La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realiza este miércoles un nuevo registro en las dependencias del Ayuntamiento de Fines (Almería), dentro del desarrollo de la segunda fase del denominado caso Mascarillas, en la que fue detenido ayer el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP).
Así lo han señalado a EFE fuentes próximas al caso, que han apuntado que este martes ya se llevó a cabo la entrada en oficinas del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), dentro de una serie de registros en diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.
El ex vicepresidente tercero de la Diputación de Almería Óscar Liria (PP), quien fue uno de los principales detenidos y eje de la primera fase del caso Mascarillas sobre presuntas mordidas en la adjudicación de material sanitario, ha vuelto a ser investigado judicialmente por su participación en los hechos.
Fuentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han confirmado a EFE que Liria es el octavo implicado en la causa, cuya identidad no había trascendido hasta el momento, y se suma así al presidente, Javier Aureliano García; el vicepresidente, Fernando Giménez; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez; el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas, todos ellos detenidos, y a dos empresarios investigados.
Durante uno de los diez registros, se detectó la relación de Liria con una de las empresas implicadas, por lo que el juez decidió investigarlo nuevamente.
Los registros se prolongaron a lo largo de más de diez horas y contaron con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.
El auto que ha autorizado estos registros y ha facultado a la UCO para practicar las detenciones que considere necesarias señala que «en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales».
La investigación judicial recoge indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros».
Parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y «algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines», según el mismo auto.
